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Ya son 6 años sin justicia en asesinato de ‘El Choco’, reportero de El Diario

Publicado por Naked snake el jueves, 13 noviembre 2014
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Oaxaca, México.-Al cumplirse seis años del homicidio del periodista de El Diario, Armando Rodríguez Carreón, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) reportó que tiene indicios para establecer la autoría intelectual y material del hecho, mientras que el móvil más sólido está relacionado con el trabajo profesional que realizaba la víctima.

A pesar del hecho, todavía no se solicita que se ejerza acción penal contra los presuntos responsables.

 cocoLas conclusiones surgieron a raíz de la entrevista que investigadores federales mexicanos sostuvieron con José Antonio Acosta Hernández “El Diego”, lugarteniente del grupo “La Línea” quien fue capturado en agosto del 2011 en la ciudad de Chihuahua, pero que fue entregado a autoridades de Estados Unidos donde fue juzgado y sentenciado a cumplir 10 condenas de por vida.

De forma extraoficial se obtuvo información en el sentido de que este hombre declaró que fue él quien ordenó asesinar a Rodríguez Carreón por escribir noticias que afectaban a su organización.

En torno al mismo caso, las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) abrieron un procedimiento administrativo contra los elementos estatales que tuvieron en sus manos las indagatorias iniciales dado que no existe cadena de custodia en el manejo de evidencia.

Ex funcionarios estatales, incluso algunos que ya están muertos, fueron llamados a declarar ante la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación de la FGE.

Fuentes al interior de la dependencia señalaron a la ex procuradora de Justicia en el estado, Patricia González Rodríguez, como quien generó la irregularidad ya que acostumbraba incumplir con los procedimientos establecidos y disponía de las pruebas a su antojo, tanto en el caso de Rodríguez Carreón como en otros.

Laura Angelina Borbolla Moreno, fiscal especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), advirtió que aunque no revelará los resultados de las pesquisas realizadas hasta ahora, puede decir que tiene adelantos.

“Se han tenido avances importantes, que por razón de sigilo de la indagatoria no puedo precisar, pero los ha habido”, expresó.

Entre los progresos se encuentran los indicios para establecer quienes fueron los autores.

Desde que la instancia a su cargo ejerció la atracción del expediente, en agosto del 2013, se han recabado declaraciones y documentación, dio a conocer la fiscal especial.

“Es importante señalar que aún y cuando no se había ejercido la facultad de atracción, esta Fiscalía realizaba la investigación de los hechos, por lo que una vez que se recibió el expediente por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, se continuó con la misma dinámica en la integración de la indagatoria”, asentó.

Borbolla Moreno precisó que cuando se realiza una indagatoria por homicidio siempre hay diversas hipótesis que se deben de seguir, tales como las personales, familiares, laborales y financieras, las cuales a medida que avanza la investigación se van descartando.

Sin entrar en detalles, indicó que no se han formulado nuevas hipótesis en torno al asesinato del periodista de El Diario.

La fiscal señaló que entre las diligencias realizadas la declaración de Acosta Hernández fue una que aportó datos relevantes, sin que precisara mayores detalles en razón de la secrecía de la investigación.

Ante la circunstancia de que José Antonio está encarcelado en Estados Unidos, la funcionaria puntualizó que el hecho de que se encuentre en otro país cumpliendo una condena no es obstáculo para que la autoridad que investiga un hecho delictivo, en su momento y de acuerdo a sus facultades, resuelva lo que conforme a derecho proceda.

De los motivos que los presuntos homicidas tuvieron para cometer el acto dijo que el ejercicio del periodismo es el seguimiento de investigación más sólido.

“Tan es así, que fue la razón por la cual esta Fiscalía ejerció la facultad de atracción”, explicó. “Se continúa con la integración y la resolución dependerá de las diligencias que se están desahogando”.

Aunque se solicitó una entrevista con el fiscal general del Estado, Jorge González Nicolás, para hablar sobre el caso, el funcionario argumentó que la indagatoria estaba en manos de la FEADLE y que no podía realizar comentario alguno.

