Estado fomenta la expulsión de mujeres migrantes indígenas

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa Cimacnoticias | México, DF.-Lejos de invertir para evitar la migración de personas de comunidades indígenas, el Estado mexicano aplica modelos económicos para expulsarlas, toda vez que impulsa proyectos que invaden los territorios, e impiden que la colectividad realice sus actividades económicas vinculadas a su entorno y su cultura. Lo anterior tiene un mayor impacto para las mujeres indígenas en contextos migratorios, a lo que se suma que el Estado no implementa políticas públicas para atender sus necesidades, se concluyó en la mesa de análisis “Mujeres y transformaciones socioeconómicas en México”, celebrada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La maestra en Administración Pública por la UNAM María de Jesús López Amador observó que programas federales “asistencialistas”, como Prospera, irrumpen en las costumbres de las comunidades, sobrecargan de trabajo y responsabilidades a las mujeres, y les impiden que sigan desarrollando sus actividades en el campo. Abundó que en medio de esa situación son las mujeres quienes más han resistido el fenómeno migratorio, que cada vez es más inseguro y violento, debido a que tienen más necesidad de incrementar su fuente de ingreso para asegurar su subsistencia y la de sus hijas e hijos. La también maestra en Género, Sociedad y Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) puso como ejemplo que las jóvenes indígenas (especialmente de estados como Veracruz, Hidalgo y Puebla) tienen una trayectoria migratoria importante desde los años 40, la cual se incrementó desde que el gobierno federal dejó de invertir en el campo. López Amador abundó que este abandono del Estado –que derivó en crisis económicas para las mujeres artesanas y dedicadas a ciertas actividades agrícolas– orilló a que la población femenina –indígena y no indígena– que emigra al extranjero aumentara hasta conformar el 27 por ciento de la migración total en 2010, según datos que la experta ha recopilado. Y sin embargo –advirtió la académica– nadie está vigilando las condiciones laborales y de migración bajo las que subsisten las trabajadoras indígenas en Estados Unidos, que incluso en México son las más marginadas. La especialista detalló que las trabajadoras migrantes indígenas experimentan en los países de destino múltiples discriminaciones, nulo acceso a servicios de salud, explotación laboral, entre otras violaciones a sus derechos. Pese a tal contexto adverso, las mujeres migrantes en general están enviando en promedio el 27 por ciento de las remesas totales que ingresan al país, de acuerdo con cifras que la maestra obtuvo de Bancomer. María de Jesús López Amador explicó que este desplazamiento de salarios que hace la población indígena femenina está destinado al sostenimiento del hogar y la familia (80 por ciento), y el resto (20 por ciento) a la sostenibilidad de las comunidades. No obstante –acotó– este ingreso sigue siendo insuficiente para el desarrollo pleno de las comunidades, por lo que el Estado no puede dejar su responsabilidad de garantizar condiciones de vida digna en las comunidades indígenas. Además, las mujeres que se quedan en estas localidades son jefas de hogar que incluso reciben menos remesas que los varones que se quedan en sus lugares de origen. López Amador detalló que si bien la población femenina receptora de remesas administra el recurso económico que reciben las familias, aún no están ocupando puestos de decisión y no tienen oportunidad de votar sobre la distribución de los ingresos. Además de que la infraestructura que se está generando en las comunidades no son espacios construidos para las necesidades de las mujeres, aun cuando son mayoría dentro de la población que se queda en los países de origen, dijo la experta. En conjunto, las mujeres indígenas en contextos migratorios enfrentan la transgresión a su lengua y costumbres, la separación familiar y la discriminación en su país de origen y en el de destino, por lo que la investigadora llamó a que se amplíe el marco de derechos para las indígenas migrantes, generar políticas públicas para la población rural, y desarrollar estudios más focalizados.