Sin daño patrimonial ni perjuicios en la SSPO

 Oaxaca, México.-   En el Informe de Resultados número 498 practicado por la Auditoría Superior de la Federación, no se reporta afectaciones a la cuenta de la Hacienda Pública Federal adjudicada a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca.

·         La presunción de subejercicios de recursos federales al 31 de diciembre de 2013, corresponde a la totalidad de los recursos transferidos al Estado de Oaxaca y Gobiernos Municipales.

·         Los recursos presupuestales del ejercicio 2013, no generaron pérdida para la Hacienda Pública, al ser reprogramados para su aplicación en 2014, por lo que no se generó daño patrimonial ni fincamiento de responsabilidades para las dependencias estatales.

De acuerdo con el Informe de Resultados de la Auditoría número 498 practicado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), el Gobierno del Estado de Oaxaca informa a la opinión pública y a la sociedad oaxaqueña, que derivado de la fiscalización realizada por este órgano al FASP durante el ejercicio fiscal 2013, no se generó daño patrimonial ni fincamiento de responsabilidades a servidores públicos ni dependencias estatales encargadas de su ejercicio.

Se precisa que la Federación destinó al FASP un monto de 243 millones 396 mil 600 pesos, de los cuales 141 millones 588 mil 460 pesos se destinaron a la Secretaría de Seguridad Pública, lo que representa el 59% del presupuesto; mientras que a la Procuraduría General de Justicia del Estado, se asignó un monto de 101 millones 808 mil 140 pesos, lo que equivale el 41%.

De esta manera, el Gobierno de Oaxaca precisa que el subejercicio de recursos públicos del presupuesto 2013, por un monto de 119.8 millones de pesos registrados al 31 de 2013, corresponde al total de las dependencias del sector del gabinete de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, cuyo monto no generó perdida para el Estado de Oaxaca, porque fue reprogramado para su ejercicio en los primeros meses de 2014, de conformidad a las reglas de operación del FASP.

Cabe señalar que la transferencia de los recursos referidos por parte de la Federación al Gobierno del Estado de Oaxaca en el ejercicio fiscal 2013, se realizó en el mes de agosto de ese mismo año, lo que retrasó el proceso de licitación de los servicios y bienes que las dependencias estatales determinaron para su gasto.

Respecto al presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad Pública, la auditoría realizada se llevó a cabo con base en la evidencia documental y los registros presupuestales a cargo de dicha dependencia.

Del Informe de Resultados generado por la Auditoría Superior de la Federación, se puntualiza que el proceso de adquisición y reprogramación de recursos del FASP 2013 correspondiente al estado de Oaxaca, no ocasionó daños a los recursos de la Hacienda Pública Federal.

El Informe de Resultados de los Auditores consigna: “La Auditoría Superior de la Federación considera que el control interno para la gestión del fondo en el estado de Oaxaca es regular, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y la transparencia en su operación”, haciendo referencia a la entidad, no solo a la Secretaría de Seguridad Pública, ya que los procedimientos de contratación de bienes y/o contratación de servicios, así como el ejercicio de los recursos involucra a en su proceso a diversas dependencia e instancias de gobierno.

Por las consideraciones referidas, el Gobierno del Estado de Oaxaca niega terminantemente que haya un quebranto patrimonial, toda vez que los recursos subejercidos fueron refrendados en tiempo y forma para su aplicación en 2014, lo que de ninguna manera significa una pérdida de recursos, al considerarse factible su posterior ejercicio e incluso su reprogramación, de conformidad con las necesidades y compromisos establecidos por las Conferencias de Secretarios de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Conferencia Nacional de Gobernadores y el Consejo Nacional de Seguridad Pública.