 

INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO GENERA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LA FGE

 

Desde agosto del 2013, cuando la FGE entregó la carpeta de investigación del asesinato de Rodríguez Carreón a la FEADLE, surgieron a la luz pública las omisiones que se cometieron y que motivaron a que la instancia estatal abriera un procedimiento administrativo para establecer si existen responsabilidades en el manejo del expediente.

En medio de las diligencias se han citado a declarar a ex funcionarios de la FGE, incluidos algunos agentes que a la fecha ya están muertos, para tratar de esclarecer lo que ocurrió.

Borbolla Moreno declaró en noviembre del 2013 que estaba en busca de la colaboración de la Fiscalía local para esclarecer cuál fue el destino del vehículo y del teléfono celular que tenía la víctima al momento del atentado.

Aparentemente, dijo, las autoridades estatales aseguraron ambos elementos, pero cuando la FEADLE recibió el caso no encontró indicio alguno acerca de dónde estaban físicamente. Los artículos se requerían para ser objeto de pruebas subjetivas en materia pericial.

El vehículo fue entregado por el Ministerio Público a esta casa editora después de los hechos, pero está reportado como robado desde el 2012. El teléfono celular también se encuentra en poder de esta empresa luego que el Ministerio Público así lo dispuso, pero el contenido fue rescatado por la instancia federal.

A un año de distancia, la fiscal especial tiene conocimiento de que el automóvil, de la marca Nissan, fue entregado a la empresa periodística, su legítima propietaria, después de realizar las periciales correspondientes; sin embargo, desconoce el paradero del teléfono.

“En su momento se obtuvo la información que contenía y se analizó su relevancia. Finalmente, de alguna responsabilidad que pudieran tener los servidores públicos con relación al teléfono, será la Fiscalía General del Estado quien lo determine; tan es así, que por esa razón inició el procedimiento correspondiente”, señaló.

Una persona relacionada con el procedimiento administrativo reveló que en la carpeta de investigación del homicidio no existe la cadena de custodia ni del automóvil ni del teléfono.

“Era una práctica común que cuando Patricia González era la procuradora dispusiera de la evidencia sin cumplir lo protocolos requeridos, siempre mandaba a alguna de sus escoltas a que le entregaran tal o cual prueba y se las daban sin que hubiera constancias de recibido o cualquier otro comprobante”, comentó después de pedir que se omitiera su identidad.

Por razones de jerarquía y temor a represalias, ninguno de los funcionarios les puso “peros” a los enviados por la ex procuradora, lo que generó desorden en el caso de Rodríguez Carreón debido a este proceder.

Si se llega a determinar la existencia de alguna responsabilidad, se impondrán sanciones que van desde la amonestación, la suspensión y la inhabilitación. Además, si esa conducta se llegara a constituir en delito, entonces se tendrá que abrir una carpeta de investigación.

Entre las personas citadas, de las que algunas ya comparecieron, se encuentra el agente del Ministerio Público que llevó el caso, Eruvey Herrera Venzor, quien fue reubicado a la zona Centro de la FGE.

También compareció Edgar Gerardo Caro Ramírez, quien fungía como coordinador de la Unidad Especializada para Investigar Delitos Contra la Vida (UEIDCV). Tras del cambio de administración estatal, presentó su renuncia voluntaria al cargo.

Saúl Chávez Sandoval, quien fue el perito responsable del aseguramiento del teléfono celular y el embalaje de los casquillos percutidos, quien fue asesinado el 3 de junio de 2010, también fue requerido.

Otro citado fue Víctor Hugo Tovar Galaviz, quien entrevistó a la familia de la víctima. El agente y su compañera fueron acribillados el 15 de abril del 2012 en Paseo Triunfo de la República y Humberto Lara Leos. El oficial murió y la mujer quedó herida.

Carlos Soltero Cano, otro agente del Ministerio Público que fue el encargado de notificar del deceso al Registro Civil y fungía como coordinador de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, fue asesinado el 4 de febrero de 2010 en el fraccionamiento Fuentes del Valle.

