Soledad JARQUÍN EDGAR
Oaxaca, México.- .- Hace apenas unos cuantos días se dio a conocer que la Secretaría de Gobernación habría aceptado la solicitud de la asociación civil Las Libres, que preside Verónica Cruz, para emitir una alerta de violencia de género en el Estado de Guanajuato, que tendrá que ser analizada por un grupo de trabajo.
Esta es una información muy importante, se trata de la primera vez que en México ocurre semejante acción, a pesar de que existe desde el año 2008 y del grave problema de violencia de género que afecta a las mujeres y niñas mexicanas: la violencia feminicida y el feminicidio.
Por “razones” políticas más que de otra índole durante años fueron rechazadas las solicitudes de alerta de violencia de género que presentaban organismos de la sociedad civil, ya que quienes determinaban sí era o no aceptada una petición era un Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, integrado por institutos estatales de la mujer, donde sus titulares responden a los intereses (incluso partidistas) de sus gobernadores.
Es de recordar el escándalo causado en el Estado de México, cuando los organismos de la sociedad civil demandaron la declaratoria de alerta de violencia de género, luego de las elevadas cifras de feminicidios, los institutos –la mayoría procedentes de gobiernos emanados del PRI- rechazaron la solicitud ante lo que ya era evidente, el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, sería el candidato presidencial.
Tampoco tuvieron mayor impacto que el mediático, las peticiones en ese sentido hechas por organizaciones no gubernamentales en entidades como Morelos y el mismo Guanajuato, y más recientemente en Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala y otras entidades del país, cuya respuesta fue política ante una demanda humana de derechos de las mujeres y de seguridad social, lo que desafortunadamente costó, al paso de los meses y años, la vida de muchas mujeres y niñas en todos estados donde las organizaciones pidieron accionar el mecanismo que busca que los gobiernos estatales respondan con acciones.
Porque finalmente la Alerta de Violencia de Género no es otra cosa que un mecanismo para proteger los derechos humanos de las mujeres en un contexto de violencia y demanda una intervención urgente de las autoridades, de todas las autoridades para atender una problemática tan grave como es el feminicidio.
La alerta de violencia de género, dicen quienes saben, ahora tiene más dientes y será menos política. Lo sucedido recientemente en el caso de
Guanajuato parece dar la razón a las opiniones vertidas en noviembre pasado por Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres 22/03/2014), al anunciar que ya no serán las titulares de los institutos de las mujeres del país que integran el famoso Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres quienes aprueben o desaprueben las solicitudes en ese sentido.
A, explica el funcionario en ese comunicado de prensa, será un grupo de trabajo conformado por dos académicas locales, dos académicas nacionales, un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un representante de Inmujeres, uno o una más de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y uno del mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad donde se pretenda aplicar la alerta, como llaman a los institutos de las mujeres, gracias a las modificaciones publicadas el pasado 25 de noviembre de 2013.
En el mismo sentido de pronunció la presidenta de la Las Libres, Verónica Cruz, en una entrevista para Animal Político el pasado14 de abril, donde la activista confirma que se esperan que la Secretaría de Gobernación dé “luz verde” para proceder en esta solicitud y de ahí se pueden tomar dos caminos: el primero es que este grupo “hará recomendaciones muy específicas al gobierno del estado para que en seis meses haga lo que tenga que hacer de acuerdo a las denuncias de violencia, y evaluará si disminuyen o no los feminicidios en el estado” y el otro camino “es que directamente Gobernación emita la declaración de alerta de género, aunque el gobierno del estado no quiera´”, agrega Verónica Cruz al mismo portal.
Esa es la buena noticia, desde la opinión del funcionario de Inmujeres, la alerta de género ya no será un asunto político, ahora será decisión de las expertas y la mejor parte es que finalmente este mecanismo que se había empolvado podría empezar a caminar.
Sí el reclamo de las guanajuatenses a través de Las Libres es atendido, detrás esperan una larga lista de organismos sociales que han reclamado se aplique la misma figura en otras entidades como resultado de la insultante violación a los derechos humanos de las mujeres, que frente a la omisión del Estado, da como resultado lo que hoy vemos y proclamamos la actitud de valemadrismo que aplican en algunas entidades, como Oaxaca, donde las cifras de feminicidio crecen y crecen sin que nadie parezca inmutarse, por eso decimos ¡Y Gabinón como si nada!
Hoy estamos hablando de más de 280 asesinatos de mujeres en lo que va del gobierno que encabeza Gabino Cué y unos 30 feminicidios en este 2014, según reportes de la prensa local.
Preocupante para algún sector, para las familias afectadas, para los cientos de huérfanos, para la sociedad consciente y también para esa parte que se inmoviliza y que complementa con la preocupación, cuando parece que un efecto cucaracha afecta a Oaxaca o porque se desataron los demonios y se observa en el incontable número de víctimas que aparecen en los medios locales ejecutados, por razones “políticas” o desconocidas, por los secuestros que se comentan en voz baja entre determinados grupos sociales porque se prefiere no hacer escándalo y los inocultables asaltos…una realidad que no nos gusta.
En estos momentos, si las organizaciones sociales hacen bien el trabajo, como lo hicieron Las Libres en Guanajuato, podrían hacer que Gabinón eche sus barbas a remojar, porque las cifras de Guanajuato son semejantes a las de esta entidad.
@jarquinedgar
