La "Transparencia focaliza", oculta una opacidad seleccionada: PGG

Oaxaca, México.- El concepto de transparencia focalizada que se argumenta para negar el acceso a la información significa en realidad “opacidad seleccionada” ya que la información debe ser abierta y estar disponible para quien la solicita “y no a discreción de la autoridad”, afirmó la doctora Perla Gómez Gallardo, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), durante su participación en la mesa de discusión “Gobierno abierto de base de datos”, en el marco de la Semana de la Ciencia y la Innovación 2012, convocada por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal. Si a la hora de entregar información la instancia gubernamental proporciona datos adicionales éstos son bienvenidos, pero “la transparencia focalizada” no debe sustituir a la transparencia del gobierno, pues ésta es la mejor aliada de quien hace una buena gestión. No necesita publicidad ni propaganda, rendir cuentas es la mejor evaluación de su gestión, comentó. La investigadora del Departamento de Estudios Institucionales de la Unidad Cuajimalpa de la UAM fue crítica al señalar que México llegó tarde a los modelos de transparencia, ya que mientras en Europa existen ordenanzas en tal materia desde 1977, en México fue apenas en ese año cuando se integró en la Constitución la frase “El Estado garantizará el derecho a saber”. Añadió que cuando Vicente Fox señala que él propició la transparencia en su gobierno “hay que reconocérselo, aunque no sabía lo que aprobaba; de haberlo sabido jamás nos hubiera dado estas leyes”, ya que la ley de transparencia propició la reorganización del poder entre los ciudadanos, quienes ya no necesitaron de intermediarios como la televisión, sino de evaluar directamente a su gobierno. La especialista en temas de libertad de expresión y derecho a la información indicó que a pesar de contar con una ley sobre la materia, persisten problemas como el hecho de que si alguien pretende realizar un análisis de esta normatividad en el país, tendrá que consultar 41 diversos ordenamientos. Además de la “mal llamada” Ley Federal de Transparencia –que no lo es, porque implica sólo al Ejecutivo Federal– existen las que rigen a otros poderes como los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos como el IFE, TRIFE, Banco de México, CNDH e INEGI, puntualizó. “Ninguno de estos ordenamientos es revisado por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) cuando se nos niega acceso a información”. Por otro lado todos los estados tienen sus propias leyes de transparencia; “en total, tenemos 41 ordenamientos diferentes”. Gómez Gallardo comentó que es necesario “cerrar el círculo” no sólo en la transparencia porque se puede convertir en la “cínica transparencia”, sino en una rendición de cuentas eficaz, donde “si vemos que alguien compra toallas de cuatro mil pesos o un colchón de 80 mil, o tiene un chofer al que le paga 50 mil pesos, tenga una responsabilidad mínima de suspensión o inhabilitación de su cargo”. Advirtió que la transparencia gubernamental fue una de las promesas de campaña del presidente electo, Enrique Peña Nieto, quien tiene su portal, pero en éste justamente “no encontramos su propuesta de transparencia”. Recomendó tratar de entender estas afirmaciones porque somos un país que aspira a la legalidad y a que haya mecanismos jurídicos para exigir la transparencia pero también puede caerse en un “círculo perfecto para la simulación o para encerrar la información”. En esta mesa de discusión participó también el doctor Andrés Hofmann, director general de la revista Política Digital, quien señaló que en materia de transparencia en México hemos llegado a un nivel de estancamiento. Desde hace algunos años, dijo, existe evidencia suficiente para afirmar que los gobiernos, desde los municipales, estatales y federal han entrado en una rutina procedimental que no conduce a la transformación de las instituciones públicas en entidades cada vez más transparentes. Subrayó que lo anterior le ha permitido al gobierno crear una especie de suma de comodidad política que descansa en la “rutinización” de sus procesos de acceso, validando así el estancamiento bajo un discurso público inconsistente desde el punto de vista político e ideológico.