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Entregan documento sobre la adecuación de la Ley Estatal de Educación a GCM

Publicado por @Shinji_Harper el jueves, 21 agosto 2014
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Oaxaca, México-El Representante del Gobierno del Estado de Oaxaca en el Distrito Federal, Hugo Félix Clímaco se reunió con el Legislador Federal Fernando Rodríguez Doval y el Senador Juan Carlos Romero Hicks, quienes entregaron un documento dirigido al Gobernador Gabino Cué Monteagudo sobre la adecuación de la Ley Estatal de Educación.

Al respecto, es necesario señalar lo siguiente:

El Gobierno del Estado de Oaxaca tiene absoluta claridad de su compromiso con los preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Representante del Gobierno de Oaxaca recibe a diputados y senadores federalesLas disposiciones constitucionales en materia educativa están vigentes en la entidad y en todo el país al día siguiente en que fueron publicadas, es decir, son norma suprema desde el 12 de septiembre de 2013; esto nunca ha estado en tela de juicio, así como la imposibilidad de ir en contra de su contenido.

El proceso de adecuación de la Ley Estatal de Educación se ha realizado en un proceso de diálogo, donde han participado padres de familia, maestros y autoridades educativas, cuyo resultado fue remitido, el 14 de agosto pasado al Honorable Congreso del Estado, para que se resuelva lo conducente en ejercicio de sus facultades constitucionales.

En este tenor, el Ejecutivo de la entidad será respetuoso de las determinaciones que le corresponden al Poder Legislativo del Estado.

El Gobierno del Estado confía en que el Congreso Local logrará los acuerdos necesarios para crear un nuevo cuerpo legal educativo que permita superar los rezagos que enfrenta la entidad en esta materia, y atender la necesidad de mejorarla tomando en cuenta las preocupaciones políticas, sociales y legales que señalaron los legisladores federales.

Existe coincidencia en que ninguna ley estatal podrá ir en sentido contrario a lo que determine la Constitución, ni a lo que en las leyes generales se establece como obligación para las entidades.

En el ordenamiento que finalmente emita el Congreso del Estado, se podrá valorar por la sociedad, e incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de lo expresamente mandatado por la Constitución y las leyes generales aplicables.

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