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Empresarios innovan en Guerrero autoprotección

Publicado por Naked snake el sábado, 20 diciembre 2014
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 Oaxaca, México.-(CNNExpansión) — (NOTA DEL EDITOR: El siguiente reportaje es un texto complementario al informe especial: El Otro Mexican Moment de la revista Expansión, edición que circula del 19 de diciembre de 2014 al 15 de enero de 2015).

Los asesinatos, secuestros, extorsiones y cobros de piso en Chilpancingo, la capital de Guerrero, tiene tan cansados a los que intentan hacer negocios que, a diferencia de otros lugares, los empresarios aquí confían y hacen alianza con otros grupos más radicalizados, como las policías comunitarias, formadas por pobladores y campesinos para proteger sus territorios del crimen organizado.

“En otro lado no vas a encontrar esto, por lo menos aquí en la zona centro y norte del estado no hay otro sector organizado como éste, tan vertebrado”, dice en entrevista Jaime Nava, presidente local de la Coparmex y líder del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Desarrollo, una agrupación que surgió para exigir a las autoridades que frenen al crimen organizado.

El Consejo nació por idea de empresarios, pero participan por lo menos 36 organizaciones de diferentes tipos, detalla Nava, un joven publicista dueño de una imprenta. Hay sindicalistas, transportistas, campesinos, abogados, ganaderos, mineros, industriales del maíz y comisarios de policías comunitarias.

Uno de sus grandes aliados en el Consejo Ciudadano para la Seguridad es Bruno Plácido, líder de la UPOEG, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.

La UPOEG surgió tras una división de la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias), un sistema de autogobierno con más de 19 años en la entidad. Después de la ruptura entre líderes, en los inicios de la UPOEG, el propio exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, los financió para armamento, autos blindados, ambulancias y equipos de comunicación, de acuerdo con un informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A pesar de eso, Plácido criticó abiertamente la falta de justicia bajo el mandato de Aguirre.

“Estuvimos a punto de hacer nuestra vaquita para la UPOEG, de hacer nuestra coperacha de empresarios para financiarlos. A punto, pero no lo hicimos”, dice el constructor Adrián Alarcón, el vicepresidente de la Coparmex y parte del Consejo.

“Y no lo hicimos, porque fuimos prudentes, porque todavía a estas horas confiamos en la autoridad, que a eso ya se le llama masoquismo. Pero nosotros con Bruno mantenemos una estrecha relación, le tenemos cariño y afecto porque es un hombre bien intencionado, un hombre confiable, que ha dado más resultados que el mismo Ejército”, sostiene Alarcón.

La tierra de las autodefensas

Guerrero es uno de los estados con más sistemas de autodefensa y policía comunitaria, con sus propios esquemas de justicia. Hay en 46 de los 81 municipios, describe un informe de la CNDH.

La existencia se fundamenta, principalmente, en el Artículo 39 de la Constitución Mexicana, que señala: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. También en la Ley de Participación Ciudadana de Guerrero y la Ley de Seguridad Pública.

Bruno Plácido lo explica con sus propias palabras: “Creamos un sistema que llamamos policía comunitaria, no es otro concepto más que devolverle la seguridad a los ciudadanos y recuperar el derecho que le pertenece”.

Sentado en una cafetería del centro de Chilpancingo, continúa: “El problema original que causa todo este conflicto de la inseguridad, del narcotráfico, es la pobreza, de eso no hay discusión, ni le demos vuelta. Ése es el mismo contexto en toda la zona y en todo el país. Hay un sistema que hizo delincuentes, hay un sistema que empobreció, hay un sistema que dividió, hay un sistema que quiere controlar, porque administrar pobreza y riqueza, para ellos, y para nosotros, es un problema”.

La UPOEG tiene cuerpos de seguridad en por lo menos 17 municipios de la Costa Chica, la Montaña Alta, y localidades de Chilpancingo y Acapulco, mientras que la CRAC tiene presencia en más de 100 comunidades de la entidad, entra ellas está Tixtla, donde está la Escuela Normal Rural  Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

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“Levantamos la voz solicitando, exigiendo al Gobierno federal y al estatal, que se nos otorgaran las condiciones adecuadas para trabajar. Nosotros pedíamos armonía, pedíamos paz. La inseguridad de Chilpancingo estaba desbordante, no podíamos ni siquiera salir a la calle”, María Luisa Vargas, líder textil. (Foto: Jesús Almazán / Revista Expansión)

Los empresarios locales dicen que por más extraño que parezca, la simpatía que tienen con las policías comunitarias es porque ellos han visto cómo han logrado reducir hasta el 90% la inseguridad en sus localidades. Por eso confían en ellos.

