PGR investiga a candidato de AN por narco

Eje Central Oaxaca, México.-Por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la PGR ordenó una investigación urgente contra empresarios y políticos de Puebla, uno de ellos actual candidato a diputado federal por el PAN, Mario Alberto Cruz González. En la lista de personas investigadas, de acuerdo con documentos oficiales en poder de EJE CENTRAL, también se incluye al expresidente municipal de Zacatlán, Raúl de Llata Mier; al encargado del Organismo Operador de la Feria de las Manzanas, Ernesto Escamilla García, y al empresario constructor Javier Hernández Orta.  Las investigaciones fueron radicadas en esa Unidad Especializada y el punto central de las pesquisas es Mario Alberto Cruz González, también empresario inmobiliario y constructor en Puebla, y quien es sobrino de Ignacio González Parada, el artífice de la salida de prisión del exlíder del Cártel de Jalisco, Rafael Caro Quintero, y señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como administrador de negocios del capo y del también capo Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”. Cruz González estudió arquitectura y en 2012 concluyó una maestría en Valuación. Fue líder del PRI en el municipio de Zacatlán, desde el año 2000 trabajó en el área de obras del municipio y por el partido tricolor ganó la alcaldía que encabezó entre 2011 y 2014. Pero cambió sus vínculos políticos y se acercó al PAN, a través de la estrecha relación que construyó con el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien al término de su gestión como alcalde lo designó como coordinador de delegados en el estado y este año lo colocó como candidato a diputado federal por el Distrito 2, que incluye 16 municipios ubicados todos el la Sierra Norte del estado y que cuenta con una riqueza de bosques y terrenos cultivables, además de que su ubicación geográfica al ser frontera con Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala, conforma un corredor entre el Golfo y el centro del país, y una región en donde el índice criminal ha aumentado en materia de robos, secuestros y homicidios. La investigación de la PGR se ordenó de forma urgente hace 15 días, como parte de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/069/2015. Entre los puntos centrales de la investigación es su vinculación familiar con Juvencio Ignacio González Parada, a quien las autoridades de Estados Unidos ubican como abogado radicado en Jalisco -aunque no existe registro de ello en profesiones de la Secretaría de Educación Pública-, pero nacido en el municipio de Tepeaca, Puebla, y señalado como el administrador o representante de empresas como Grupo Cinjab, Urbanizadora Nueva Italia y Grupo Impergoza, en las que aparece en distintos documentos notariales desde que fueron fundadas en Jalisco entre 2008 y 2009, y en todas ellas aparecen también como dueños familiares de “El Azul”, ya sea su ex María Guadalupe Gastélum Payán o los hijos de ambos. Son compañías constructoras e inmobiliarias, responsables de edificaciones de condominios de lujo y centros comerciales. Cruz González, de 41 años, también se le vincula con lazos familiares con Ignacio González Hernández, hijo de Ignacio González Parada, lo mismo que con Janette Iliana González Linares, señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto con el abogado José Aviña Bribiesca como representantes legales de Caro Quintero y Esparragoza Moreno, en especial con la empresa inmobiliaria Bona-Habitat con sede en Guadalajara. Pero en el caso del expresidente de Zacatlán recaen otras líneas de investigación por parte de la PGR, por las denuncias públicas en su contra por el incremento de su patrimonio y posible participación en contratos irregulares con el gobierno municipal e incluso estatal, a través de terceras personas, particularmente con empresas constructoras e inmobiliarias. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), por ejemplo, observó este año la administración de Cruz González, por el uso irregular de recursos, alrededor de 25 millones de pesos, destinados a disminuir la pobreza en su municipio, pero que se utilizaron en obras que no tienen ese fin, por lo que causó un daño al erario. LOS OTROS INVESTIGADOS Otro de las personas que los agentes federales investigan es al exdiputado local por el PRI y también ex presidente de Zacatlán, Raúl de la Llata Mier, quien ocupó ese cargo antes que Cruz González, y en su caso fue cuestionado por ostentarse con un título de licenciatura sin contar con estudios comprobables y por actos de corrupción durante su gestión. La Auditoría Superior de la Federación señaló responsabilidades administrativas incluso penales, por irregularidades detectadas durante su administración en Zacatlán entre 2008 y 2011, por alrededor de 43 millones de pesos, casos que hasta la fecha continúan abiertos. Ernesto Escamilla García, también investigado por la PGR, es identificado como persona cercana a Cruz González y a Llata Mier, además fue el encargado del organismo de la Feria de las Manzanas, una de los pilares comerciales del municipio. Y Javier Hernández Orta, también nativo de Puebla y perteneciente al grupo político de Cruz González, es un empresario inmobiliario y constructor en Zacatlán, donde ha obtenido distintos contratos para obra pública en los últimos cuatro años. Una de las empresas con las que se le identifica es Aseja, con sede en ese municipio.