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Derechos Humanos, en riesgo de quebranto en Oaxaca:

Publicado por @Shinji_Harper el sábado, 30 agosto 2014
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Oaxaca, México.- Existen serias resistencias para reconocer a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca la plenitud de sus funciones y atribuciones, lo que pone en riesgo y quebranta su autonomía, pues no tendría que estar sujeta a los ritmos que marca el Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, afirmaron los integrantes del Consejo Ciudadano de la institución en el mensaje que acompañó la presentación del segundo informe anual de actividades del organismo.

 

derechoshumanos2El mensaje elaborado por las consejeras ciudadanas Martha Julia Avendaño Córdova, María Eugenia Mata García y Sara Pilar Méndez Morales, así como por los consejeros José Bernardo Rodríguez Alamilla, Héctor Lorenzo Estrada y el presidente Arturo Peimbert Calvo, fue leído por Mata García este viernes 29 de agosto durante la ceremonia en que este informe de actividades fue presentado al pueblo de Oaxaca.

 

Durante la ceremonia de presentación del informe de la institución, el mensaje leído por Mata García a nombre de todas y todos los consejeros ciudadanos, puntualizó que un reto para el organismo es exigir el pleno respeto a su autonomía y que los recursos financieros para este organismo los debiera adjudicar el Congreso de forma directa a la Defensoría.

 

En presencia del gobernador Gabino Cué Montegaudo, el presidente municipal de Oaxaca, Javier Villacaña Jiménez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo Lagunas, los sacerdotes Alejandro Solalinde y Arturo Lona Reyes, entre otras personalidades, el Consejo Ciudadano expresó en su mensaje que el presupuesto otorgado el año pasado no cubría la totalidad de la estructura y que en este año se le hizo un recorte al mismo, lo que ha provocado que la Defensoría no pueda funcionar en su integridad.

 

El mensaje suscrito por la totalidad del Consejo, presentado en voz de Mata García, indicó que las limitaciones presupuestales impiden instrumentar plenamente lo que marca la Ley de la Defensoría, y por eso el tema presupuestario es un “talón de Aquiles” del organismo, pues limita una parte sustantiva para cumplir con la labor de defensa, protección y promoción de los derechos humanos.

 

En el mensaje, los consejeros recordaron que parte de estas situaciones han sido expuestas por el Consejo Ciudadano de la Defensoría en forma directa al gobernador Gabino Cué, quien ha expresado su preocupación y ánimo de resolverlas, pero “el tiempo pasa y la situación continua igual”.

 

El mensaje de los consejeros ciudadanos expuso que, a pesar del esfuerzo del personal operativo de la Defensoría para sacar adelante su trabajo, las limitaciones de recursos les plantean condiciones adversas para realizarlo, y las doce defensorías regionales, por ejemplo, no cuentan con todo el personal necesario para sus labores.

 

Asimismo, el mensaje de los consejeros destacó que no hay dinero suficiente para los viáticos de quienes deben ir a otros puntos de la entidad a realizar actividades de defensa, y por el retraso en la entrega de recursos en algunos casos el personal tiene que solventar gastos de la institución, lo que afecta su economía familiar, aunque posteriormente les restituyan tales egresos.

 

El mensaje del Consejo Ciudadano de la Defensoría señaló que es importante que las personas afectadas por violaciones a los derechos humanos conozcan las dificultades bajo las cuales trabaja la Defensoría, si bien tales trabas no justifican la ausencia de resultados sustantivos, aunque si influyen de forma importante en los logros.

 

Por ello, el mensaje de los consejeros ciudadanos hizo un llamado a los poderes del Estado para que generen las condiciones propicias para que la institución cumpla con su mandato.

 

Para finalizar, el mensaje suscrito por los consejeros ciudadanos subrayó la importancia de que la Defensoría cuente con presupuestos etiquetados y directos que le permitan operar plenamente, sin que se entiendan estos recursos “como un cheque en blanco”, sino que la propia ciudadanía y los órganos responsables de vigilar el desempeño, exijan transparencia y rendición de cuentas.

 

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