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CIDH debe pronunciarse contra criminalización de la protesta

Publicado por Naked snake el miércoles, 18 marzo 2015
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Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.- En América existe una tendencia creciente a criminalizar la protesta social, que se evidencia con la creación de leyes que regulan las manifestaciones callejeras, el uso excesivo de la fuerza y de la justicia penal, así como con las detenciones arbitrarias y otras acciones violatorias de los Derechos Humanos (DH).

De ello fue informada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por un total de 30 organizaciones civiles del hemisferio, que denunciaron las formas en las que los gobiernos buscan inhibir el derecho a la manifestación, y con ello impedir que se denuncie que las políticas públicas no son adecuadas.

En la audiencia temática “Protesta social y Derechos Humanos en América” –celebrada durante el 154 periodo de sesiones de la CIDH en Washington–, grupos como Cauce Ciudadano y los centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; de Estudios Legales y Sociales, y Nacional de Comunicación Social (Cencos), entregaron al mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) un informe sobre la creciente criminalización de la protesta social, que también impide la labor del gremio periodístico en el continente.

Stephanie Brewer, del área internaciocidhscjnnal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), señaló que en los países de América existe una fuerte tendencia a criminalizar la protesta, “en lugar de reconocerla como un derecho y una oportunidad para solucionar los problemas y los conflictos sociales”.

Ello al señalar que las manifestaciones públicas se vinculan con el fortalecimiento de la vida democrática, y a su vez “representan la última expresión (de la ciudadanía) ante un ciclo de demandas y falta de atención, que busca dar a conocer la problemática denunciada antes de dar paso a una conflictividad mayor”.

Brewer informó que en años recientes en al menos 17 países del hemisferio se ha documentado el uso abusivo de la fuerza policiaca durante las manifestaciones, el uso de la justicia penal para castigar las participaciones, y la adopción de legislaciones que intentan regular la protesta.

Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), alertó sobre la tendencia a crear leyes como en Colombia, país sudamericano donde se creó la Ley de Seguridad Ciudadana, que tipifica como delitos el cierre de vías y la afectación al transporte.

En 2013, en México se presentaron al menos 20 iniciativas legales para reglamentar la manifestación pública; mientras que el número de iniciativas presentadas en Brasil llegó a 21.

Gastón Chillier, director del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, enfatizó que la represión de la protesta y el uso abusivo de la fuerza han provocado incluso lesiones de muerte. Puso como ejemplo que en Venezuela se registran 43 personas fallecidas por responsabilidad de militares armados.

Chillier destacó que un grupo especialmente afectado son las y los periodistas y comunicadores, quienes se enfrentan, además de la criminalización y la agresión, a la confiscación de sus materiales y equipos de trabajo, a la represión, así como a los cordones policiales que impiden la cobertura de la prensa.

“Las agresiones al ejercicio periodístico también limitan el derecho a la protesta porque se limita su difusión”, observó.

El defensor argentino también denunció el uso de las llamadas armas “menos letales” que también resultan violatorias, el vacío normativo en los estándares nacionales para prevenir la criminalización de la protesta, y la impunidad en la que prevalecen los casos de represión y las agresiones.

Al finalizar la audiencia, las y los activistas pidieron a la CIDH desarrollar un trabajo de visibilización de estos temas, fijar estándares internacionales en materia de protesta social, y pronunciarse en contra de las leyes que estipulan permisos previos para realizar protestas sociales.

Es de mencionar que activistas, feministas y defensoras de los DH nacionales e internacionales –como la Nobel de la Paz Jody Williams– han señalado que en México la criminalización de la protesta social, en el caso de las mujeres, tiene un componente sexual.

 

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