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Fallo en Argentina responsabiliza a Estados por feminicidio.

Publicado por @Shinji_Harper el martes, 12 agosto 2014
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Por: Norma Loto

Oaxaca,México-Si la violencia de género es un degradante de los Derechos Humanos (DH), los Estados tienen el deber de ser garantes de una vida sin violencia para las mujeres.
Esto, que en el presente parece un razonamiento indiscutible, es una de las principales fallas de los Estados, ya que los mecanismos de protección a las víctimas no están agilizados.
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Sin embargo, el pasado 24 de julio se dio a conocer un fallo judicial en la ciudad de Córdoba (centro-norte de Argentina) que marcó un punto de inflexión respecto a la responsabilidad estatal en casos de feminicidio.

Ese fallo responsabilizó en parte al Estado argentino por un feminicidio ocurrido en 2000, cuya víctima fue una joven de 19 años, asesinada junto a su hijo de seis meses por su ex pareja. La mujer había denunciado varias veces a su agresor y nunca fue escuchada.

Ahora, a 14 años del hecho, la justicia cordobesa obligó al Estado a indemnizar a la familia de la víctima con una suma de 100 mil pesos –cerca de 12 mil 210 dólares– por los daños morales sufridos.

La sentencia fue dictada por la Cámara Quinta en lo Civil y Comercial de Córdoba y fue rubricada por la juez Claudia Zalazar y sus colegas Rafael Aranda y Joaquín Ferrer.

“El Estado tiene el deber de diligencia reforzado, que lo coloca en una posición de garante ante el riesgo de violencia basada en el género”, argumentó la juez Zalazar.

Ese fallo sentará un precedente sobre la responsabilidad que debe asumir el Estado en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Ese deber surge de la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) de octubre de 1994, ratificada por Argentina mediante la Ley 24.632, la cual dispone que los Estados Parte deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, tanto a nivel legislativo como administrativo.

La magistrada indicó a la prensa que, para resolver el caso, se basaron en el fallo de María da Penha en Brasil, en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado por omisión, negligencia y tolerancia en relación con la violencia doméstica contra las mujeres brasileñas.

Entonces la CIDH consideró que hubo responsabilidad estatal por la falta de cumplimiento de los deberes de respeto a la vida, integridad física, psíquica y moral, seguridad personal y dignidad personal, así como su igual protección ante la ley y a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes.

Zalazar relató a la prensa que la joven cordobesa víctima de feminicidio “había hecho reiteradas denuncias ante la policía, y entendemos que esta descoordinación y la falta de interés es lo que ayudó a provocar este desenlace”.

La titular de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, Fabiana Tuñez, dijo a SEMlac que se trata de “un caso muy importante, que tiene que ver con el resarcimiento de las víctimas colaterales en situaciones de violencia de género.

“Si importante es el sostenimiento psicológico y afectivo, también lo es el plano concreto de las hijas e hijos de las víctimas de feminicidio. Este fallo sienta un precedente y ojalá puede replicarse en todo el país”, añadió.

CAMINO A LA DENUNCIA

El fallo de Córdoba se da en un país donde, en 2013, se registraron 295 crímenes de esta naturaleza, según el Observatorio de Femicidios que funciona en La Casa del Encuentro. Es decir, que cada 30 horas una mujer fue asesinada.

La decisión de la justicia cordobesa busca resarcir la situación de una de las tantas víctimas de violencia que no es escuchada y queda encerrada en una espiral de denuncias estériles. A la vez, cuando una mujer toma la decisión de denunciar al agresor, su testimonio es tomado como una exposición policial y no como denuncia.

Tuñez analiza esta situación y define que la toma de exposición es una “forma de no darle entidad y seriedad a la situación que está atravesando esa mujer. La policía debería protegerla de forma más efectiva y explicarle que debe hacer una denuncia, porque en realidad la exposición va a parar al bote de la basura.

“La exposición no forma parte de la causa penal, por eso es importante que se tome la denuncia por violencia de género para que intervenga el juzgado y, desde el primer momento, poder evaluar las medidas de protección y judiciales pertinentes para lograr el cese de esa violencia y la sanción al violento”.

