Congreso promueve iniciativa para levantar veda de pozos de agua

Oaxaca, México.- La diputada Ivonne Gallegos Carreño afirmó que Oaxaca encabeza la iniciativa para que el Gobierno federal levante la veda nacional de pozos de agua para uso agrícola, pero es un esfuerzo que requiere del apoyo del Poder Legislativo federal y de las autoridades municipales de todo el país.

La Legisladora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) por el distrito XIX de Ocotlán de Morelos, encabezó este viernes en la Sala Audiovisual de la sede del Poder Legislativo, la segunda Reunión en relación con el cuidado y defensa del Agua, con el lema “El mundo ha olvidado que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo”.

Presidentes municipales, comunales, ejidales y de sistemas de riego del Distrito XIX Ocotlán-Zimatlán, participaron en la reunión, donde la diputada Gallegos Carreño lamentó que esta veda esté estandarizada en todo el país, lo que afecta a la producción agrícola en comunidades oaxaqueñas.

Recordó que en una primera reunión fue elaborada una minuta de acuerdos, de los cuales en esta segunda se dio respuestas a algunos de los puntos contenidos en la misma.

Indicó que sólo en el distrito XIX hay muchas concesiones de pozos de agua que están vencidas; por ello, en un encuentro con funcionarios de la Sagarpa, Conagua y dependencias del sector encabezadas por el Gobernador del Estado, se lograron avances en apoyo de productores para renovar algunos permisos.

Coincidió con la iniciativa del Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, así como la propuesta de la Coordinadora por la Defensa del Agua, a fin de integrar un frente de autoridades del XIX distrito para el cuidado y defensa del agua, con el objetivo de emprender acciones para lograr el levantamiento de la referida veda. La legisladora Gallegos Carreño señaló que esta iniciativa responde al interés de la ciudadanía por regularizar el acceso al agua, además de que fue un tema de campaña de la diputación panista en ese distrito, pues afecta a los productores, pues al dar de baja estos pozos ya no reciben el subsidio que les otorgaba la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Explicó que técnicamente el decreto de veda a nivel nacional se inició hace casi tres años debido a que en diversas zonas del país se sobre explotaban los mantos freáticos. No obstante, manifestó que en el distrito XIX se ha reportado que han aumentado considerablemente los niveles de agua, por ello se está emprendiendo esta campaña. Mientras tanto, la organización “Flor y Canto”, así como la Coordinadora de la Defensa del Agua, han realizado estrategias como la construcción de represas, ollas y retenes para almacenar el vital líquido. Por ello, consideró que es urgente la modificación del decreto desde el ámbito del Poder Legislativo federal para que propongan un punto de acuerdo e, incluso, un exhorto del Gobernador y del Congreso del Estado, para lo cual se prevé un largo proceso; por ello la importancia de integrar un frente de autoridades en defensa del agua. Adelantó que está por realizarse una reunión con la diputada federal panista Eufrosina Mendoza Cruz, quien es presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso federal, además del respaldo de las comisiones como las Agropecuaria Forestal y Minera, y Ecología de esta LXI Legislatura del Estado.

Durante la apertura de esta reunión, Carmen Santiago Alonso, directora del Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, manifestó la molestia de las comunidades productoras del Valle Central, debido a que el decreto de veda se hizo sin informar ni consultar a éstas.

Hizo un reconocimiento al acompañamiento que ha dado la diputada Gallegos Carreño a esta lucha y señaló: “Estamos en un momento histórico para la defensa del agua y su acceso racional para la producción agrícola; por ello la importancia de integrar un frente de autoridades”.

En presencia de 180 autoridades de los distritos de Ocotlán y Zimatlán, Santiago Alonso insistió en el hecho de que las reformas constitucionales y firmas de tratados las realiza el Gobierno federal sin consultar a la ciudadanía que resulta afectada, considerando el valor que las comunidades oaxaqueñas dan al uso del agua.