Ciudadanos preponen plan nacional sustentable de acceso agua

Oaxaca, México.- Ciudadanos integrantes de la coalición “Agua para Todos Siempre” presentaron una propuesta de ley general con la que pretenden garantizar el acceso de todos los mexicanos al vital líquido y orientar el manejo del recurso hacia una gestión integral, sustentable e incluyente.   Así lo anunciaron hoy en conferencia de prensa los doctores Pedro Moctezuma Barragán, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM);  Rodrigo Gutiérrez Rivas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Nathalie Seguin, directora ejecutiva de la Red de Acción por el Agua-México, y Elena Burns, coordinadora de redacción de la iniciativa de ley.   Informaron que ésta se presenta una vez que el pasado 3 de febrero se cumplió el plazo de 360 días para emitir una nueva legislación “de acuerdo con el dictamen sobre la reforma al artículo 4° constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012”, en el que se reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento.   Subrayaron que la discusión para instrumentar esta reforma constitucional no ha tenido lugar en la actual legislatura.   El doctor Moctezuma Barragán, también coordinador general del Programa de Investigación Sierra Nevada de la UAM, indicó que con la presentación de esta iniciativa, “que no es una propuesta acabada”, se inicia una campaña de “sensibilización” que incluye a la academia, las comunidades, así como a diputados y senadores, sobre la necesidad de contar con una legislación que garantice el derecho al acceso, disposición y saneamiento de los recursos hídricos para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.   El doctor Gutiérrez Rivas, también coordinador del proyecto La exigibilidad del derecho fundamental al agua, dijo que los ciudadanos planteamos esta norma de carácter democrático, participativo, transparente y sustentable en la gestión, que estaría sustentada en el derecho fundamental al vital líquido establecido en la Constitución y no en las leyes del mercado.   “Es una norma para la vida, las comunidades y para la gestión democrática y participativa del recurso”, precisó.   El proyecto de ley plantea una “estrategia nacional para la sustentabilidad, equidad y soberanía hídrica”, cuyos objetivos son tener agua para la naturaleza y de calidad; agua para todos con distribución equitativa; así como para la soberanía y seguridad alimentaria; poner fin a la contaminación de cuerpos de agua; al minado no sustentable de mantos subterráneos; a la vulnerabilidad a inundaciones y sequías, y a la destrucción de ecosistemas acuíferos.   Entre las estrategias se propone la ciudadanización del recurso en las cuencas y en los sistemas locales de agua potable y saneamiento, así como la conformación de una contraloría social.   Recordó que de acuerdo con una auditoría llevada a cabo por la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) solamente realiza visitas de inspección al uno por ciento de concesiones industriales.   En 2010 la dependencia documentó además que existe una diferencia de 66 por ciento –lo que implica 159 mil millones de metros cúbicos– entre el volumen de agua reportado por los usuarios que la solicitan y las concesiones asignadas. “Esto significa que hay 78 mil millones de metros cúbicos del recurso que la comisión no tiene detectados”.   A lo anterior se añade que tan sólo en 2009 se otorgaron mil 700 concesiones sin haber realizado estudios de disponibilidad. Se calculan además 15 mil aprovechamientos clandestinos y 10 millones de mexicanos que no tienen agua, lo que da una idea de la gravedad de los problemas relacionados con la administración del recurso”.   Tras señalar que la última reforma que se hizo data de 1992, apuntó que ésta es “una ley opaca, falsamente descentralizada”, porque realmente hay una concentración de poder en la toma de decisiones en la Conagua, mínimos espacios para la participación y una apertura descarada a la iniciativa privada.   Nathalie Seguin y Elena Burns coincidieron en la necesidad de generar un debate y lograr consensos sobre los planteamientos que deberían hacerse a través de una iniciativa ciudadana para ser presentada al Poder Legislativo.   La propuesta de ley es resultado del Congreso Nacional Ciudadanos y Sustentabilidad del Agua en México, realizado los días 7 y 8 de diciembre en la UAM, en el que participaron 62 organizaciones ciudadanas, entre ellas comisiones de cuencas y organizaciones no gubernamentales, así como más de 200 académicos de 90 instituciones de 26 estados de la República Mexicana.