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SCJN no debe criminalizar a mujeres de Oaxaca por su derecho a decidir

Publicado por @Shinji_Harper el viernes, 26 abril 2013
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Oaxaca, México.- Organizaciones de mujeres se pronuncian ante las controversias constitucionales presentadas por los Municipios de Arroyo Seco, Querétaro; Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, y Uriangato, Guanajuato.

Las reformas llevadas a cabo a las constituciones de los estados de Querétaro, Oaxaca y Guanajuato con la intención “de proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”, en realidad constituyen una nueva forma de criminalizar a las mujeres, además de que vulneran su dignidad y violan sus derechos fundamentales, protegidos en la Constitución y en múltiples tratados internacionales asumidos por México.

 

Alejandra Martínez, de la organización Aquesex en Querétaro, Ana María Hernández, del Consorcio por el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca y Verónica Cruz de Las Libres en Guanajuato, coincidieron en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene  la oportunidad histórica de reivindicar los derechos de las mujeres y hacer válidas las reformas aprobadas a nuestra Carta Magna en materia de derechos humanos que establece la premisa de favorecer en todo momento la protección de las personas en su sentido más amplio, pues es una obligación constitucional promover, proteger y garantizar los derechos humanos.

 

Las activistas ciudadanas por los derechos de las mujeres denunciaron que es un hecho evidente que los casos de criminalización de mujeres que ejercen su derecho a decidir han aumentado en el país, desde que entraron en vigor dichas reformas legislativas. Señalaron que la prohibición absolutista del aborto y la criminalización de quienes lo realizan es una forma errada y contraproducente de disminuir su incidencia, como lo demuestran las estadísticas en los países que tienen esa política contraria a los tratados internacionales en materia de derechos de las mujeres.

 

Al respecto, recordaron las cifras presentadas recientemente por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en su Informe “Omisión e Indiferencia, Derechos Reproductivos en México” donde se señala que en promedio 226 mujeres son denunciadas anualmente por el delito de aborto.

 

 

Y donde se aprecia con claridad que uno de los Estados en el que el mayor número de consignaciones por el delito de aborto es Guanajuato. Además de que las entidades en donde se encuentra la legislación más restrictiva en materia de aborto son Guanajuato y Querétaro, donde sólo se admiten como causales de exclusión de responsabilidad la violación sexual y el aborto imprudencial.

 

También recordaron que en julio de 2012, el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres —conocida como CEDAW por sus siglas en inglés y que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979— analizó los informes 7° y 8° de México sobre el cumplimiento de la Convención y en sus Observaciones Finales expresó su preocupación por la falta de uniformidad de la legislación sobre aborto.

 

“El propio Comité de la CEDAW expresó su preocupación de que las enmiendas introducidas en las constituciones locales hayan puesto en peligro el disfrute por la mujer de su salud y derechos sexuales y reproductivos, aun cuando esas enmiendas no hayan modificado los motivos jurídicos ya establecidos para practicar un aborto”, enfatizaron.

 

“Otro motivo de preocupación para el Comité de la CEDAW, en sus propias palabras, son los casos en que los proveedores de servicios médicos y trabajadores sociales han denegado el acceso al aborto legal a embarazadas que cumplían los restrictivos criterios reglamentarios y, a continuación, las denunciaron ante las autoridades judiciales, quienes a su vez las condenaron a largas penas de prisión por infanticidio o asesinato”, agregaron la defensoras de los derechos de las mujeres.

 

Además, puntualizaron la recomendación al Estado mexicano de que “armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos”.

 

En el mismo sentido, expresaron que el Estado mexicano debe “asegurar que en todos los estados, las mujeres cuyo caso entre en cualquiera de las causales legales para aborto tengan acceso a servicios seguros de atención a la salud, y asegurar la aplicación adecuada de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, en particular el acceso de las mujeres víctimas de violación a la anticoncepción de emergencia, al aborto y al tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual y del VIH/SIDA.”

 

Las activistas confiaron en que la Suprema Corte de Justicia hará válidos los tratados internacionales, las recomendaciones de la CEDAW y las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos.

 

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