Plan b* / Radiografía de procuradores

Lydia Cacho   Oaxaca, México.- Sin duda el reciente caso de Alexia Imaz, hija del titular del Cisen que fue golpeada por su ex pareja Gerardo Saade, nieto del procurador Jesús Murillo Karam, dio muestra clara de cómo los arreglos políticos tienen más peso que la justicia. Está claro que hubo un acuerdo explícito entre el abuelo del agresor y el padre de la agredida, quienes violaron los derechos de la joven golpeada. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, también entró al teatro. Afirmó que le pareció “muy honesta la actitud del nieto de Murillo Karam, quien asistió directamente con el director de Averiguaciones Previas de Justicia Alternativa”. Lo que el gobernador no reconoce es que el agresor ya sabía que no había denuncia en su contra, y que se le ofrecería conciliación a pesar de que en estos casos la ley lo prohíbe. Vayamos al fondo, porque este caso revela algo más profundo: las razones por las cuales la celebrada y moderna ley que castiga la violencia de género en todo el país no sirve a las mujeres. El procurador de Morelos, Rodrigo Dorantes, no solamente fue el operador directo del acuerdo entre Imaz  y Murillo; además dio un ejemplo de cómo son ellos quienes debilitan al sistema. Cuando Dorantes anunció a la prensa que el nieto de Murillo se había mostrado arrepentido y “de acuerdo con la ley” se haría una conciliación, demostró que desconoce la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual prohíbe expresamente la conciliación en casos de violencia de género. El procurador envió también mensajes equívocos a las y los ministerios públicos que durante décadas descalificaron casos como el de Alexia, culpando siempre a las mujeres de los golpes, incitándolas a perdonar al maltratador, sin importar el riesgo  mortal en que las colocan. La definición legal de violencia de género señala: “(son) todos los actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia. Es todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física”. Es decir, tanto el nieto, como Murillo Karam, Dorantes e Imaz, cometieron el delito contra la misma víctima. Diariamente miles de mujeres en México sobreviven agresiones de victimarios y de las agencias responsables de procurar justicia. Hace unas semanas en la Fiscalía Especializada en violencia en Quintana Roo, había 18 mujeres que llevaban cinco horas esperando atención. La fiscal le pidió a una mujer que conciliara con su agresor, quien la amenazó de muerte; ante la negativa de la víctima, la fiscal dijo que las computadoras no funcionaban. La mujer que fue apuñalada por su esposo regresó cinco veces; diario repitieron que no había sistema para levantar denuncias. El procurador Armando García Torres, fiscal de Quintana Roo, surgió de la Comisión de los Derechos Humanos, donde hizo un buen papel, sin embargo él, como el resto de los procuradores, ha sido incapaz de priorizar el problema y contratar personal capacitado. En Puebla, el 50 por ciento de los asesinatos de mujeres se cometen al interior de los hogares, mientras que en el resto del país es el 33 por ciento. Antes habían denunciado a su agresor, y la incapacidad de las fiscalías fue cómplice de sus muertes. El 92 por ciento de los agresores piden perdón después de la primera golpiza, hasta que llega la segunda; eso por ejemplo lo sabe bien Graco Ramírez, quien promovió la aprobación de esa ley. Existe la posibilidad de resolver este problema. Tenemos una buena ley que prevé órdenes de alejamiento y otros mecanismos que difícilmente se ponen en práctica por falta de capacitación o de interés de las y los ministerios públicos. La estructura existe, los códigos de Procedimientos Penales y la reglamentación de la norma está vigente. El nuevo Sistema de Justicia Penal ya se implementó en varios estados y pronto deberá estarlo en todos. Lo cierto es que la debilidad está en la línea de mando al interior de las procuradurías. Si todos los procuradores del país estuviesen convencidos de la gravedad de la violencia de género y contrataran exclusivamente a fiscales y ministerios públicos capacitadas y convencidas de que la misoginia no tiene cabida en la impartición de justicia, las cosas cambiarían rápidamente. Esta ley contempla cambiar la cultura que avala y oculta la violencia de género. Los procuradores tendrían, claro está, que actuar con el ejemplo. Por eso es importante recordarles que los estamos vigilando para que cumplan y hagan cumplir la ley. Twitter: @lydiacachosi *Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.