Profesionalizar consolida justicia efica y transparente”: Lagunas Rivera

Oaxaca, México.- “Refrendamos nuestro compromiso de impulsar las mejores políticas y prácticas para un Poder Judicial responsable, abierto y sensible a las exigencias sociales”, expresó  Alfredo Lagunas Rivera, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al poner en marcha los Estudios de Especialización Judicial 2012, dirigidos a los funcionarios de esta institución. En el evento, el magistrado presidente indicó que para edificar  una administración de justicia basada en la tutela de los derechos, es fundamental fomentar de manera integral en funcionarios y comunidad jurídica, la formación y cultura permanente, la cual se impulsa a través del Instituto de Capacitación y Especialización Judicial. Estas especialidades que se impartirán durante este ciclo, se enfocan a las materias civil-mercantil, familiar, penal sustantivo y sistema acusatorio adversarial, las cuales tienen como misión fortalecer los conocimientos vinculados con dichas materias, para que los funcionarios judiciales puedan desarrollar su experiencia y manifiesten así, una mejor actuación. Lagunas Rivera, señaló que la profesionalización de los integrantes del Poder Judicial, es una de las directrices trazadas para consolidar una justicia capaz, dispuesta y transparente.  Por lo que a través del Instituto de Capacitación han diseñado una agenda de programas de formación  e intercambio de experiencias, que permitan de manera permanente, participar de espacios para el análisis y discusión de temas relacionados con la función judicial. En el mismo acto inaugural se dio inicio al curso “Justicia para Adolescentes y Derechos del Niño”, impartido por la doctora Mónica González Contró, secretaria Académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el cual tiene como objetivo difundir los parámetros jurídicos internacionales y nacionales sobre la justicia  para adolescentes y derechos del niño. Este curso, el cual terminará hoy, contó la participación de   juzgadores en materia familiar y justicia para adolescentes, así como de ministerios públicos, defensores de oficio, funcionarios del DIF Estatal y del Consejo Estatal de los Derechos de los niños y niñas.