El vicepresidente de la Coparmex suelta un deseo: “Yo soy empresario, pero yo los veo y quisiera andar con ellos, si te soy honesto; no me voy por mis hijitos, si no, ya anduviera con Bruno”. Y añade: “Nosotros no agarramos fusil, no lo sabemos usar”.

Un comerciante que de alguna manera sí ha acompañado a Plácido en conferencias de prensa y discursos públicos en comunidades ha sido Pioquinto Damián Huato, ocho veces líder de la Canaco y exfuncionario público priista.

De hecho, cuando el 28 de enero de 2014 lo persiguieron a la entrada principal de Chilpancingo para matarlo, y descargaron más de 120 balazos a la camioneta donde viajaba, Damián Huato regresaba de dar un discurso con Plácido en la localidad del Ocotito, donde había acusado a policías municipales y funcionarios públicos de estar coludidos con las organizaciones criminales.

El que paga es el consumidor

En entrevista, Plácido dice que los empresarios son víctimas, como todos, de un sistema que enriquece sólo a unos cuantos, donde quien termina pagando los platos rotos es el consumidor. El comisario tiene la mirada fuerte, viste de jean y calza huaraches, lleva dos smartphones y lo rodea un grupo de hombres discretamente armados.

“Yo nomás le quiero decir una cosa”, lanza Plácido, golpeteando con un índice la mesa donde está sentado. “Cuando los delincuentes cobran piso a un empresario, cuando el delincuente le cobra a los tortilleros, cuando el delincuente le cobra al que vende chilate en un pueblo, cuando el delincuente pide a tu hija que la mandes a un hotel, o cuando pide que le mandes a tu mujer a un hotel, primero: en esos últimos dos conceptos perdemos dignidad como ciudadanos. Y segundo: cuando el delincuente pide piso a diferentes sectores empresariales, quien paga más caro las consecuencias es la gente. ¿Por qué?”.

“Porque si al empresario tortillero le piden el cobro de piso, ellos incrementan el precio del kilo de la tortilla y lo paga el consumidor. Si a los aguacateros le piden cobro de piso, lo paga el consumidor que consume el aguacate. Si al empresario que tiene una carnicería le piden cobro de piso, lo paga el que compra la carne. Si el empresario que paga textil paga piso, se lo cobra al consumidor. Su sube la gasolina, el transportista o los medios de transporte suben el precio. ¿Y quién lo paga? El consumidor. Por eso es un sistema que ha empobrecido a todos”.

Los otros aliados

Entre los dirigentes que se han unido al Consejo Ciudadano está Apolinar Segueda, líder de de la Unión de Taxistas Democráticos (UTD). De los 60,000 transportistas que hay aproximadamente en Guerrero, de él dependen unos 3,000.

“Yo no soy empresario, yo soy líder de transporte; empresario es el dueño de su negocio, yo me alío con ellos, yo soy parte de un Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo, por eso yo puedo hablar en nombre de mi organización”, dice Segueda, abriendo más los ojos negros, debajo de unos lentes de pasta.

“Aquí Chilpancingo está totalmente anárquico. ¿Y quién se aprovecha de eso? Los que tienen fines perversos”, señala. Dice que siempre se ha negado a pagar los cobros de piso que les piden las organizaciones criminales a los dueños de taxis, que es de 5 mil pesos. “Aquí en Chilpo no da mi organización (la cuota). Y sí me da miedo.

Pero yo soy como Mandela: No es valiente el que no tiene miedo, sino el que sabe qué hacer con su miedo”.

Tiene taxis en Chilpancingo, en Iguala y Acapulco. Segueda asegura que no ha hecho denuncias abiertas con las autoridades, solo a la CNDH, porque dice que tienen temor de que el crimen organizado tome represalias.

“Mire, casi todos los empresarios no hacen denuncia, porque pues llegan enseguida los malosos”, señala.

