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Sin reparación del daño por asesinato de Nadia Muciño

Publicado por Naked snake el lunes, 16 febrero 2015
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Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias |Oaxaca, México.-A 11 años del asesinato de Nadia Alejandra Muciño Márquez por parte de su pareja, el crimen sigue impune al no haber sentencia contra el presunto homicida, y por la falta de reparación del daño a la que se comprometió el gobierno del Estado de México en 2011, cuando el titular era Enrique Peña Nieto.

En uno de los casos más emblemáticos del feminicidio que azota desde hace años a la entidad mexiquense, María Antonia Márquez Hernández, madre de Nadia Alejandra, aún mantiene la exigencia de castigo por el asesinato de su hija y que se cumplan las promesas de becas, seguridad social y créditos de vivienda para los tres hijos de la víctima, ahora adolescentes.

feminicidioNadia01IMG_6236cmlEl 12 de febrero de 2004 –cuando el gobernador de la entidad era Arturo Montiel Rojas–, Nadia Alejandra Muciño Márquez fue asesinada por su entonces pareja, Bernardo López Gutiérrez, y el hermano de éste, Isidro, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Derivado de investigaciones judiciales plagadas de irregularidades –según denunciaron desde un primer momento organizaciones civiles como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la familia de Nadia–, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) determinó en un inicio que la mujer “se había suicidado”.

Ese día fatídico, María Antonia Márquez abrazó el cuerpo sin vida de su hija Nadia, quien aún permanecía de rodillas y con una soga al cuello en el baño de su casa. Los tres hijos de la mujer (Carlos, Pepe y Fernanda López Muciño, de entonces cinco, cuatro y dos años de edad, respectivamente) habían presenciado el asesinato de su madre.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) de 2005 a 2010, 992 mujeres fueron ultimadas en el Edomex, por lo que como parte de un proceso para una eventual declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, actualmente se lleva a cabo una indagación de especialistas y funcionarios sobre la impunidad en estos casos y los que se han ido acumulando desde entonces.

ANOMALÍAS EN LA INVESTIGACIÓN

En entrevista con Cimacnoticias, María Antonia rememora el vía crucis judicial tras la muerte de su hija.

El día del asesinato, la PGJEM omitió recabar pruebas; en la averiguación previa no quedó constancia de que hubiera aseguramiento del área del lugar de los hechos ni de los objetos de la escena y no se fotografió la escena del crimen, a excepción del cuerpo de Nadia.

Al marcharse, las autoridades no cerraron la puerta, no resguardaron el lugar y tampoco hicieron una inspección completa.

En la ampliación de la inspección ministerial, el 26 de febrero de 2004, judiciales de la PGJEM volvieron a la casa de Nadia, pero no ingresaron porque se cambió la chapa; aun así se percataron de que varios objetos al interior de ella habrían sido quemados.

María Antonia Márquez recuerda que no cejó ningún instante en sus reclamos de justicia hasta que un año después, en 2005,  logró que se ampliaran las investigaciones para comprobar que su hija no se había suicidado sino que había sido asesinada por su pareja, quien incluso desde 2003 ya había sido denunciado por Nadia por haberla privado de su libertad durante una semana.

MARTIRIO QUE NO CESA

En 2005, el Ministerio Público consignó la averiguación previa por el delito de homicidio en contra de Bernardo e Isidro López Gutiérrez, alias “El Matute”, pero fue hasta octubre de 2009 que el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli dictó a Isidro sentencia condenatoria por homicidio calificado.

Sin embargo, cuatro meses después la sentencia contra Isidro López Gutiérrez fue revocada y se ordenó su libertad inmediata “al no acreditarse el cuerpo del delito”.

En 2012, la PGJEM detuvo a Bernardo, quien desde entonces está preso en el penal de Cuautitlán México y sigue sin recibir sentencia, porque –a decir de María Antonia– el homicida presenta testigos –entre ellos a su hermano Isidro– que no acuden a las audiencias a fin de prolongar el proceso penal.

Tras el asesinato de Nadia, sus hijos, Carlos, Pepe y Fernanda,   quedaron al cuidado de María Antonia, quien sobrevive de bordar vestidos de ceremonia y no puede tener un trabajo “de oficina” porque cada 15 días –desde hace 11 años– tiene que acudir a audiencias ante los tribunales que llevan el caso de su hija.

Los tres nietos de María Antonia, de ahora 16, 14 y 12 años de edad, respectivamente, son estudiantes de secundaria y preparatoria públicas, y ya han sido llamados a declarar tres veces respecto al crimen; en dos ocasiones sus testimonios fueron invalidados.

