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“Centralazo”, la controversia peñista contra Oaxaca por reforma educativa: F. Sosa

Publicado por @Shinji_Harper el jueves, 17 abril 2014
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Oaxaca, México.- El dirigente estatal de Comuna Oaxaca Flavio Sosa Villavicencio calificó este jueves como “un centralazo” la controversia constitucional interpuesta esta semana por el presidente Enrique Peña Nieto contra el gobierno del estado, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por no haber adecuado las leyes locales a la reforma educativa federal.

 

Foto:www.50mm.mx

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La controversia presidencial, explicó, busca obligar de manera centralista a que la ley oaxaqueña sea sólo una calca de lo dispuesto en el ámbito federal, sin tomar en cuenta las necesidades y los procesos de la sociedad oaxaqueña para formular sus propias leyes relacionadas con la educación.

 

En ese sentido, el ex diputado federal y ex diputado local demandó a la SCJN respetar los procesos de consulta ciudadana que ya se realizan en el estado con el acuerdo del Ejecutivo, el Legislativo y el sindicato magisterial, con el fin de incluir en la reforma educativa local la perspectiva de la sociedad oaxaqueña, sin que ello viole el pacto federal.

 

Advirtió que, en cambio, las recientes reformas a la Ley General de Educación promovidas por Peña Nieto son inconstitucionales y violan el principio federalista que debe regir en la República, pues establece de manera centralista que el gobierno federal tiene el monopolio de los planes y programas de estudio, sobre los cuales los distintos poderes y sectores de la sociedad sólo pueden opinar.

 

“En un sistema realmente democrático y realmente federalista, en manos de las y los ciudadanos locales y sus representantes esperaríamos la definición de los contenidos de la educación y del modelo educativo que debe aplicarse en cada estado”, elementos clave que son definidos justamente en los planes y programas que la reforma educativa dejó como atribución de los escritorios centrales de la SEP.

 

El cupular y centralista Pacto por México, agregó en referencia al acuerdo entre partidos políticos con Peña Nieto para aprobar las llamadas reformas estructurales, “no consideró que la Constitución no debe ser un dique para frenar el desarrollo de las iniciativas locales, sino un espacio para la articulación del abanico de posibles soluciones emanadas de las realidades particulares que vive cada estado”.

 

En ese sentido, elogió el acuerdo de la sección 22 del SNTE-CNTE con el gobernador Gabino Cué mediante el cual se realiza una amplia consulta ciudadana para definir los contenidos de la reforma educativa en el estado, y consideró que ese debería ser un modelo a seguir por la Federación para reformular los cambios constitucionales y legales relacionados con la educación.

 

Calificó como necesario que en los estados se pueda diseñar, ejecutar y evaluar la educación sobre bases federales “no dirigidas a terminar con los poderes fácticos, como dijo en su momento el secretario de Educación, sino que, además de ello, busque construir a las y los ciudadanos que necesitamos para el país futuro que anhelamos”, por lo que “es necesario que se abra la discusión sobre el país que queremos y, para lograrlo, cuáles los mínimos que necesitamos de la educación”.

 

Esa base común, esa expectativa mínima sobre la educación, debe provenir del acuerdo amplio de nuestra sociedad, con la participación de todos los sectores de la sociedad.

 

Recordó que la “reforma educativa” federal en realidad estuvo destinada a normar las relaciones laborales entre el Estado patrón y sus obreros del sector educativo para liberar al Estado de las pensiones y el resto de los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación, convirtiendo en inconstitucionales los derechos establecidos en el artículo sexto de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establece la permanencia de las plazas.

 

“En el mismo sentido corre la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente, que no sólo atropella los derechos de las y los trabajadores de la educación, sino que es una iniciativa centralista, que echa por tierra los principios de lo que podría ser el federalismo en la educación, y de manera perversa deja a las autoridades locales como simples operadores de las disposiciones del centro”, señaló.

 

“Hace falta una verdadera federalización, hace falta un auténtico federalismo educativo, y a la luz de éste redefinir las responsabilidades entre el gobierno federal y los estatales, y de uno y otros con las comunidades educativas”, expuso finalmente.

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