Por Lydia Cacho
Oaxaca, México-Quintana Roo (QR) es un éxito turístico, desde Cancún hasta la Riviera Maya hay lugares paradisiacos con servicios hoteleros impecables; ciertamente está entre los sitios más bellos del país.
Pero no es lo mismo visitarlo que vivirlo, en especial en los últimos tres años en que el gobernador Roberto Borge, de 35 años, ha establecido una política tiránica basada en el hostigamiento, persecución y silenciamiento de cualquier crítica, disenso o denuncia por actos de corrupción o discriminación.
“Quien critique al gobernador, critica al estado y daña la economía turística”, dijo Borge en una reunión con hoteleros. El priista cozumeleño se ha convencido de que el Estado es él y él es el Estado, de allí la justificación para escarmentar a sus críticos.
El 30 de agosto pasado ordenó encarcelar al periodista y activista maya Pedro Canché, quien días antes de su detención en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, QR, evidenció al gobernador por el desalojo de 100 indígenas mayas en plantón en las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), por el aumento en las tarifas del servicio.
Nueve personas fueron consignadas ante el Ministerio Público, les fincaron cargos de “motín, agresiones y ultrajes a la autoridad”; a Canché, quien documentó e informó de esos hechos, lo acusaron de “sabotaje”.
La zona maya, parte de Carillo Puerto, es una de las regiones más abandonadas por el gobierno estatal, está plagada de injusticia, pobreza, falta de servicios públicos y de salud; es visitada únicamente en procesos electorales con promesas perenemente incumplidas.
El racismo y discriminación contra la etnia maya es la gran deuda que QR tiene para sus pobladores originales. Pedro Canché ha dedicado más de 20 años de carrera periodística y como activista comunitario a denunciarlo y buscar la reivindicación de su pueblo.
El gobernador Borge y el procurador estatal, Gaspar García Torres, armaron uno de los expedientes penales más desprolijos de la historia local; acusar de sabotaje al periodista les permitió dictarle auto de formal prisión sin derecho a fianza. La justicia como instrumento de silenciamiento.
Resulta irónico que el procurador García Torres fuese anteriormente presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y quien encabeza los ataques sistemáticos a periodistas y activistas es nada menos que el defensor del pueblo, Lino Magos, que celebró en redes sociales la detención de Canché antes de que los medios la dieran a conocer.
La organización Artículo 19 ha documentado que en tres años el semanario Luces del Siglo ha sido clonado en 35 ocasiones para meter notas a favor del gobernador, además de los casos de medios de comunicación y periodistas quintanarroenses que, tras la publicación de información sobre la labor del gobernador Borge, son blanco de campañas de desprestigio provenientes de la red de trolls y bots encaminadas a denigrar su imagen personal y profesional.
Se observa un patrón: horas o minutos antes de que la información se difunda masivamente en redes sociales, Lino Magos, titular de la Dirección de la Defensoría Pública del Poder Judicial, y César Mortero, coordinador estatal del Movimiento Betonautas PRI.Mx, comparten en Twitter información falsa o dolosa de estos comunicadores.
Hay casos en los que el gobernador es quien encabezó los primeros ataques.
Se han documentado 22 casos bajo la misma dinámica, a pesar de que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establezca que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública con el objetivo de presionar y castigar… a comunicadores sociales y medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.
Borge no imagina siquiera lo que esta persecución ha desatado en la zona maya. Pedro Canché no está solo.
