Condena ONU asesinatos de periodistas en México

Oaxaca, México.- El asesinato el 14 de junio de Víctor Manuel Báez Chino, periodista del portal de noticias www.reporterospoliciacos.mx y de la sección policial del diario Milenio el Portal de Veracruz; sumado al hallazgo el 18 de mayo en Guaymas, Sonora, del cuerpo sin vida de Marco Antonio Ávila García, reportero del periódico El Regional de Sonora, luego de haber sido violentamente capturado por individuos armados la víspera en Ciudad Obregón, constituyen actos criminales de extremo y negativo impacto contra el gremio periodístico mexicano que incrementan la dimensión del riesgo en el que ejercen su profesión, lo cual vulnera el ejercicio de la libertad de expresión en el país. Al inaugurar la vigésima sesión de Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas este lunes en la ciudad de Ginebra, Suiza,  Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó en el evento su preocupación por el dramático incremento de la violencia contra las y los periodistas, en particular en México. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena firmemente estos hechos, expresa sus condolencias a los familiares y colegas de las víctimas y subraya la imperativa necesidad de que se desarrollen sobre estos dolorosos acontecimientos investigaciones oportunas, exhaustivas, e imparciales que permitan la más pronta identificación, procesamiento y sanción de los responsables. El Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Javier Hernández Valencia, señaló que “la reciente reforma constitucional que permite conocer y atraer los delitos cometidos contra la libertad de expresión para ser investigados y juzgados a nivel federal es parte de una respuesta integral que necesita seguir siendo priorizada. Cada nuevo hecho de violencia contra las y los periodistas en México ciertamente merece ser condenado de manera inequívoca, al mismo tiempo que impone a las autoridades implementar de manera urgente mecanismos eficaces de prevención y protección, incluidos los que se aprobaron ya en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuya promulgación debería acelerarse”. __