Habla de lo que ha pasado con la gente de su gremio, suelta tres ejemplos de corrido.

Uno: “Tengo a un secuestrado, Eduardo. En Taxco, se lo llevaron allá por las grutas de Cacahuamilpa, no sabemos dónde está, pos’tará en las fosas de Iguala. Fue hace cuatro años, reciente. Es con (Ángel) Aguirre, ya estaba Aguirre”.

Dos: “Tengo un asesinado en Xochistlahuaca, Gustavo, lo secuestraron y le pidieron un millón, Nada más dieron 500 y lo mataron. Hemo’ ido a la Procuraduría con la viuda”.

Tres: “Tengo recientemente a dos chamacos que se fueron a Arcelia, ya encontraron el Jetta, pero a ellos no los encontraron. Están desaparecidos y en Arcelia hay crimen organizado”.

Dice que cuando atentaron contra Pioquinto Damián Huato, él participó en una marcha para pedir investigación y justicia. Aquella vez recuerda que dijo: “vamos a seguir luchando, ¿cómo van a masacrar a un amigo?, ¡fueron más de 120 balazos!”.

Un líder estatal de la industria del maíz y la tortilla en Guerrero, secuestrado por la organización criminal de Los Rojos, y que todavía debe dinero del millón de pesos que le pidieron para dejarlo con vida, dice por qué se ha unido con los empresarios de la Coparmex.

“Eso me lo hicieron a mí, pero a mis hijos no lo puedo tolerar, cuido esa parte y eso fue lo que me hizo llegar a la Coparmex, porque yo no estaba allí. Jaime (Nava) hizo esa campaña de exigir que entrara la Policía Federal, que nos cuidáramos entre nosotros, que exigiéramos más seguridad a Chilpancingo”, dice el entrevistado, en condición de anonimato.

“Quizá nos vemos como de izquierda, pero no lo somos. La necesidad nos hace levantar la voz y parecer más apegados a la gente de izquierda, pero es apegarse a un clamor general de seguridad para todos, sin importar las clases. No somos empresarios de muchos millones de pesos, somos pequeños empresarios que allí estamos”.

Los inicios del consejo

Cuando llegó a la Coparmex, hace un año y medio, Nava dice que seguramente su teléfono comenzó a sonar “más que el de la PGR”, porque prácticamente nadie denuncia por miedo a represalias. Eran afiliados y no afiliados que pedían apoyo ante secuestros y extorsiones. Dice que varios empresarios junto con él se empezaron a armar de valor y denunciar lo que sucedía con las autoridades municipales, estatales y federales, aunque lo primero que recibió fue una visita del Cisen.

“Te va a sorprender que te diga que cuando empecé en este ejercicio de combatir la inseguridad y la corrupción, mi casa fue cateada a las tres de la mañana. Yo estaba ahí y me tiraron como iguana; la inteligencia militar. A las tres de la mañana llegaron, tumbaron puertas y me revisaron todo y me dijeron: ‘Ay, usted disculpe, es que traemos una instrucción de realizar una inspección’”, cuenta Jaime Nava.

“Después hemos vivido con amenazas, hemos sido llamados a la Procuraduría, citados por alguna averiguación, hemos sido auditados por cuanto no te imaginas, pero estamos hablando de autoridades municipales, estatales y federales. Más allá que el Cisen”.

María Luisa Vargas, líder de 300 maquiladores, está al frente de la comisión de Seguridad en la Coparmex y es parte del Consejo Ciudadano. También ha sido amenazada y también tiene escolta las 24 horas del día, como otros cinco empresarios que son los más visibles.

“Levantamos la voz solicitando, exigiendo al Gobierno federal y al estatal, que se nos otorgaran las condiciones adecuadas para trabajar. Nosotros pedíamos armonía, pedíamos paz. La inseguridad de Chilpancingo estaba desbordante, no podíamos ni siquiera salir a la calle. Hubo una etapa en donde secuestraban por semana a dos o tres empresarios. Vivimos una psicosis, un miedo tremendo, y fue ese miedo el que nos unió a 36 líderes a conformar el Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo”, cuenta Vargas, una mujer de voz fuerte, de ojos verdes y tacones altos.

Ahora todos se cuidan a todos, dice, tienen sus propias estrategias.

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