Oaxaca modelo en leyes contra la discriminación

En la sesión ordinaria de la Diputación Permanente efectuada el 7 de mayo pasado, se turnó a la Comisión Permanente de Equidad y Género de la LXI Legislatura del Estado el oficio enviado por la Cámara de Senadores en el que se recomienda a los Congresos estatales expidan el marco legal necesario para prevenir y eliminar la discriminación.

Ello, “con la finalidad de perfeccionar el marco jurídico local en materia de igualdad, atendiendo el contenido del Artículo 1 del párrafo quinto de la Constitución federal”, resalta el documento.

Al respecto, el también presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Migratorios de la LXI Legislatura del Estado, Maximino Vargas Betanzos,del PRI, reconoció una vez aprobada esta disposición que aunque Oaxaca es la primera entidad federativa en contar con una Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas, es necesario socializar esta disposición.

Por ello, comentó que el Congreso del Estado organiza talleres, seminarios y mesas, como el titulado “Taller sobre la Ley General en Materia de Trata de Personas en México y su Implicaciones en las Entidades Federativas”, realizado el mes pasado.

El Legislador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que “si bien Oaxaca es pionero en el combate a este problema, aún falta mucho por hacer”; por ello, el Congreso del Estado ha iniciado un proceso de concientización del problema y de legitimización de una ley, la primera en el país que se fortalece con la realización de talleres, seminarios y otros mecanismos de difusión.

De igual forma, el diputado Flavio Sosa Villavicencio, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), propuso recientemente al pleno de la LXI Legislatura del Estado penalizar la discriminación con prisión de dos a cinco años y multa de 100 a 300 días de salario mínimo, además de perseguirla por querella.

La propuesta incluye aumentar las penas hasta dos años y medio más al funcionario público que por las mismas razones niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, además de destituirle e inhabilitarle para desempeñar cualquier función pública.

Por ello, dijo, se sigue trabajando en el tema, por lo que plantea adicionar el título vigésimo tercero como delitos contra la dignidad de las personas, con el capítulo único denominado discriminación, integrado por el Artículo 411, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Es de recordarse que el 6 de junio del año pasado, el pleno de la LXI Legislatura del Estado aprobó por unanimidad la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas a estos Delitos, propuesta por el diputado Juan Mendoza Reyes, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN.

El Legislador panista reconoció entonces el trabajo de la Comisiones Unidas de Administración de Justicia, Asuntos Migratorios y Equidad de Género, “con quienes nos propusimos iniciar la ruta que permita a Oaxaca adoptar medidas legislativas para tipificar y castigar con todo el peso de la ley este delito que lacera a la sociedad y pone en riesgo la integridad de los grupos vulnerables”.

Refirió que este fenómeno es la segunda actividad ilícita más rentable del mundo que, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, deja al año entre cinco y siete billones de dólares, siendo víctimas dos millones 450 mil personas, de las cuales el 56 por ciento son mujeres y niñas y el 44 restante son hombres y niños.

Así, mediante la promulgación de esta ley, el Estado de Oaxaca se coloca a la vanguardia en la legislación de este problema.