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Política agraria hunde más a campesinas e indígenas

Publicado por @Shinji_Harper el martes, 19 junio 2012
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Gladis Torres Ruiz

Oaxaca, México.- A pesar de la contribución de campesinas e indígenas al desarrollo, ellas son las más golpeadas por la crisis económica, ya que las políticas contra la pobreza aplicadas desde 2006 por Felipe Calderón las tratan sólo como receptoras de “ayudas asistencialistas” que no resuelven el problema de fondo.

Lo anterior se desprende de tres informes alternos que más de 200 organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres presentarán ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el próximo 17 de julio en Nueva York.

En los reportes se denuncia que aunque el Comité emitió recomendaciones al respecto en 2006, en el sexenio que está por concluir la pobreza se agudizó de manera particular entre las mujeres campesinas e indígenas.

En el informe “El gobierno de México miente” las organizaciones señalan que en el país 13 millones de mujeres viven en el campo y 5.5 millones son indígenas. Advierten que ante la falta de apoyo muchas de ellas se han visto obligadas a involucrarse en el narcotráfico, debido a que “el maíz ya no es negocio”.

“A esto se añade que la mayoría de las campesinas e indígenas carecen de la propiedad de la tierra y las que la poseen, es tan poca, que no logran vivir de la agricultura que es de temporal. Además la jefatura femenina se va incrementando por el éxodo masculino que migra a Estados Unidos”, agregan.

En 2006 el Comité de la CEDAW en su recomendación 21 instó al gobierno de Calderón a aplicar una estrategia eficaz para incorporar la perspectiva de género en todos los planes nacionales, y a estrechar vínculos entre los planes nacionales para el desarrollo y la erradicación de la pobreza y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación contra la Mujer.

Además le pidió que en su próximo reporte periódico incluyera información sobre los efectos en las mujeres, en particular las rurales y campesinas, de las políticas macroeconómicas, incluidos los acuerdos comerciales regionales.

En sus informes 7 y 8, presentados en 2010 ante el Comité de la CEDAW, el Estado mexicano omitió tales datos, por lo que organizaciones civiles decidieron dar respuesta en estudios alternos.

HAMBRUNA

En el informe “Contribución escrita de mujeres rurales, campesinas e indígenas de los estados de Guerrero y Morelos”, preparado con el apoyo de FIAN Internacional, siete organizaciones que agrupan a más de 150 comunidades indígenas denuncian que en pleno siglo XXI las mujeres no tienen asegurado su derecho a la alimentación.

Advierten que en esos estados las mujeres se dedican principalmente a la producción a pequeña escala de granos tradicionales para su subsistencia y la de sus familias.

Acusan que programas de apoyo agrícola como Procampo les exigen a las mujeres que para acceder a sus beneficios, posean un certificado agrario para demostrar que son propietarias de la tierra.

Tal situación se complica, ya que sólo una quinta parte de quienes poseen dicho documento son mujeres, por lo cual no pueden acceder a apoyos para la producción de granos y otros alimentos para alimentarse.

A lo anterior se suma la migración masculina que deja a las mujeres trabajando las tierras. Sin embargo, no existen mecanismos jurídicos efectivos para traspasar la propiedad de las parcelas a estas campesinas, que las trabajan para alimentarse a sí mismas y a sus hijas e hijos.

“Esta situación genera obstáculos para que ellas puedan acceder a programas, proyectos y otras facilidades requeridas para asegurar su derecho a la alimentación adecuada”, abunda el estudio.

El tercer informe (“La situación de discriminación y no acceso a la justicia para las mujeres en Chiapas, México”) indica que pese a que la legislación mexicana reconoce a las mujeres el derecho de propiedad en igualdad a los hombres, la realidad en ese estado muestra que las mujeres han accedido a ella en un porcentaje muy bajo, muchas veces en forma temporal y en condiciones muy vulnerables.

Sólo 13 por ciento de las mujeres son propietarias de la tierra y de éstas, la mayoría son mestizas urbanas. “La exclusión de las mujeres de la tierra refleja el carácter patriarcal del Estado mexicano que está organizado sobre parámetros que privilegian a los hombres sobre las mujeres, a los mestizos sobre los indígenas y a la propiedad privada sobre la colectiva”, añade.

ASISTENCIALISMO

En los tres documentos, las agrupaciones ciudadanas exigen que las campesinas e indígenas sean reconocidas no como receptoras de ayudas gubernamentales, ya que actualmente el gobierno solamente presta “ayudas” económicas que no resuelven problemas estructurales en la producción y consumo, ni tampoco entregan los apoyos en los marcos de la justicia de género.

Señalan que si bien el Estado mexicano ha implementado programas anti pobreza como Oportunidades, que mejoran la seguridad alimentaria de las mujeres a corto plazo, la dimensión de estos programas tiene un carácter “asistencialista”, y no se encuadra en una estrategia para garantizar la seguridad alimentaria de manera autosuficiente, autónoma y sostenible a largo plazo.

Las organizaciones civiles informan que menos del 8 por ciento de los programas agrícolas se destina a personas viviendo en pobreza, de lo cual se puede deducir que una ínfima porción del presupuesto para programas del campo llega a las mujeres.

México ratificó la CEDAW en marzo de 1981, y por tanto asumió el compromiso de erradicar la discriminación contra las mujeres, ponderando a esa Convención por encima de cualquier ley nacional con el fin de proteger los DH de las mexicanas.

Entre las agrupaciones que elaboraron los tres informes alternos están el Colectivo de Mujeres Campesinas de la Costa Grande, Coordinadora de Madres Solteras, Colectivo de Mujeres Indígenas Pascala del Loro, Organización Campesina de la Sierra del Sur, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Defensoras Populares, Unión Nacional de Trabajadores, Red Nacional de Género y Economía, y la Coordinación Nacional de Milenio Feminista.

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