Aún con su prohibición, México mantiene viegente el trabajo infantil

Oaxaca, México.- El trabajo infantil está presente en prácticamente todos los sectores productivos, aunque en condición de informalidad e ilegalidad por falta de una atención integral. Aunque no hay estadísticas ni un seguimiento puntual, de acuerdo con la situación de pobreza de muchas familias en México podría ser un fenómeno en aumento, “porque lo que lleva a los casos más graves es la necesidad”, aseguró Mónica González Contró.

La secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, explicó que pese a la prohibición al más alto nivel, las personas menores de edad aún desempeñan actividades económicas; por ello, es necesario el diseño de un marco legal e institucional adecuado, que aborde el fenómeno en todas sus dimensiones.

En el marco del Día del Niño, que se conmemora este 30 de abril, expuso que existe una correlación entre un menor nivel de escolaridad de los padres y una mayor incidencia de trabajo infantil, es decir, una relación directa con el ciclo de la pobreza y la exclusión social.

González Contró recordó que los derechos de este segmento se enfrentan con varios obstáculos. En primer lugar, “tenemos un problema meramente formal, que es su reconocimiento, porque en México el marco legal e institucional es muy débil en relación con este tema”.

El artículo 4º Constitucional, que reconoce los derechos de las personas menores de 18 años, menciona salud, alimentación, educación y sano esparcimiento, que es muy limitado en relación con la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que contiene un amplio catálogo de garantías que incluyen libertades, derecho a la participación, al juego, y acceso a la justicia, entre otros.

De hecho, precisó, como parte del cumplimiento formal de los tratados internacionales, se ha establecido la prohibición constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, de que los menores de 14 años puedan laborar, “pero no es suficiente, deriva de una visión simplista, como si únicamente con decretarlo, se erradicara el problema, y ello ha generado una condición de vulneración mayor”.

El año pasado se publicó una reforma constitucional, que en el artículo 73 reconoce facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de derechos de la infancia. Actualmente existe un proyecto de ley integral, pero está mal formulada; fue planteada sin un proceso de consulta previo con especialistas de la academia y de las organizaciones, y carece de mecanismos para lograr la protección.

No contempla un marco institucional, es decir, un órgano o entidad que se haga cargo del seguimiento. “La iniciativa establece que el DIF será responsable, sin embargo, es necesario tener una instancia diferente, porque la asistencia social no es lo mismo que los derechos humanos”.

Aunque éstos se reconozcan en la Convención y otras leyes, no son una realidad. Ello, a pesar de que la privación de los derechos en la primera infancia, la infancia y la adolescencia tiene consecuencias graves en lo que se refiere, por ejemplo, a nutrición y educación. Así, se consolida la exclusión social, que después es difícilmente reversible, sostuvo.

González Contró dijo que hace falta un diagnóstico claro sobre las dimensiones. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo incluye un módulo de trabajo infantil, “que nos da un primer acercamiento al diagnóstico de lo que ocurre en México”.

Según ese estudio (2009), hay tres millones de personas entre cinco y 17 años que realizan alguna actividad económica. De ese total, el 28.4 por ciento tiene entre cinco y 13 años, y 71.6 por ciento, entre 14 y 17. De las personas menores de edad que laboran, 1.2 millones no asisten a la escuela.

Casi 32 por ciento de los que trabajan lo hacen 35 horas o más; 23 por ciento entre 15 y 34, y el 27 por ciento menos de 15 horas semanales. Esto “implica una clara vulneración de sus derechos, porque no pueden asistir a las aulas y tienen una sensible reducción del tiempo disponible para realizar otras actividades”.

Los chicos trabajan, pero con una condición necesaria de informalidad que implica mayor vulneración, en sitios donde no se les ofrece ningún tipo de prestación laboral, y las condiciones de simulación implican ilegalidad y actuación al margen de la ley, abundó.

Laboran en “empresas” o negocios familiares, sin ninguna protección. Su ocupación va desde funciones domésticas que no les corresponderían de acuerdo a su edad, como hacerse cargo del cuidado de la casa y los hermanos (especialmente grave en el caso de las niñas), hasta en sectores como la minería, que emplea a adolescentes que llegan a sufrir accidentes graves y perder la vida.

Ello, junto con el trabajo en la calle, que a pesar de haberse incorporado al paisaje urbano y de haber adquirido una condición de “normalidad”, no deja de ser delicado, o el agrícola, muchas veces disimulado por los patrones que emplean a los padres y les pagan a destajo, lo que estimula que los hijos ayuden, aunque se expongan a pesticidas o fertilizantes.