Oaxaca, México.- El Congreso del Estado de Oaxaca turnó la noche de este miércoles a la Comisión de Justicia una iniciativa del diputado local Flavio Sosa Villavicencio para crear una ley que obligaría a todas las instancias de los tres poderes del gobierno del estado a utilizar software libre y desarrollar sus propios programas de cómputo.
La propuesta de Ley para la Autonomía sobre los Recursos Informáticos del Estado de Oaxaca prevé que sólo se adquirirán programas de código cerrado cuando no exista software libre dedicado a la función que se requiera y no sea económica o técnicamente viable desarrollarlo o contratar su desarrollo como de fuente abierta.
También prevé prohibir que la administración publica solicite cualquier requisito en software privativo --pues esto favorece a una empresa ya de por sí monopólica-- y establece que la información puesta a disposición del público deberá estar en algún programa de formato abierto, explicó el legislador al defender su iniciativa.
En la tribuna del Palacio Legislativo de San Raymundo Jalpan, Flavio Sosa detalló que su proyecto incluye que el software desarrollado o modificado por o para cualquier instancia de la administración pública estatal se ponga a disposición pública como software libre.
También, dijo, se crearía una instancia dedicada a desarrollar el software apropiado a las necesidades del gobierno y un sistema único para la operación de todas las instancias públicas bajo el mismo estándar de código abierto, lo que permitirá el intercambio, la cooperación, la interconexión y la integración de la información sobre una plataforma común.
“Esto definitivamente fortalecerá enormemente la eficiencia de la gestión gubernamental”, expresó, y subrayó también que la iniciativa disminuiría radicalmente las erogaciones del gobierno para la compra de programas de cómputo.
“La inmensa mayoría de los programas de cómputo que utilizamos cotidianamente en todos los ámbitos fueron desarrollados y son propiedad de una sola empresa, Microsoft, que posee 90.5 por ciento del mercado mundial del software”, expuso en su participación ante las y los diputados locales.
Más allá del beneficio a un monopolio, agregó, el uso de esos programas implica una serie de problemas graves para las administraciones gubernamentales, como la dependencia respecto de un proveedor único, con la consiguiente incapacidad de obtener opciones distintas en cuanto a costo y servicio, salvo las que puedan ofrecer los distintos intermediarios.
Entre los problemas del software privativo mencionó también sus altos costos o la comisión del delito de obtenerlo de manera ilegal mediante copias de las llamadas “pirata”, y la dependencia de programas estandarizados que no necesariamente se ajustan a las necesidades específicas de la gestión pública.
El propósito de esta ley, continuó, es salvaguardar la autonomía del Estado sobre la posesión, el desarrollo, el control y aprovechamiento de los recursos informáticos necesarios para su operación, así como motivar el desarrollo tecnológico a favor del mejoramiento del desempeño gubernamental en todas las entidades públicas.
La propuesta implica a los tres poderes del Estado, a los institutos autónomos, a las universidades públicas y a los ayuntamientos.
Explicó que el software libre forma parte de la filosofía de los bienes comunes, “esto que es tan usual para nosotros los oaxaqueños, que aquí vemos cotidianamente en la forma de propiedad de la tierra conocida como ‘bienes comunales’” y que ha sido puntal de la existencia espiritual de Oaxaca.
Flavio Sosa llamó a las y los participantes en el movimiento mundial a favor del software libre para analizar su propuesta de ley con el fin de mejorarla a la luz de sus conocimientos y de legislaciones ya en operación en distintas partes del mundo.
A las y los diputados les pidió, finalmente, “a retomar su espíritu magonista y confiar en que la propiedad de todos puede ser un factor detonante del desarrollo de nuestro estado”.
La propuesta de Ley para la Autonomía sobre los Recursos Informáticos del Estado de Oaxaca prevé que sólo se adquirirán programas de código cerrado cuando no exista software libre dedicado a la función que se requiera y no sea económica o técnicamente viable desarrollarlo o contratar su desarrollo como de fuente abierta.
