Anabel Hernández pide ampliar sus medidas de protección

Oaxaca, México.-La periodista Anabel Hernández solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que no suspenda las medidas de protección que le otorgó desde 2010, las cuales vencen en tres meses y que no permita que la Policía Federal Ministerial -acusada de corrupción en sus investigaciones periodísticas- sea la misma que la proteja. En un texto escrito en el Blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, la periodista narra que a finales de 2010 recibió información de que Genaro García Luna, entonces titular de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pretendía asesinarla como represalia por las acusaciones de corrupción que hizo en su contra. Luego de señalar que podría ser víctima de un atentado tras escribir el libro “Los Señores del Narco” -donde denuncia la corrupción del ex titular de la SSP- el gobierno del Distrito Federal le proporcionó escoltas para su seguridad. Sin embargo las autoridades capitalinas recientemente declinaron la jurisdicción del caso y aunque en días pasados acordaron mantener la seguridad por tres meses más le advirtieron que una vez vencido el plazo la PGJDF le retirará las escoltas. A principios de marzo la PGJDF declinó su competencia sobre este caso y envió el expediente a la Procuraduría General de la República (PGR), que a decir de la reportera en dos años no avanzó en las investigaciones pese a tener elementos. “La PGJDF hasta este momento no me ha enviado ninguna notificación, no me ha dicho las razones. Yo me enteré el lunes 11 de marzo sorpresivamente en la PGR donde fui citada”, escribió la colaboradora de la revista Proceso y del periódico Reforma. “No puedo aceptar que la Policía Federal Ministerial o la PF – que es lo que me ofrece la PGR – sean quienes me protejan, si durante años denuncié su corrupción y la gran mayoría de los mandos le debe el puesto a García Luna, y mucha de su gente sigue en sus puestos”. Si la PGJDF le quita la protección la autoridad encargada de garantizar su seguridad sería la PGR y los agentes policiacos de la desaparecida SSP, mismos que han sido denunciados por ella, lo cual considera absurdo. “Es prácticamente empujarme a dejar México. Espero que la PGR y la PGJDF puedan firmar un convenio de colaboración para que sea la PGJDF quien me siga brindando la protección”, sostuvo. Durante más de cinco años la reportera ha investigado la corrupción y el abuso de autoridad de la extinta SPP. A lo largo de ese tiempo documentó la complicidad entre García Luna y grupos del crimen organizado. En sus publicaciones-narra en el blog- develó el enriquecimiento del ex jefe policiaco y la existencia de expedientes abiertos de la PGR en los que integrantes del crimen organizado acusaban al equipo más cercano de García Luna de otorgarles protección a cambio de jugosos sobornos. La periodista afirma que como consecuencia de ese trabajo periodístico el ex titular de la SSP comenzó a hostigarla y emprendió acciones en contra de sus fuentes de información, quienes también han sido amenazadas y algunos casos asesinadas o encarceladas de manera injusta. Incluso –agrega- una persona que le proporcionó información fue torturada el año pasado cuando querían obligarla a inventar cargos en su contra, aunado a lo anterior en enero de 2011 la familia de la periodista fue atacada. “Sé que estoy en la lista negra de hombres muy poderosos, como Genaro García Luna. Y hay personas de gran prestigio y calidad moral en México que son testigos directos del odio irracional en mi contra por parte del ex jefe policiaco pero no quieren declarar por temor, y no puedo ni debo obligarlos”, dijo. Adelantó que García Luna espera  el momento para cumplir con un menor costo político su amenaza, pero ante el riesgo de su trabajo señaló que no claudicará: “Sé que no tengo más que la verdad, mi voz y mi trabajo de periodista, y voy a defenderme”. La reportera mostró su decepción ahora que el caso pasa a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, quien no ha resuelto ningún caso de periodistas amenazados, desaparecidos o asesinados. “La muerte, amenazas o censura contra cada periodista es un atentado contra el derecho humano de la sociedad  de tener acceso a la información, y son responsables tanto los que los ejecutan como los que lo permiten.  Sin libertad de expresión no hay posibilidad de justicia ni de democracia”, dijo.