Poder Judicial debe regirse por Consejo de la Judicatura:JMR

Oaxaca, México.- El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Mendoza Reyes, propuso ante el pleno de la LXI Legislatura una iniciativa con proyecto de decreto para que el Consejo de la Judicatura sea el encargado de conducir la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y los Tribunales Especializados, en los términos establecidos en la Constitución federal. Consideró que los Tribunales Especializados deben conservar la autonomía que les conceda la Constitución, ya que al estar supeditados a las decisiones y la vigilancia de otro órgano como es el caso del Consejo de la Judicatura del Estado, implica una merma a la autonomía de función e independencia en sus decisiones. “Por ello, los Tribunales Especializados y el Tribunal Superior de Justicia deben estar bajo un tratamiento similar o bien un mismo status”, puntualizó el Legislador del Partido Acción Nacional (PAN) en la exposición de motivos de su iniciativa de ley presentada en la sesión ordinaria del miércoles 13 de junio. La propuesta plantea reformar el Artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, y resalta que el propósito directo y central de la iniciativa es fortalecer la autonomía de los Tribunales Especializados. El legislador Mendoza Reyes, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la LXI Legislatura del Estado, recordó que el 31 de marzo de este año se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, mediante la cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución estatal. En la reforma constitucional mencionada se adicionó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y se fortalecieron los lazos que había entre el Tribunal Estatal Electoral (TEE) y el Poder Judicial del Estado (PJE), toda vez que este último ya pertenecía con antelación al referido poder. Refiere que mediante la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado se fortaleció al Poder Judicial en su autonomía, fundamentalmente en los rubros orgánico, autonomía presupuestal y control constitucional, buscando la mejora den la impartición de justicia que requería de una inmediata atención.

El documento resalta la responsabilidad político-electoral, administrativa y de fiscalización y rendición de cuentas que impera en los órganos resolutivos de las materias, ya que los tribunales que resuelven conflictos de dicha naturaleza entre el Estado o institutos políticos y los gobernados no pueden encontrarse sujetos a la subordinación  de otro.

La iniciativa con proyecto de decreto fue turnada a la Comisión Permanente de Administración de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.