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El caso Nisman, aún sin aclarar, desata una tormenta política

Martes 10 de febrero, 2015.
05:45 pm
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Buenos Aires. El 12 de enero de 2015, en pleno asueto judicial, e interrumpiendo un viaje que lo había llevado a recorrer Europa para festejar el cumpleaños 15 de una de sus hijas, el fiscal Alberto Nisman, al frente de la investigación sobre el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), decidió regresar imprevistamente a Argentina. Sólo un día después de llegar a Buenos Aires anunció que iba a presentar una denuncia contra la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el canciller, Héctor Timerman, el diputado y dirigente del movimiento juvenil de La Cámpora, Andrés Larroque, y los líderes sociales Luis D´Elía y Fernando Esteche por presunto encubrimiento de los iraníes acusados, mediante un pacto secreto con Irán por “intercambios comerciales”, que nunca existió. El 18 de enero fue encontrado muerto en su departamento y la rigurosa investigación continúa, para no dejar ningún espacio de duda en su conclusión final. El feriado judicial le permitía elegir el juez, y buscó Ariel Lijo, quien lleva causas creadas por denuncias basadas en informaciones periodísticas y sin pruebas contra funcionarios gubernamentales. El 14 de enero presentó la denuncia, generando un gran escándalo, sin aportar pruebas sobre esto, pero tampoco nada sobre el atentado que mató a 85 personas en 1994. nisman-GDe inmediato, la dirigencia opositora salió a respaldarlo porque esta noticia les permitía montar un fuerte ataque contra el gobierno en un año electoral. Prometía Nisman dar a conocer escuchas telefónicas (ilegales hasta ahora) para justificar su acusación y el 19 de enero iba a hablar de su denuncia ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, citado por la oposición, aunque iba a asistir también el oficialismo, que pedía hacer público este evento, y no cerrado. Las escuchas trasmitidas ilegalmente por un canal de televisión opositor de conversaciones entre dirigentes sociales y una persona de la comunidad islámica jamás podrían ser pruebas de nada. Pero su muerte conmocionó al país y, como era previsible, al mundo. En las declaraciones ante la fiscalía la ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien estaba en Barcelona con otra de las hijas del antiguo matrimonio, señala que éste la llamó el 12 de enero desde el aeropuerto de Barajas, en Madrid, para decirle que debía regresar urgente a Buenos Aires porque su madre se iba a operar de un brazo y que luego regresaría a Europa para continuar su viaje. Arroyo Salgado dice haber discutido porque se negó a que Nisman regresara con su hija a Buenos Aires y convinieron en que la dejaba en el aeropuerto para que su madre llegara a recogerla en Barcelona. A esto se agregó que la propia madre de Nisman, Sara Garfunkel, declaró en la causa que ella ya se había operado del brazo antes. Nisman había mentido a su familia en un regreso muy apresurado. Por eso la pregunta es quién lo llamó tan urgentemente para presentar una denuncia sólo dos días después de su regreso, nada menos que contra la presidenta. Fue la noticia bomba de comienzos del año y la diputada derechista Patricia Bulrich, de Unión Por Todos-Propuesta Republicana (PRO), organizó rápidamente que Nisman explicara la denuncia a una comisión del Congreso. Bulrich, quien habló varias veces con el fiscal antes de su muerte, está ligada a fundaciones estadunidenses aquí y de la misma manera la diputada Laura Alonso, destacadas ambas por apoyar a los sectores más fundamentalistas de Estados Unidos contra Cuba, Venezuela, Argentina o cualquiera de los países claves en la integración. El domingo 18 de enero por la tarde el fiscal Nisman fue encontrado sin vida, por su madre -llamada por dos custodios ante la falta de respuesta de éste dentro de su vivienda-. El departamento estaba cerrado por dentro, incluyendo la puerta de servicio, con una llave arriba que pudo abrir la madre y una común que estaba trabada por una llave y debieron llamar al cerrajero para que la abriera. El cuerpo de Nisman trababa la puerta del baño. Tenía un disparo en la cabeza, una pistola y un casquillo de bala calibre 22. Una imagen desoladora. Tenía 51 años y los primeros resultados de la autopsia realizada por reconocidos forenses con presencia de expertos peritos determinó que “no habían intervenido terceros”. Toda la información, incluyendo lo que se conoció después, mencionaba un disparo sólo a poco más de un centímetro de la sien derecha, lo que llevaba a pensar en un suicidio. La muerte se caracterizó como “dudosa” hasta que se terminen las pesquisas, algunas repetidas para que no queden dudas. La presidenta Fernández de Kirchner, en su primera carta en Twitter, nunca dijo que era un suicidio. Puso esta palabra entre signos de interrogación y en su segunda carta sostuvo con mayor precisión que no creía en un suicidio. En todo caso en un suicidio inducido, y no precisamente por el gobierno, ya que en realidad era el único afectado en este juego de servicios de inteligencia extranjeros y locales y la oposición, mayoritariamente dependiente de Washington y sus fundaciones. Desde Bolivia, el presidente Evo Morales definió certeramente esta situación: “le pusieron una emboscada a la presidenta argentina”, dijo al hablar de los sucesos. La oposición política local, que ya armó varios escenarios golpistas en el país, se tomó el hecho como una