Agencias
Oaxaca.- Mujeres indígenas que no tienen derecho a votar, familias desterradas por profesar una religión distinta a la católica, además de encarcelamiento y linchamientos por infringir la ley, son partes de los excesos que aplica la norma comunitaria de Oaxaca.
En Oaxaca hay 418 municipios regidos bajo el sistema de usos y costumbres, además de 6 mil comunidades indígenas,- que tienen reconocimiento político como agencias municipales, núcleos rurales o rancherías-, según lo establece el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo (Coneval).
Para la antropóloga Cristina Velásquez, los usos y costumbres de Oaxaca, son prototipo de desarrollo y evolución de una sociedad cambiante, “los municipios indígenas son dinámicos, sociedades en cambio constante y evolución permanente”.
La especialista criticó las voces que estigmatizan los excesos y normas comunitarias, porque no entienden el interés de un colectivo por mejorar sus formas de conducta, mediante reglamentos únicos a diferencias de la generalidad de municipios sujetos al derecho positivo y sistemas políticos, donde hay exclusiones e impunidad.
Presumió que en la norma comunitaria se crea ciudadanía y se consolida la participación cívica.
Acepta que la desarmonía a la norma consuetudinaria, ocurre en lo general por cacicazgos, problemas de migración, relaciones agrarias o conflictos políticos que implican cambios que revuelven la vida política de las comunidades.
“Si no hay armonía en temas de controversia surgen en los pueblos autonomías separadas”.
Sostiene que los conflictos políticos encéntrales que llegan a surgir en los municipios étnicos tienen principalmente un origen en la disputa de cargos públicos, porque hay grupos y sectores que buscan alternativa para consolidar su democracia sin modificar su sistema políticos de elección.
Agrega que en el viejo régimen, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se valió de mecanismos de control político para dejar crecer los conflictos e imponer administradores a modo y afines en municipios de usos y costumbres.
Al llegar la alternancia a Oaxaca los pueblos han madurado para mejorar sus gobiernos y respetar su plena independencia y autonomía.
Mientras tanto Adelfo Regino Montes Secretario de Asuntos Indígenas en el gobierno de Gabino Cué, argumento que los sistemas normativos internos de los pueblos se encuentran consagrados en la constitución local desde al año de 1998 y las reformas federales del 2011 y por la ratificación de los tratados internacionales como el caso es el caso del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la declaración de la ONU a favor de la libre autodeterminación de los pueblos indígenas.
El funcionario justificó la detención de ciudadanos, en la capacidad que tienen los pueblos en la ley para hacer justicia a través de sus propias instancias comunitarias, destacando que en algunos poblados se imponen criterios y normas para valer el orden, evitar actos delictivos y enfrentar fenómenos como el trafico de drogas, armas y personas, impidiendo el ingreso de forasteros o de vehículos, con la colocación de cadenas en los linderos o imponiendo toques de queda nocturnos y extremando los controles de vigilancia ciudadana. “se revisa a las personas sea ciudadanos comunes, políticos o religiosos.
Respecto a los destierro de ciudadanos, argumento que estos ocurren cuando hay desobediencia acatar la norma comunitaria. “El destierro va acompañado de la separación de bienes comunales. Refirió que si hay excesos o abusos, ocurren de manera atípica, no generalizada.
Mencionó que una virtud del régimen normativo es la obligatoriedad del ciudadano a ejercer cargos públicos honoríficos sin recibir ningún tipo de remuneración.
“En Oaxaca el sistema de cargos, tiene múltiples formas se obliga al ciudadano (hombre) fungir desde el cargo de músico integrante de la banda del pueblo, mayordomo, topil, presidente del comité de festejos, de agua, de salud, de abasto, hasta regidor, sindico y presidente municipal, lo que implica la aplicación del servicio civil de carrera”.
Regino Montes, considero posible armonizar las leyes el derecho consuetudinario como el positivo a fin de evitar conflictos. Un ejemplo es la propuesta que tiene el gobierno de valer la figura del tequio o trabajo comunitario como parte de un pago en especie por servicios otorgados por el estado.
Sin embargo a pesar de las bondades expresadas por las autoridades y especialistas, en 90 municipios indígenas según el presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) Alberto Alonso Criollo, no se permite a las mujeres su derecho de votar y de ejercer cargos públicos.
En 43 ayuntamientos más se autoriza al derecho a participar en las mujeres, salvo su condición marital. Además de que en 100 municipios indígenas se excluye del voto para elegir concejales a los radicados en las respectivas agencias municipales.
Sin embargo casi en la totalidad de las comunidades del régimen normativo, el sistema para elegir a sus representantes y autoridades se basa en la decisión plena de la asamblea comunitaria, donde el ciudadano levanta la mano, emite en un pizarrón su sufragio o se respeta de decisión del consejo de anciano o principales para nombrar al mejor hombre para administrar los recursos de un pueblo.
El consejero electoral anunció que se presento un paquete de iniciativas de ley al pleno del Congreso Local para regular la aplicación de los usos y costumbres en el nombramiento de autoridades municipales indígenas.
El organismo busca tener instrumentos normativos democráticos para desarrollar proceso de conciliación más intensos en los 418 pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca donde se hace valer el régimen de normas comunitarias, que no sean excluyente, que permitan la participación del mayor número de ciudadanos, incluso se garantice el voto libre de las mujeres.
Alonso Criollo, puntualizó que con la propuesta se pretende darle facultades legales a las instituciones para intervenir en la solución de controversias jurisdiccionales, sin dañar la libre autodeterminación de los pueblos indígenas.
Mencionó que se trata de imponer nuevas de reglas para tener un nuevo trato con las comunidades a fin de que pueda haber una intervención positiva en los atención de conflictos interno causado por lagunas y mal entendimiento del régimen consuetudinario, aprovechando el momento histórico que vive Oaxaca con la alternancia democrática en el poder público.
“Estamos buscando que las comunidades por su propio derecho de autodeterminación, consagrado en la constitución local y federal y los tratados internacionales, por su propia cuenta y procedimiento erradiquen todo tipo de forma de exclusión no solo contra las mujeres, sino también en prejuicio de vecindad, de localidades”.
Indico que en el 2011 se reportaron al menos unas 49 conflictos en elecciones consuetudinarias, entre ellos la masacre de campesinos reportada en la comunidad de Santiago Choapam, que dejo al menos 26 víctimas, la mayoría generados por lagunas en la ley en la materia.
Sin embargo los priistas consideraron equivocado realizar una adecuación de la norma indígena en materia electoral porque ello implicaría legislar 418 formas y procedimiento dentro de la ley para designar y nombrar autoridades comunitarias.
El diputado priistas Elías Cortez, además cuestiono que se pretenda cortar el derecho de los partidos a poder participar en una elección comunitaria, cuando los partidos políticos son entidades de interés público en todo el territorio nacional
Propuso en contra parte un gran acuerdo institucional para respetar la ley indígena. “no queremos legislar al vapor ,hay que entrarle a fondo al tema para resolver la problemática que priva en la materia”.
Según la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca (DDHO), reveló de la recepción de 13 quejas por destierro de familias por conflictos de intolerancia religiosa en ayuntamiento regidos bajo el sistema de normas comunitarias.
El organismo remite que los abusos documentados versas en expulsiones de 36 familias, discriminaciones, amenazas, abusos de autoridad, imposiciones de multas, y hasta negativa de proporcionar servicios indispensables como: agua, luz, servicios de educación y arrestos por más de 24 horas.
