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Congreso Latinoamericano de Justicia Intercultural

Publicado por Naked snake el sábado, 6 diciembre 2014
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ELISA RUIZ HERNÁNDEZ

OAXACA, México. (sucedioenoaxaca.com).- De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), México ocupa el sexto lugar entre los países con mayor proporción de población indígena con un 15 por ciento.

Oaxaca, uno de los 31 estados y el Distrito Federal que conforman la nación mexicana, ocupa el primer lugar a nivel nacional en diversidad cultural y lingüística; aquí conviven 15 pueblos indígenas y el pueblo negro afromexicano.

De los 15 grupos étnicos se deriva un aproximado de 176 variantes lingüísticas (INALI; 2008), que es superior a la que se registra en todo el continente europeo.

congresoEl 58 por ciento de la población se autoadscribe a alguno de los Pueblos Indígenas de la entidad y el 33.75 por ciento de 5 años y más habla alguna lengua indígena (INEGI; 2011).

Sin embargo, “el Estado mexicano ha hecho costumbre ignorarnos”, enfatizó Violeta Hernández Andrés, integrante del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (CEPIADET), al dar a conocer el Informe “Los pueblos indígenas frente a la Reforma Procesal Penal en Oaxaca”.

Lo anterior, en el marco del Congreso Latinoamericano de Justicia Intercultural que se concluye este sábado 6 en la capital oaxaqueña, con la asistencia de expertos de Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala y México.

La representante de CEPIADET puso el dedo en la llaga al comentar que, de entrada, la Reforma Procesal Penal jamás les fue consultada a los pueblos indígenas no obstante que el instrumento jurídico medular de la reforma es el juicio oral, es decir, el uso de la palabra hablada, incluidas las lenguas originarias.

Explicó que a fin de que todos los procesados tengan las mismas garantías, los juicios orales otorgan el derecho de un defensor con conocimiento de su lengua y cultura, y  asistencia de un intérprete, cuando se trate de un acusado que no hable español,  pero en México en general, y en Oaxaca específicamente, este derecho es inexistente en la realidad pues el Estado ha sido omiso al no proveer de traductores.

“En términos generales, la legislación procesal oaxaqueña, define como víctima a cualquier persona afectada en su esfera jurídica o trastocada en el bien jurídico protegido por la norma adjetiva penal; al efecto, los indígenas tienen una protección especial que es que el asesor jurídico debe conocer su lengua y cultura…”, menciona el informe comentado por Violeta Hernández.

 Agrega el documento que  si bien el artículo 27 del Código Penal de Oaxaca establece que ‘tratándose de los miembros de grupos indígenas se les nombrará intérprete si lo solicitan, aun cuando hablen español’, con esta redacción se delega al usuario (víctima o imputado) la responsabilidad de solicitar al intérprete y exime a la autoridad de tal obligación.

En el mismo informe se menciona que la legislación en Oaxaca, aunque establece que el derecho a un traductor es “irrenunciable y su violación producirá la nulidad absoluta del procedimiento”, sólo ofrece “procurar” que su defensor conozca su lengua,  pero no establece “obligatoriedad” como ocurre en leyes de otros estados como Chiapas, Michoacán o Puebla.

Al término de la exposición de Violeta Hernández, Raymundo Wilfrido López Vásquez, catedrático de Derecho y moderador de la mesa en la que también participaron Carlos Morales Sánchez de Litigio Estratégico Indígena A.C., Fausto Sandoval, profesor de San Andrés Chicahuaxtla y María del Carmen Novoa Cancela, del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C., concluyó que ése es el contexto en el que CEPIADET ha sido un agente de cambio en esta entidad y en el país.

“Ante la omisión del Estado de proveer traductores para garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en la aplicación de los juicios orales, CEPIADET alza la mano en defensa de estos derechos”, expuso.

En entrevista, el presidente de CEPIADET, Tomás López Sarabia, comentó al respecto que esta asociación provee de traductores y asesoría conforme con la ley, pero el reto ante los juicios orales es enorme para lograr cubrir las 175 variantes de lenguas indígenas que se hablan en Oaxaca.

 

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