Emplaza Congreso a PGJE para implementar juicios orales

Oaxaca, México.- El presidente de la Comisión Permanente de Administración de Justicia de la LXI Legislatura, diputado Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, exhortó al Poder Judicial y a las procuradurías General de Justicia del Estado (PGJE) y para la Defensa del Indígena (Prodi), a que coordinen esfuerzos para que a más tardar en mayo de este año se implementen los juicios orales en la región de la Costa oaxaqueña. El Legislador del Partido Acción Nacional (PAN) consideró que con ello se avanzaría en la procuración de la justicia que demanda el pueblo de Oaxaca, y advirtió que de no establecerse este mecanismo podría fincarse responsabilidad a las tres instancias mencionadas, de acuerdo con lo establecido en la Constitución del Estado. Explicó que el Congreso del Estado sólo sería notificado de que ya son implementados los juicios orales en la Costa y, en caso contrario, quienes están encargados de hacerlo deberán pedir una tercera prórroga, lo cual sería difícil que se autorizara. Aclaró que al Poder Legislativo no le corresponde exigir la implementación de los juicios orales, pero si el Poder Judicial y las procuradurías General de Justicia y para la Defensa del Indígena no lo hacen y tampoco solicitan una prórroga, se les fincaría responsabilidad. El Presidente de la Comisión Permanente de Administración de Justicia de la LXI Legislatura insistió en que este asunto también corresponde al Centro de Protección de los Derechos Indígenas (Ceprodi), que tiene que definir quiénes deben ser los defensores de oficio. Hace cuatro años inició en Oaxaca esta nueva modalidad de impartición de justicia, y cada año, de manera gradual, deberá instalarse una fiscalía, por lo que en mayo próximo le corresponde a la región de la Costa, y así sucesivamente hasta cubrir todo el Estado. El diputado Martínez Ramírez exhortó a implementar esta modalidad de justicia administrativa, y dijo que no duda que los organismos involucrados tengan la capacidad para hacerlo.

Indicó que para ello debe haber personal capacitado, oficinas y, sobre todo, coordinación entre las instancias, porque en el proceso están involucradas tres partes: quien presenta la denuncia, el que judicializa y el defensor.