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Otro mexicano asesinado por policías, ahora en California

Publicado por Naked snake el lunes, 2 marzo 2015
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Oaxaca, México.-.– La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó hoy que Ernesto Javier Canepa Díaz es el tercer mexicano asesinado en menos de un mes a manos de policías de Estados Unidos. Su muerte se registró el pasado viernes 27 de febrero. Le dispararon oficiales del Departamento de Policía de Santa Ana, California.

El asesinato del mexicano se da cuando a unas horas de que un indigente fuera asesinado también por policías de California.

A través de un comunicado, la dependencia federal dijo que esta muerte causa “una profunda consternación y molestia, pues se suma a los recientes fallecimientos de los mexicanos Antonio Zambrano Montes y Rubén García Villalpando, en Pasco, Washington y Euless, Texas, respectivamente, que involucran presumiblemente el uso excesivo de la fuerza”.

“Estos incidentes no pueden verse de manera aislada, el Gobierno de México ha hecho un llamado al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que, mediante su división de Derechos Civiles, acompañe la investigación de estos tres casos para asegurar que se conduzcan con transparencia y en su caso, se deslinde la debida responsabilidad penal o civil a que haya lugar. Asimismo, se suma al llamado de diversas organizaciones de la sociedad civil que señalan la urgente necesidad de avanzar en la revisión de las políticas y prácticas de uso de la fuerza”.

Karen Salazar Morales, Cónsul de México en Santa Ana, California, se reunió ayer domingo 1 de marzo con los familiares de Canepa Díaz y sus abogados. Se les ofreció toda la asistencia posible, el acompañamiento cercano a lo largo del proceso de investigación y de representación legal.

Salazar Morales también contactó a los Jefe de Policía de Santa Ana y al Fiscal del Condado de Orange, les dirigió misivas expresando su profunda preocupación por los hechos ocurridos, pidiendo una investigación exhaustiva y la actualización oportuna de los avances, al tiempo de solicitar se tomen las medidas que prevengan la repetición de incidentes similares.

En paralelo a la utilización de los canales diplomáticos ordinarios para solicitar una investigación exhaustiva, el Gobierno de México ha solicitado al Grupo de Consulta sobre Derechos Civiles de los Mexicanos en Estados Unidos (MCRAG, por sus siglas en inglés), explorar opciones legales que permitan responder a este incidente y a otros similares, así como estrategias para sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de que se revisen y mejoren las políticas y prácticas de uso de la fuerza de las corporaciones policiacas cuyo mandato es salvaguardar la seguridad física de los miembros de la comunidad y de los oficiales que la protegen.

Finalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que hay una “profunda preocupación por el efecto de fractura de confianza entre la comunidad hispana y las fuerzas policiacas que pudiera derivar de estos hechos” ya que es el tercer caso de un mexicano fallecido por el uso excesivo de la fuerza en menos de un mes. Hizo un llamado a las autoridades policiacas de Santa Ana, a establecer medidas de reconstrucción de la confianza que sienten bases firmes para la seguridad colectiva.

“En estos tres lamentables casos, el Gobierno de México hará uso de todos los recursos disponibles para velar por el interés de las familias de las víctimas, con el fin de que tengan pleno acceso a la justicia de conformidad con las leyes aplicables”.

OBAMA LLAMA A RECUPERAR CONFIANZA

Este mismo día, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, urgió hoy a la Policía a realizar “cambios” para recuperar la confianza perdida entre las comunidades de minorías, al recibir las recomendaciones de un grupo de trabajo creado tras los disturbios por la muerte a tiros de un joven negro en Ferguson.

“Es el momento de que hagamos estos cambios”, declaró Obama tras reunirse en la Casa Blanca con miembros de ese grupo, que entregó al Presidente un informe con recomendaciones tras tres meses de trabajo.

Se trata de “construir el tipo de confianza que necesitamos para continuar haciendo progresos en el futuro”, dijo Obama al subrayar que el objetivo es que las comunidades de minorías, fundamentalmente de negros e hispanos, se sientan “más seguras” y, a la vez, los agentes policiales se sientan “plenamente respaldados”.

Obama ordenó la creación del grupo de trabajo en diciembre tras los disturbios generados por la decisión de un gran jurado de no imputar al policía blanco Darren Wilson, que disparó y mató en agosto en Ferguson al joven negro Michael Brown, quien iba desarmado.

En las mismas fechas fue noticia el caso de un niño negro que murió en Cleveland (Ohio) por los disparos de un policía que confundió la pistola de juguete que portaba con un arma de verdad, así como la decisión de un jurado de Nueva York de no imputar al agente blanco que aplicó al afroamericano Eric Garner una llave de inmovilización que acabó con su vida.

En su informe presentado hoy a Obama, el grupo de trabajo aboga por una mayor supervisión del trabajo de la policía local, a través de la recolección y envío al Gobierno federal de todos los casos de agentes involucrados en tiroteos, letales o no, y en fallecimientos de personas en custodia.

Sobre el hecho de que los agentes lleven cámaras incorporadas a su uniforme o su cuerpo para grabar sus interacciones con civiles, el informe se muestra favorable a ello, pero también advierte de las preocupaciones acerca del respeto a la privacidad.

En diciembre, Obama anunció su intención de pedir al Congreso la inversión de 263 millones de dólares a lo largo de tres años para varias medidas relacionadas con las policías locales, incluidos 75 millones para conseguir que unos 50 mil agentes más lleven ese tipo de cámaras.

La tecnología puede jugar un rol importante para construir confianza entre agentes y comunidades, “pero no es una panacea”, advirtió hoy el Presidente.

Durante tres meses, el grupo de trabajo ha realizado siete audiencias públicas en diferentes ciudades en las que ha escuchado más de 100 testimonios, y ahora es el Departamento de Justicia el que debe revisar las recomendaciones para decidir cuáles se deben adoptar.

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