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Aborto legal por violación, derecho nulo para las oaxaqueñas

Publicado por @Shinji_Harper el Viernes, 31 Mayo 2013
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Citlalli LOPEZ/CIMAC

Oaxaca,México.- .- Para las oaxaqueñas que resultaron embarazadas debido a una violación sexual, el acceso al aborto legal por esa causal ha fracasado. Si quieren ejercer este derecho, ellas tienen que ir al DF, donde la interrupción del embarazo se permite hasta las 12 semanas de gestación.

Cifras de la Subprocuraduría de Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género divulgadas en su sitio web, revelan que sólo entre enero y febrero de 2013 se presentaron 102 denuncias por delitos sexuales, aunque no se precisa el tipo de agresiones.

En contraparte, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), instancia autorizada para realizar abortos en caso de violación, refiere que en lo que va del año se han practicado sólo dos procedimientos: uno en la región de la Mixteca y otro en Valles Centrales.

Oaxaca es una de las 17 entidades federativas que a partir de 2008 reformaron sus constituciones locales, para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, lo que ha derivado en la criminalización del derecho al aborto legal.

Julia Escalante, coordinadora de política y abogacía de Ipas-México, organización defensora de los derechos sexuales y reproductivos, explica que al menos 10 por ciento de las violaciones culminan en un embarazo, por lo que la cifra de dos abortos legales practicados en Oaxaca revela que hay un número importante de mujeres que no acceden a la interrupción de la gestación.

Según Jorge Iván Galindo Santiago, coordinador del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de los SSO, el procedimiento para acceder al aborto legal es “pronto y expedito”.

“Es obligación de los médicos y psicólogos de la unidad ante una situación de violencia. Se da aviso al Ministerio Público (MP), se va a la Subprocuraduría de Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, se envía a las víctimas al Hospital Civil, y a través de la dirección de Asuntos Jurídicos se da la instrucción para que realice el procedimiento”, detalla.

DESIGUALDAD

Sin embargo, de acuerdo con la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser-Oaxaca), ante lo difícil que resulta el acceso al aborto legal en el estado, las mujeres embarazadas víctimas de una violación han tenido que viajar a la Ciudad de México para ejercer su derecho a decidir.

En tanto que otras más, principalmente las que viven en zonas marginadas e indígenas, tuvieron que llevar a término su embarazo.

La cifra es más alta de lo que se registra en la Procuraduría si se toman en cuenta los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (Endireh), que reporta que de las mujeres víctimas de delitos sólo denuncia una de cada 10.

Una investigación de Ipas-México, con base en cifras de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJE), arroja que esta instancia no registra cuántas de esas violaciones derivaron en un embarazo.

El estudio asienta que no todas las violaciones son denunciadas, ya sea por la lejanía de las comunidades con el MP, o porque el personal de procuración de justicia “está cargado de estigmas que desalientan la denuncia”.

Mayra Morales, coordinadora de Ddeser-Oaxaca, apunta que una de las prácticas más comunes de los MP es cuestionar a las mujeres víctimas de violación sobre la manera en la que vestían al momento de ser agredidas.

DESINTERÉS OFICIAL

Julia Escalante dice que recientemente con apoyo del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), Ipas capacitó en materia de aborto por violación a directores de hospitales en el estado, pero sólo asistió el 50 por ciento.

En los talleres se abordó que los mismos médicos representan una barrera para el acceso al aborto por violación, toda vez que no lo facilitan, no capacitan a su personal, y no adquieren tecnología segura para sustituir el uso del legrado y evitar así riesgos para la salud de las mujeres.

A partir del caso de María –una niña sordomuda embarazada tras ser víctima de violación–, el 28 de septiembre de 2004 el Colectivo Huaxyacac propuso una reforma al Código de Procedimientos Penales del estado, para definir un procedimiento que hiciera efectivo el derecho al aborto por violación.

En 2009 se modificó la NOM 046 para establecer que en caso de violación, las instituciones de salud deberán ofrecer la anticoncepción de emergencia, así como el servicio de aborto legal.

En 2010 el IMO presentó por vía del Ejecutivo estatal una propuesta de protocolo para el aborto legal por violación, la cual fue aprobada por el Congreso local el 12 de agosto de ese año.

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