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Proponen sanciones contra ediles sin declaración patrimonial

Publicado por @Shinji_Harper el viernes, 22 junio 2012
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Oaxaca, México.- La coordinadora de la fracción parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano (MC), Ángela Hernández Solís, propuso que en caso de que alguna autoridad municipal omita su declaración patrimonial, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental procederá a la investigación del patrimonio del servidor público infractor en términos del Artículo 49 de esta Ley.

Para ello, en la sesión ordinaria del miércoles 20 de junio, la Legisladora presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar el primer párrafo del Artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado.

La también Presidenta de la Comisión Instructora del Congreso del Estado  plantea que se aplique una sanción económica consistente en el importe de 15 días a seis meses del último sueldo base presupuestal percibido por el servidor público, o inmobiliario por un periodo de uno a seis años o ambas sanciones.

Lo anterior, en razón al incumplimiento por parte de autoridades municipales que se rigen por el sistema electoral de Usos y Costumbres, de entregar su declaración patrimonial dentro de los términos legales establecidos en la norma.

Indicó que con estas modificaciones propuestas en su iniciativa podrían atenderse la condición personal del sujeto a sancionar, porque además para acceder a un cargo público deben de conocer los derechos y obligaciones que conllevan.

La diputada Hernández Solís enfatizó que aunque las constituciones federal y estatal, así como la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca, ya lo contemplan, no establece la situación de los ciudadanos de origen indígena al servicio público y que implica cumplir con las obligaciones de todo funcionario.

Ante ello, la LXI Legislatura local tiene la responsabilidad de que la administración pública estatal y municipal se desarrolle con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, pues con ello podrá salvaguardarse el interés legítimo de la sociedad a tener administraciones públicas claras, transparentes, puntualizó.

 

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