bandera para acusar al gobierno. Los medios de comunicación y, especialmente el grupo Clarín, comenzaron a especular. Es tal la intoxicación informativa que nadie sabe distinguir entre el informe de la fiscalía investigadora y los “juicios paralelos” que se escenifican en la televisión. Fue el gobierno el que insistió que la reunión en el Congreso fuera pública, es decir, que todo el mundo pudiera ver lo que se iba a debatir allí, lo que curiosamente la oposición rechazaba. La muerte de Nisman fue utilizada por los medios de comunicación opositores y de fuera del país para responsabilizar al gobierno, en una de las campañas más duras que se recuerde. El golpismo encubierto está siendo desarrollado por un sector de la justicia, una estructura decadente que nunca se democratizó, los medios de comunicación masiva, la oposición y la acción de los servicios de inteligencia locales que fueron desplazados por el gobierno y venían desde la pasada dictadura y antes de ésta. Pero, indudablemente, por Estados Unidos e Israel. El Estado israelí publicó en Estados Unidos un comunicado breve la mañana del 19 de enero sobre “la trágica circunstancia” de la muerte de Nisman, término que se utiliza para mencionar suicidio y el mismo día el secretario general de la DAIA, Jorge Knoblovits, dijo a los medios argentinos -como está registrado- que “creían que era un suicidio” y que esa entidad estaba preocupada por el destino de la causa. ¿Por qué luego cambiaron de rumbo? Exhortó a continuar con la causa -como si alguien hubiera mencionado abandonarla- y además a llevar a la justicia a los culpables del hecho y continuar con lo que estaba actuando Nisman. Es decir, mantener la acusación contra Irán, lo que significa continuar en el cerrado círculo que comenzó en julio de 1994 con pistas y testigos falsos.¿Qué hay en las sombras de esta causa? En la escena del crimen El colaborador cercano del fiscal fallecido, Diego Lagomarsino, “experto en Informática”, contratado por Nisman con un salario altísimo, fue a ver a su colega el sábado 17 de enero. El mismo se presentó espontáneamente a la justicia para decir que le había llevado un arma vieja, la pistola calibre 22 con que luego se suicidó. Primero dijo que le pidió la pistola para defenderse, pero en realidad concurrió dos veces al edificio donde vivía el fiscal supuestamente seguro y altamente vigilado como se ofrecía a los compradores de departamentos en el lugar. De la última visita en la noche no hay registros de salida. La denuncia publicada íntegra el día 20 de enero es absolutamente una pieza sin valor jurídico, por su redacción, sus contradicciones y la falta de pruebas. Las escuchas telefónicas ilegales, que un canal de televisión opositor dio a conocer también violando toda norma, no agregan nada. Al contrario, resultan hasta pueriles. Reconocidos juristas señalan que aunque todo lo que se dice fuera cierto no constituye delito porque nada de eso se realizó. El curioso -y desconocido en el medio- periodista colaborador en la web del Buenos Aires Herald, Damián Patcher, que en la madrugada del 19 de enero dio la primicia por Twitter que se había encontrado muerto al fiscal Nisman -cuando en realidad ya estaba circulando por diversas vías- decidió irse del país argumentando que tenía “miedo” ante posibles represalias. Pero lo extraño es que sale hacia Uruguay y sigue hasta Israel, donde dice pide refugio. Luego se sabe que Patcher es argentino-israelí y viajó con su pasaporte de Israel ¿Por qué pidió asilo, si era ciudadano israelí y estuvo tres años en el ejército de ese país? La sospecha aumentó cuando dio entrevistas a medios europeos hablando de la persecución de periodistas en Argentina, donde los medios opositores publican notas insultantes contra la presidenta y otros funcionarios, sin ningún problema. Otro dato importante a registrar El fiscal Nisman utilizaba un automóvil de alta gama de un yerno de uno de los denunciados como encubridor local en el caso AMIA. Y, además, ligado al ex agente de la CIAS, Frank Holder, de oscura historia en Centroamérica que como tantos ex agentes de otros países manejan agencia de seguridad locales. En Estados Unidos los sectores más recalcitrantes como el republicano Marco Rubio, Bob Menéndez y otros acusan a la presidenta y al gobierno sin prueba alguna, lo cual es una amenaza y una presión sobre la justicia local. La misma que ejercen los medios masivos de comunicación, que de diversas formas advierten a fiscales y jueces, que esta causa como la de la AMIA tienen que tener los “culpables” que ellos determinen. Quieren una destitución aparentemente “institucional “ del gobierno, un golpe blando, pero con muertes. No quieren la verdad Además de golpear a Argentina, en el mismo momento en que se acrecienta el golpismo en Venezuela contra el presidente Nicolás Maduro, dos países de subregiones (Cono Sur y Andina) intentan debilitar a los organismos de unidad e integración que se consolidan en América Latina. Si algo faltaba al terminar esta serie, se conoció que el presidente de Uruguay, José Mujica, desmintió la versión de que un diplomático de la embajada de Irán en Montevideo fue expulsado dos semanas antes por estar vinculado a la colocación de un aparente artefacto explosivo en las inmediaciones de la embajada israelí en esa ciudad. Versión que publicó el diario israelí Haaretz y levantada por varios medios en el mundo. ¿Qué están preparando los expertos en atentados de falsa bandera en nuestros países?

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