| | Oaxaca de Juárez |
Lunes 15 de abril, 2024.
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Así lo acusaron médicos y especialistas en el tema, quienes criticaron la inasistencia de legisladores y funcionarios al foro “Violencia obstétrica: oportunidades y retos para la legislación y las políticas públicas en México”, realizado hoy en la Cámara de Diputados.
Como parte de la conmemoración hoy del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México organizó un encuentro para posicionar el tema y en conjunto con autoridades sanitarias y legisladores proponer alternativas de solución.
Se esperaba la presencia de los diputados por el PRD Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Junta de Coordinación Política, y Lourdes Amaya Reyes, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja; al igual que de Susana Cerón, directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, dependiente de la Secretaría de Salud, y Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Sin embargo, ni los legisladores ni las funcionarias federales asistieron.
La también perredista Marta Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, llegó con cuatro horas de retraso y sólo permaneció unos minutos entre el público.
La ausencia de legisladoras y funcionarias provocó el descontento de las y los ponentes, así como del público presente, quienes esperaban compromisos puntuales en la esfera legislativa para que la violencia obstétrica se contemple en las normas mexicanas. Actualmente este tipo de violencia sólo está contemplada en las leyes locales de Durango, Veracruz, Guanajuato y Chiapas.
A lo anterior se agrega que según el Observatorio de Medios de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), desde mediados de 2013 hasta la fecha se han denunciado 25 casos de mujeres que han parido en condiciones inseguras tras ser rechazadas por los servicios de salud en nueve estados; la mayoría de hechos reportados en Oaxaca.
La denuncia de esos casos registrados hasta marzo pasado fue llevada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el Estado mexicano aseguró que “no se trataba de una violencia sistemática”.
MOLESTIA
En la primera mesa, Roberto Castro, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, reprochó la inasistencia de las y los tomadores de decisión al explicar que la violencia obstétrica no se reduce a las malas prácticas médicas, ya que hasta ahora las alternativas han sido capacitar al personal sanitario o despedirlo, lo que es un paso pero no resuelve el problema, aclaró.
Sostuvo que este tipo de violencia es un problema integral del sistema de salud que se agrava con la desigualdad de género, además de que es una de las múltiples agresiones que viven las mujeres en su ciclo de vida.
Roberto Castro recordó que la atención ginecobstetra es la que más consultas brinda y también la que más quejas tiene ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (877 denuncias), lo que evidencia la urgencia de buscar soluciones integrales.
Rosario Valdez, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, dijo que no es la primera vez que tomadores de decisión no asisten a estos foros, y aunque es primordial la participación de la academia y la sociedad civil “lo transcendente es construir el diálogo con ellos para que lo que se investiga y se denuncia no quede sólo en eso, y ellos hagan lo que les toque para que realmente cambiemos la vida de las mujeres”.
La experta comentó los hallazgos de un estudio realizado en hospitales del estado de Morelos, donde se encontró que además de que en la mitad de los partos se aplican cesáreas (lo que excede el porcentaje recomendado por la Organización Mundial de la Salud), los tactos vaginales son la maniobra de la que más se quejaron las mujeres.
Mediante encuestas se reportó la realización de uno a 40 tactos vaginales durante el trabajo de parto, además de que el 19 por ciento de las mujeres refirió algún tipo de violencia verbal.
Valdez abundó que también se detectaron deficiencias en la infraestructura e insumos sanitarios, además de una sobrecarga laboral para el personal de salud
Lo anterior –precisó– deja en claro que la erradicación de este flagelo debe plantearse desde una visión integral que no sólo incluya sanciones administrativas para el personal médico, y que en su lugar incluya la formación académica desde las facultades de medicina y con propuestas de políticas públicas en salud.
Igualmente, Luis Alberto Villanueva, director de investigación de la Conamed, criticó la ausencia de las y los legisladores y funcionarias al recordar que el foro se organizó para abordar la violencia obstétrica como una de las causas de MM en México.
“Es lamentable, porque a los que estamos comprometidos en este tema nos tratan con un doble discurso: somos convocados, venimos, pero siempre hay un tema más importante, una enfermedad más grave o un evento de mayores reflectores para no asistir y escucharnos”, dijo Villanueva visiblemente molesto.
Agregó que la violencia obstétrica es un problema que está marcado además por la negativa del sistema de salud a reconocer que existe el problema, así como con la falta de acceso a la información para las mujeres víctimas y sus familiares.
Por ello, planteó la creación de un modelo de atención materna con perspectiva de género e interculturalidad, como parte de una política pública para atender el parto y el puerperio.
Al final, la diputada por el PRD María del Socorro Ceseñas Chapa, secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se comprometió a nombre de las legisladoras ausentes a retomar las propuestas del foro para que se traduzcan en acciones legislativas.
Cabe destacar que el pasado 30 de abril, el Senado aprobó una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir a la violencia obstétrica dentro de los tipos de agresiones de género. La minuta fue enviada desde esa fecha a la Cámara baja y aún está a la espera de ser aprobada.
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