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AMEDI logra amparo contra concetración de medios por Televisa-Iusacel

Publicado por @Shinji_Harper el jueves, 2 agosto 2012
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Oaxaca, México.- Con la intención de proteger la libertad de expresión, el derecho a la información y prevenir los efectos sociales, políticos y económicos perjudiciales de la concentración de medios, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) con el apoyo de la organización Litiga Ole, experta en materia de litigio estratégico, interpuso un amparo y solicitó la suspensión del acto de autoridad consistente en la aprobación condicionada de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) de la alianza Televisa y TV Azteca a través de Iusacell.

La protección de la justicia que se demanda es en contra de la autoridad que consintió una concentración de medios inédita en las democracias modernas. La Amedi reconoce el destacado papel que en estos temas ha asumido el Poder Judicial, como un contrapeso a las decisiones erróneas y autoritarias del Poder Ejecutivo; la pasividad, omisión y complicidad para con las televisoras del Poder Legislativo, y los intentos recurrentes de abusos por parte de los poderes fácticos de la comunicación.

El amparo promovido fue admitido por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal en contra de la resolución de la Cofeco, por lo también se solicitó la suspensión de oficio de ese mismo acto por afectar de manera irreparable el derecho a la información al permitir una concentración sin precedentes.

La Amedi sostiene, y por eso reclama la protección de la justicia, que con su resolución los comisionados de la Cofeco violaron la Constitución, la Ley Federal de Competencia Económica y su Reglamento, así como mecanismos de derecho internacional que al ser firmados por el Estado forman parte del régimen jurídico mexicano, y está obligado a su cumplimiento. Con esta decisión la Cofeco configuró un monopolio convergente con la única intención de enfrentar al monopolio de las telecomunicaciones de este país, pero con ello no protegió el interés público ni el bienestar de los consumidores, sólo el provecho privado de esas empresas.

La Cofeco pretendió equilibrar el mercado de las telecomunicaciones, pero erradicó la escasa competencia que existía en la radiodifusión, fusionando a las dos televisoras que concentran la casi totalidad del mercado audiovisual, la publicidad, la audiencia, las frecuencias concesionadas y el espectro radioeléctrico. Es cierto que de un mecanismo de competencia como la resolución de la Cofeco no se pueden extraer soluciones para todo el sector de la radiodifusión, pero de ninguna manera debe empeorar su concentración.

Las condiciones que impuso la Cofeco no corrigen los efectos de la concentración Televisa-Iusacell. Por ejemplo, no tiene atribuciones para acelerar el proceso de licitación de frecuencias de televisión abierta y, por lo tanto, no podría activar un mecanismo de disolución de la alianza si al término de 24 meses no se ha realizado exitosamente dicha licitación, tal y como establece la primera condición de la resolución. Asimismo, el Pleno de la Cofeco no se ha pronunciado sobre si la designación de Emilio Azcárraga Jean como copresidente de Grupo Iusacell viola la cuarta condición de la Cofeco en materia de administración separada: “el Consejo de administración de Iusacell no puede incluir empleados de otras empresas de Grupo Televisa y Grupo Salinas que estén directamente involucrados en el negocio de la televisión abierta o restringida”.

La inacción de la Cofeco con esta provocación, coincide con los términos del amparo interpuesto en el sentido de que la concentración aprobada y sus condiciones no son las idóneas para equilibrar la competencia y no se fomentó una pluralidad de fuentes informativas para el libre ejercicio del derecho a la información. Incluso al momento de revisar el recurso de reconsideración de las empresas y aprobar la concentración condicionada el 6 de junio de 2012, no habían cambiado las condiciones que motivaron su rechazo en la resolución de enero del mismo año. Por lo tanto, la Cofeco reconoce que los riesgos de la concentración no habían sido corregidos y sólo confía en la buena conducta de las empresas, abdicando de su obligación de proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.

La Amedi presentó un amparo de vanguardia, único en su tipo y el primero en sus términos para la defensa de un derecho humano fundamental como lo es derecho a la información. La transgresión de esta garantía tiene implicaciones en los aspectos políticos, sociales, culturales y económicos de los individuos, afectando su bienestar y poniendo en duda la democracia como forma de gobierno y de vida de los ciudadanos.

Con el amparo admitido por el Poder Judicial de la Federación, la Amedi se apega a la legalidad y al marco jurídico vigente, como no pudo o no quiso hacerlo el organismo antimonopolios el cual, en los próximos días, deberá rendir ante el Juzgado un informe justificado que explique las causas que motivaron su decisión de aprobar la concentración condicionada de Televisa-Iusacell.

Si la Cofeco hubiera hecho una investigación acuciosa de las pretensiones de las empresas, hubiera constatado que no sólo no existe antecedente en el mundo, sino que más bien la concentración y la propiedad cruzada de medios se encuentra reguladas y existen límites precisos a la tenencia de espectro, la posesión de cadenas de televisión, medios adicionales en una misma plaza y porcentajes de audiencias. Con su decisión, la Cofeco ignoró todo este cúmulo de información internacional y, por lo tanto, debiera plantearse la situación en términos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos que autorizaron la concentración Televisa-Iusacell.

La admisión de la demanda de amparo obliga al juzgador a analizar el fondo del asunto: la acentuada concentración de medios en México y su afectación a derechos fundamentales de la soceidad. Por eso hacemos un llamado para que la próxima legislatura, en función, además, de las distorsiones informativas que se suscitaron en el proceso electoral de 2012, se comprometa con la democratización de los medios de comunicación y apruebe una reforma integral al régimen legal de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Una vez más, la realidad comprueba su necesidad y urgencia.

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