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TEPJF echa abajo candidaturas ciudadanas

Publicado por @Shinji_Harper el miércoles, 2 mayo 2012
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Oaxaca.-El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que mientras no haya cambios constitucionales y legales en México las candidaturas ciudadanas independientes de los partidos no tienen posibilidad de prosperar.
Al resolver las impugnaciones de 10 ciudadanos inconformes por la negativa del IFE de registrarlos para competir por la Presidencia de la República, el TEPJF ratificó por mayoría que en México las candidaturas independientes, si bien no están prohibidas ni son contrarias al sistema democrático electoral, tampoco son procedentes.
Incluso los magistrados aprobaron la jurisprudencia “candidaturas independientes”, que explica que con su exclusión del Sistema Electoral Federal no se vulneran derechos fundamentales.
Con esta jurisprudencia, la cual es obligatoria para todos los tribunales electorales de México, se cierran definitivamente las puertas a este tipo de candidaturas.
Sin embargo, los magistrados Constancio Carrasco y Esteban Penagos sostuvieron su postura de que la prohibición es inconstitucional y vulnera derechos fundamentales, pues el derecho a votar y ser votado es consagrado en tratados internacionales de los que México es parte.
Los otros cuatro magistrados que participaron en la sesión de este día, Alejandro Luna Ramos, Salvador Olimpo Nava, Flavio Galván y Manuel González Oropeza sostuvieron que las candidaturas independientes deben estar expresamente aprobadas en la Constitución y en las leyes.
Además requieren una estructura jurídica, administrativa y legal para hacerlas efectivas, al tiempo que reiteraron que mientras no se den estos cambios en el sistema electoral mexicano las candidaturas independientes de los partidos no son procedentes.
De los 41 recursos de impugnación que resolvió este miércoles el máximo tribunal electoral, el otro tema que provocó debate entre los debates fue el relativo a la acción afirmativa en favor de los grupos vulnerables.
El debate fue provocado por dos integrantes de una comunidad indígena de Oaxaca que impugnaba una resolución del Partido de la Revolución Democrática (PRD) respecto al lugar en el que se registraron sus candidaturas para diputados al Congreso de la Unión.
Mientras el magistrado Manuel González Oropeza insistió en darle entrada al recurso con el argumento de que se trataba de integrantes de una comunidad indígena que merecían un trato desigual ante la desigualdad que padecen.
El resto de los miembros de la corte se pronunció por hacer valer el principio de igualdad jurídica, con el argumento de que se trataba de dos individuos y no de toda la comunidad.
De esta manera el recurso de los indígenas fue sobreseído, ya que fue presentado fuera de tiempo, pese al señalamiento del magistrado disidente de que esa no era una razón suficiente ni fundamental para no darle entrada al recurso.
Esto debido a que los inconformes viven en plena sierra dónde el acceso a los medios de comunicación y herramientas tecnológicas es muy limitado.

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