María Antonia y sus nietos siguen careándose con el asesino de Nadia, quien además basa su defensa en el desprestigio y descalificación de la víctima.

HISTORIA DE NEGLIGENCIA

Cuenta María Antonia que todos los días sin cesar tocó las puertas del Palacio de Gobierno del Edomex y de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México, para exigir justicia por el asesinato de su hija. Consiguió que en 2011 se instalaran mesas de trabajo sobre el caso.

Ese mismo año, el gobierno mexiquense –entonces encabezado por Peña Nieto– se comprometió a apoyar a la familia de Nadia con seguro médico, becas y un crédito de vivienda.

Las autoridades también prometieron “procurar y administrar justicia en relación al homicidio de Nadia”, y que informarían de los avances al respecto a través de reportes semanales.

A través de minutas –cuyas copias están en poder de Cimacnoticias–, los compromisos que a cuenta gotas obtuvo María Antonia quedaron signados por Saúl Bolaños Bolaños, subdirector de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Segob; y Juana Inés Jiménez Perdomo, en representación de la Secretaría de Gobierno del Estado de México.

Estos documentos también están firmados por Apolonio Espinoza Romero, encargado del Despacho de la Unidad de Derechos Humanos de la PGJEM; y Hernán Eleno García, jefe del Área de la Coordinación Jurídica y Consultiva del Poder Judicial del estado.

En 2013 la titular de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Edomex, Juana Inés Jiménez Perdomo, solicitó a María Antonia trasladar las mesas de trabajo –que eran en el Distrito Federal– hasta Toluca, capital del estado, porque supuestamente “se le dificultaba el traslado”.

Tras acceder a esa petición, las reuniones se llevaron a cabo durante tres sesiones más hasta que –sin mayor explicación– la funcionaria dejó de responder las llamadas telefónicas y recibir en sus oficinas a María Antonia.

A la fecha, de todo lo que se acordó en las minutas no se cumplió nada: ni una sola beca, nada de seguridad social para la y los adolescentes, ningún crédito de vivienda y tampoco los informes del avance en las investigaciones por el asesinato de Nadia.

En este 2015, la mayoría de los funcionarios que firmaron estos acuerdos ya están fuera de esas dependencias, y el actual gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, no ha dado ni un asomo de interés por resolver el caso y reparar los daños, acusa María Antonia.

PARA COLMO, AMENAZADA

María Antonia narra que vendió su casa en el municipio mexiquense de Nicolás Romero bajo la promesa de 2011 de que se le daría un crédito para una vivienda en un lugar seguro para ella y su familia, pero al no recibirlo tuvo que conseguir los recursos por cuenta propia para cambiarse tres veces de domicilio porque –según relata– ha recibido amenazas por parte de la familia de Bernardo.

La mujer, que acude a las manifestaciones del OCNF para exigir que se active la AVG en el Edomex, sigue siendo bordadora, pero está perdiendo la vista por la edad y la artritis que cada día que pasa le paraliza más las manos.

La mayor preocupación de Antonia en estos momentos es que desde hace un año tuvo que decidir entre seguir pagando la educación de sus nietos o llevarlos a su terapia psicológica en el DF.

Los hijos de Nadia, relata la mujer, quieren estudiar la universidad; Carlos quiere se arquitecto, Pepe desea ser chef y Fernanda pretende ser reportera o maestra, pero actualmente no saben si contarán con los recursos suficientes para poder hacerlo.

Aunque recibían hasta el año pasado terapia psicológica, María Antonia asegura que los tres jóvenes “son gente muy triste, son reservados, se guardan sus emociones y carecen de amistades”.

María Antonia, que ahora tiene 54 años de edad, es una de las víctimas secundarias de un feminicidio que, al día de hoy, sigue sin castigo en una especie de “juego perverso”, como ella le llama.

Actualmente sigue en integración la denuncia de 2009 en contra de los magistrados Alfonso Velázquez Estrada, Gloria Guadalupe Acevedo Esquivel y Rodolfo Antonio Becerra Mendoza, adscritos entonces a la Primera Sala Penal en Tlalnepantla, Edomex, por dejar en libertad a Isidro López Gutiérrez.

Lo mismo sucedió con la denuncia del mismo año en contra de los entonces funcionarios de la PGJEM, Emmanuel Vilchis Sandoval, Armando Lozano Coronel, Michel Aceff Sánchez, Jorge Riego Vázquez y José Escárcega Hernández, por las irregularidades y posibles delitos cometidos en la investigación del homicidio de Nadia.

Para María Antonia, la única justicia y descanso será hasta “que el responsable que se puede juzgar todavía quede en prisión y que sean sancionados los funcionarios que incurrieron en negligencia”.

 

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