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SS recurre al “amor de pareja” y discriminar a las indígenas

Publicado por @Shinji_Harper el martes, 14 febrero 2012
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Oaxaca, México.- Las relaciones “amorosas” en las que las mujeres están en desigualdad frente a los hombres, devienen en pérdida de libertad para que ellas decidan sobre sus vidas, incluso cuando se trata del cuidado de su salud sexual y reproductiva.

La desigualdad en la pareja perjudica particularmente a las mujeres más desfavorecidas, como las indígenas y rurales, quienes todavía requieren la autorización de sus cónyuges para recibir atención ginecológica, o utilizar algún método anticonceptivo, señala Leticia Cuevas, activista especializada en derechos sexuales y reproductivos.

Cuevas, quien coordinó el estudio “Experiencia de fiscalización de acceso, abasto y uso de métodos anticonceptivos. Análisis desde la sociedad civil 2007-2010”, refiere que “el amor” como mandato cultural de dominio sobre las mujeres en las relaciones de pareja, se refleja también en las instituciones, ya que el personal de salud pide a las usuarias de los servicios que vayan acompañadas de sus cónyuges, para brindarles un método anticonceptivo.

En el contexto del Día del Amor y la Amistad, que se celebra cada 14 de febrero, la antropóloga feminista Marcela Lagarde recuerda en su libro “Para mis socias de la vida”, que “mujeres y hombres aman, y lo hacen de maneras diferentes, con la creencia en la universalidad del amor y en que el amor es para unas y otras la vía privilegiada a la felicidad.

“Sin embargo, el amor encierra recovecos de dominio que generan desigualdad, lazos de dependencia y propiedad, así como privilegios e inequidad que generan frustración, sufrimiento e incluso daño”, escribe la especialista.

Lagarde señala que en obediencia al mandato cultural, cuando las mujeres aman colocan a la persona amada por encima de todo, perdiendo su individualidad y libertad en la toma de decisiones que afectan su vida. Por ejemplo en su salud sexual y reproductiva.

SITUACIÓN DE DOMINIO

Con base en su labor como coordinadora del estudio de fiscalización de acceso, abasto y uso de métodos anticonceptivos en ocho estados de país, Leticia Cuevas señala que entre las barreras que afrontan las mujeres para utilizar métodos de control natal y de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), están los aspectos culturales relacionados con el dominio de los hombres en una relación de pareja.

Así, la utilización de anticonceptivos sigue dependiendo de si su cónyuge les permite usarlos o incluso acudir al médico para recibir atención ginecológica.

La activista abunda que a los obstáculos culturales se suma la falta de personal capacitado y sensibilizado, así como de infraestructura e insumos para que las indígenas y mujeres rurales tengan acceso a información comprensible sobre su salud sexual y reproductiva, y también a una amplia gama de métodos de control natal.

Las deficiencias se traducen en que el uso de anticonceptivos sea sólo de 58 por ciento, mientras que el promedio nacional es de 73.5 por ciento. Además, su necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA) es de 21.5 por ciento, la segunda más alta en el país después de las adolescentes.

Estas mujeres, quienes representan la mitad de las 14.1 millones de personas indígenas que viven en el país, inician su actividad sexual a los 16 años de edad, mientras que el promedio nacional es de 18. Y su primer embarazo ocurre un año después de este evento.

La falta de acceso a métodos anticonceptivos origina que las indígenas tengan en promedio 3.2 hijas e hijos, tasa superior a la de las mujeres no indígenas que se sitúa en 2.1, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid-2009).

Los resultados de la fiscalización revelaron que la desigualdad en el acceso a los métodos de control natal está ligada al desabasto, pero también a que la atención e información se brinda desde un enfoque “occidentalizado” que ignora la cosmovisión de las indígenas y rurales, y también es discriminatorio.

“Como mujer indígena no se quiere un trato especial sino justo. Siempre se siente la mirada de discriminación de los trabajadores de las instancias de salud. El maltrato empieza desde la forma de vernos, porque no tenemos zapatos boleados o no tenemos un buen cuerpo. Les pedimos que no nos llamen ‘María’. Si no saben nuestro nombre, pregunten”, señala Marcela de Jesús Natalio, promotora comunitaria en salud de Xochistlahuaca, Guerrero.

DESABASTO CONSTANTE

En Guerrero, como en otros estados del país, además de la discriminación persiste el desabasto de anticonceptivos “aunque hay aumento en los presupuestos federales, porque las secretarías estatales no destinan el gasto suficiente para la adquisición de anticonceptivos”.

Esta entidad, considerada el quinto estado con mayor proporción de población indígena (15.1 por ciento, más de 456 mil personas), registra una de las prevalencias de uso de anticonceptivos más baja en el país, pues sólo cubre 47.9 por ciento.

En el estado, las regiones con población rural e indígena reportan mayores tasas de NIA. Así, mientras el promedio estatal es de 10.2 por ciento, en municipios como Malinaltepec y Tlacoapa, esa tasa se eleva a 22.2 y 19.1 por ciento, respectivamente.

En Guerrero se identificaron problemas de desabasto de métodos como implantes, inyectables y de la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE). Por ejemplo, en el municipio de Zitlala se reportó un desabasto de 75 por ciento de métodos.

La disparidad también se hizo evidente porque a pesar de que el 84 por ciento del personal está capacitado para orientar a las usuarias en el uso de métodos anticonceptivos, estos prestadores de servicios se concentran en algunos municipios, por lo que no hay personal con este tipo de preparación en Tlapa, Tlacoapa y Zitlala.

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