En el camino para llegar a la denuncia también existen escollos personales, entre ellos el temor de la víctima a denunciar. Tuñez afirmó que el temor “es lógico”, al tratarse de una mujer que está continuamente sojuzgada y violentada por el agresor. Esa mujer considera que esa persona tiene todo el poder”.

La experta consideró que se debe fortalecer la asistencia integral a las víctimas de violencia de género que quieren hacer la denuncia.

“No toda mujer está en condiciones de denunciar. Hay que trabajar, primero, en su fortalecimiento individual, en la posibilidad de que empiece a identificar las redes a su alrededor para conseguir apoyo y contención necesarios en familiares y amistades”, comentó.

“También para que ponga en palabras lo que le está sucediendo para que, finalmente, pueda llegar a la última instancia bien parada y sostenerse”.

La mujer que decide denunciar está pidiendo contención y asistencia, y en ese momento los mecanismos del Estado debieran ser garantes de protección. De nada vale que la denuncia sea tomada, si ella debe volver a la casa donde convive con el violento.

Tuñez explicó que se necesitan dispositivos de asistencia económica, de vivienda, que brinden la garantía necesaria para que la mujer denuncie y la sostenga en el tiempo.

“La mujer que denuncia –continuó Tuñez– no recibe explicación de todos los pasos que deberá seguir. Porque luego tendrá que ratificar la denuncia, aparecerán las medidas de protección y los recursos que tiene el Estado para ella, entre otros aspectos”, precisó.

La experta remarca que, pese a los interesantes avances en materia de derechos de las mujeres, hay un bache en lo referente a la asistencia integral a las víctimas.

“Una cosa es que una víctima sea atendida por un equipo interdisciplinario en el momento de hacer la denuncia, para hacer la evolución de riesgo, y otra muy diferente sostenerla en el tiempo para que esa denuncia pueda seguir su curso y ella se pueda defender del agresor”, destaca.

En esa mirada integral deben evaluarse los aspectos más ínfimos, como las distancias que debe recorrer una mujer para llegar a la justicia.

Una mujer que vive en una ciudad tiene fácil acceso a los mecanismos de denuncia; sin embargo, desde lugares distantes de los centros urbanos, a veces no tiene la posibilidad de seguir con la denuncia por cuestiones de tiempo, organización familiar e incluso el factor económico para poder trasladarse a la policía o al juzgado.

“Por eso consideramos que la puesta en marcha del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres pueda aplicarse en todo el país”, indicó Tuñez.

Respecto a la asistencia, la abogada mexicana Ana Lorena Delgadillo manifestó a SEMlac, en septiembre de 2013, que los Estados deben llevar a cabo medidas estructurales que nada tienen que ver con el penalismo, sino con la prevención.

“Es la única forma de ir bajando paulatinamente la violencia contra las mujeres. La prevención se tendría que dar en un nivel primario y elemental, de la mano de la educación, el trabajo, las oportunidades, entre otros factores, pues el derecho penal no resolverá problemas tan arraigados en la sociedad”, sostuvo la integrante de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

PATRIA POTESTAD

La Casa del Encuentro ha presentado un anteproyecto de ley que propone que se les retire la patria potestad a los feminicidas.

“Es una de las asignaturas pendientes que se tiene con los hijos e hijas de una víctima de feminicidio, quienes tienen derecho a una vida sin violencia. Por eso consideramos que el Estado debe garantizarles ese a quienes quedan sin madre a causa de un feminicidio. No podemos entender que un violento y asesino luego pueda brindarles educación, amor, cuidado y protección”, refirió Tuñez a SEMlac.

La coordinadora de La Casa del Encuentro refirió que, pese a que en Argentina está aprobado el agravante por violencia de género, “no todos los jueces lo aplican, por lo cual hay sentencias que son vergonzantes”.

Afortunadamente, el proyecto tuvo amplia repercusión en los medios, la sociedad y diferentes bloques legislativos, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, y podría llegar a tener un dictamen favorable para ser incluida en la reforma del Código Civil, explicó la especialista.

 

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