No tengo miedo de ser llamado a rendir cuentas: Ulises Ruiz

El actual delegado político del PRI en Quintana Roo afirmó tener la conciencia tranquila pese a los señalamientos de haber ordenado detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales en contra de profesores de la sección 22 de la CNTE, así como de activistas de la desaparecida Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Ruiz aclaró que tales señalamientos son infundados porque ya fueron investigados por la Procuraduría General de la República durante el régimen del ex presidente Felipe Calderón y por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que los eximieron de responsabilidad legal. Ruiz fue entrevistado durante el informe de trabajo que rindió el diputado federal Martín Vásquez, quien fuera su secretario de salud en la zona del Istmo de Tehuantepec. En tanto, la Comisión de la Verdad de Oaxaca aclaró que no actuará con sesgo político y su alcance será hasta donde tenga que llegar para lograr justicia, para dar respuesta a las víctimas de derechos humanos, desde aquellos que estaban involucrados con el movimiento social, hasta los terceros afectados, dijo su presidente Alejandro Solalinde. Agregó que el mandato del organismo civil es investigar los hechos que motivaron violaciones a los derechos humanos en el periodo 2006 y 2007, incluso, desde antes de que se gestaran. Afirmó que serán llamados a cuentas todos los involucrados, desde funcionarios municipales, estatales, federales y hasta policías, militares y marinos Abundó que de lo que se trata es que haya una reivindicación de las víctimas y se logren instaurar medidas de no repetición, además de que se lleve a juicio a todos los responsables. Dejó claro que el resolutivo de la Comisión de la Verdad no será en blanco y negro, no estará dedicado a la CNTE ni a la APPO, sino que abarcará todo el espectro de ciudadanos agraviados, incluso, aquellos que fueron víctimas de ataques en por parte de los mismos maestros y activistas en las barricadas que fueron colocadas en las calles durante esa época. Aclaró que el hecho que su resolutivo se emita en marzo del 2016 es circunstancial, rechazó que se busque con el mismo incidir en las elecciones de gobernador de Oaxaca que se llevarán a cabo en ese tiempo. Alejandro Solalinde dijo que para la Comisión de la Verdad es importante señalar que "no es posible fincar responsabilidades a priori, no podemos aún señalar a las y los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos, ya que esto será resultado de la investigación que se realiza con una metodología basada en un enfoque de derechos humanos. "Lo que sí podemos afirmar es que se investigará la actuación de todos los servidores públicos que estuvieron en funciones en los años 2006 y 2007 en Oaxaca. "Se realizará un trabajo comprometido y exhaustivo, se revisará toda evidencia o prueba que nos permita comprobar la comisión de delitos, las faltas administrativas, las violaciones a los derechos humanos y en su caso la consumación de delitos de lesa humanidad", dijo. Por todo ello, abundó, la Comisión de la Verdad exhorta a la sociedad oaxaqueña a que acuda a brindar su testimonio o bien a contribuir con la información con la que cuente a fin de colaborar con este esfuerzo para la obtención de la verdad y la justicia. Aseguró que el éxito de la Comisión de la Verdad de Oaxaca dependerá en buena medida de la participación ciudadana, del respaldo de la comunidad y el involucramiento de las víctimas en todo el proceso de la investigación. Sin duda, dijo, en esta tarea es fundamental la contribución de las víctimas del conflicto, las viudas, los huérfanos, quienes perdieron su empleo, quienes fueron detenidos injustamente, quienes resultaron lastimados y dañados. Dejó claro que esta comisión quiere dejar en claro un mensaje: "no podemos permitir que se perpetúe la impunidad en Oaxaca, tenemos que sentar un precedente para que estos hechos no se repitan más". Durante los últimos meses de 2014 la Comisión de la Verdad realizó actividades de capacitación para el equipo de investigación con el consultor de Naciones Unidas, Víctor Rodríguez Rescia. Además sostuvo encuentros con instituciones públicas, organizaciones civiles, organismos de la iglesia e instituciones académicas y se ha solicitado información a las diversas instituciones del estado. Esta Comisión de la Verdad mantendrá una política de diálogo y puertas abiertas con toda la sociedad oaxaqueña. La Comisión de la Verdad goza de un presupuesto asignado por la Cámara de Diputados de 12 millones de pesos y cada comisionado recibe un salario mensual de 60 mil pesos.