 

INVESTIGACIONES NO HAN GENERADO ACCIÓN PENAL ALGUNA

 

La mañana del 13 de noviembre del 2008 Rodríguez Carreón salía de su casa, ubicada en el número 1313 de la calle Río Danubio del fraccionamiento Magisterial, para realizar sus actividades cotidianas alrededor de las 07:30 horas.

Un hombre se acercó por el lado izquierdo de la unidad que tripulaba el periodista y le disparó en 10 ocasiones con una pistola calibre 9 milímetros, causándole lesiones que en minutos lo desangraron y le causaron la muerte por shock hipovolémico, estableció la autopsia que se le practicó. Una de sus hijas lo acompañaba, pero salió ilesa.

Personal de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) se hizo cargo de levantar el cuerpo y realizar los peritajes conducentes para iniciar con la indagatoria oficial.

Los primeros datos de la indagatoria fueron dados a conocer en noviembre del 2009 por la ex procuradora, Patricia González Rodríguez, quien dijo que en el asesinato estaba involucrado un ex policía judicial que hasta 2003 fue parte del Grupo Zeus, se encargaba de investigar ejecuciones.

Juan Gabriel Dávila Antillón, alias “El Gaby” y/o “El Gato Viejo”, fue señalado por “un informante” que contó a los investigadores que en diciembre del 2008 escuchó una conversación en la que un hombre alardeó sobre la forma en la que su padre, el ex judicial, había asesinado al reportero.

El presunto homicida utilizó un vehículo Pontiac línea Grand Prix rojo, modelo 1991, que dejó estacionado en la esquina donde está un car wash. Después de dispararle abordó la unidad y se dirigió a la avenida Adolfo López Mateos, donde trasbordó a una camioneta Ford Lobo. Para realizar esta maniobra fue auxiliado por un hombre apodado “El Chino”.

González Rodríguez informó que un hombre apodado “El L-7”, con residencia en Brownsville, Texas, fue quien ordenó el atentado.

Esta hipótesis no avanzó ni generó movimiento judicial alguno.

Luego, en septiembre del 2010 el ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró ante periodistas que uno de los participantes en el crimen estaba detenido.

El sospechoso fue identificado como Hugo Valenzuela Castañeda “El Vale” o “El 3”, un ex policía municipal que fue asesinado el 8 de julio del 2010 cuando estaba en prisión.

El hombre declaró ante el Ministerio Público que Evaristo Rodríguez, conocido como “El 11” y que era cuñado de “El Diego”, fue quien lo mandó asesinar.  El motivo fue su trabajo periodístico en contra de “La Línea”.

El autor material fue “El 6” o “El Junior”, a quien le falta la oreja izquierda, también participó “El Arnold” en calidad de vigilante, se establece en el expediente.

El gatillero fue identificado como Julio Gómez o Julio Torres, quien fue asesinado cuando estaba preso en el penal de la ciudad de Chihuahua, se conoció a través la declaración de otro supuesto participante en el asesinato: Juan Alfredo Soto Arias, alías “El Arnold” o “El 7”.

El sospechoso mencionó en su declaración que él condujo el automóvil que abordó el asesino material, en el que esperó a Julio metros adelante de la escena del crimen.

En noviembre del 2012 la autoridad estatal dio a conocer un retrato hablado del supuesto autor material del asesinato.

Evaristo Rodríguez también fue policía municipal y fue asesinado en el 2010, indican archivos periodísticos.

La autoridad federal estableció que la quitaron la vida a Armando “por hacer muchas notas periodísticas en contra de ‘La Línea” y dio a conocer el nombre de otro ex judicial, a quien identificó como José Antonio Acosta Hernández “El Diego”, quien ordenó el homicidio.

A pesar de la versión dada a conocer por la PGR, la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra Periodistas (FEADP) regresó al estado el expediente con el argumento de que no encontró elementos de prueba que establecieran como móvil del crimen la actividad profesional de la víctima.

Finalmente, en agosto del año pasado la FEADLE atrajo de nuevo el expediente, aunque a pesar de los hallazgos realizados todavía no solicita acción penal contra alguno de los presuntos homicidas de Rodríguez Carreón.

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