La masacre… un año más

Oaxaca, México.-Ya estamos a cinco años del descubrimiento de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde dio lugar un crimen despiadado el 22 de Agosto de 2010, cuando 58 hombres y 14 mujeres de Centro y Sur América fueron asesinados en un rancho en San Fernando, Tamaulipas.

San Fernando es emblemático. El horror social frente a este terrible evento impidió que el gobierno de nuestro país continuara negando el criminal maltrato que sufren los migrantes en México, pero las masacres continúan hasta la fecha. A partir del 1 de abril del 2011 se descubrieron 47 nuevas fosas en Tamaulipas con 193 los muertos, y en el mes de mayo del  2012, en Cadereyta, se dio el atroz descubrimiento de 49 cadáveres, 43 de hombres y 6 de mujeres asesinadas y desmembradas. En declaraciones del INM, se da cuenta de que “existen 825 cuerpos de migrantes en calidad de desconocidos, restos que en su mayoría no están completos”. No tenemos un recuento puntual de la gran cantidad de cadáveres no identificados que se encuentran en las fosas comunes de los cementerios mexicanos ni en otras fosas clandestinas que seguramente existen por todo el territorio nacional, además de los que nadie cuenta: los miles de migrantes desaparecidos en tránsito por México que sus familias buscan desesperadamente.

A partir del año 2006, auspiciados por el Movimiento Migrante Mesoamericano, con apoyo de los albergues migrantes y numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos, familiares de los migrantes desaparecidos en tránsito por México, en especial sus madres, iniciaron las Caravanas de búsqueda con el fin de hacer visible su tragedia, denunciar la complicidad del gobierno de México con el crimen organizado y encontrar a sus hijos.

El 2 de noviembre del 2011, durante la caravana, las madres rindieron homenaje a los muertos en su primer aniversario justamente en el local donde fueron masacrados los 72 migrantes: San Fernando Tamaulipas.

La llegada a San Fernando estuvo rodeada de intriga. A pesar que autoridades del más alto nivel habían dado instrucciones para que nos recibiera una comisión de autoridades municipales, ninguna autoridad municipal hizo acto de presencia, y nos encontramos varados a punta de carretera custodiados por la policía federal y el ejército. Ninguno de los guardias asumía conocer el lugar que buscábamos. Ni autoridad, ni vecinos, nos quisieron orientar por temor a comprometerse y posteriormente pagar caras las consecuencias.

Cuando llegamos a la bodega escenario de la masacre migrante, nos causó una gran impresión el encontrar las puertas metálicas tiradas, con múltiples orificios de balas. Inexplicablemente aun se encontraban tirados zapatos, cachuchas, gorras, chamarras, peinetas, pertenencias de quienes fueron ahí masacrados. Las madres centroamericanas observaron una a una las prendas que debieron ser recogidas como evidencia por la policía desde agosto del 2010, cuando ocurrió la masacre.

Con estos hallazgos fue montada la ofrenda del altar de muertos. Los sacerdotes Fray Tomas González y Heyman Vázquez oficiaron un acto litúrgico y las madres bendijeron el lugar cubriéndolo con flores cempasúchil en un acto solidario de liberar y purificar el lugar y a la gente buena de San Fernando.

 La justicia ha sido escamoteada y el gobierno mexicano ha quedado, una vez más, en deuda. Son muchos los agravios que han sufrido las familias. A pesar de la detención de presuntos responsables, la verdad detrás de estos crímenes no ha sido esclarecida ni los responsables han respondido ante la justicia. La autoridad no ha fincado responsabilidades a los servidores públicos que han retardado la impartición de justicia o la reparación del daño, han sido omisos en la identificación plena y fidedigna de todos los restos, y la falta de transparencia en el manejo de los casos. Las investigaciones no han transparentado lo que sucedió, las autoridades locales y federales no han informado a las familias de las victimas de hallazgos y el proceso de identificación de las víctimas se ha efectuada con demoras, agravando los sufrimientos de las familia quienes, en algunos casos, recibieron restos equivocados.  Las familias claman por justicia y protección ante los peligros y amenazas.

Cuando finalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió tardíamente sus recomendaciones, la decepción de todos los que las esperábamos fue mayúscula. La Comisión violó los derechos reconocidos en el marco nacional e internacional de protección a los derechos de las víctimas: no asesoró a los familiares, no los acompañó a la recepción de los restos ni apoyó a quienes tuvieron dudas sobre lo que estaban recibiendo, y falló al no recomendar a las autoridades federales y estatales la reparación de los daños causados por las violaciones a sus derechos humanos, ni apeló a la Ley General de Víctimas para promover la reparación.

La masacre de San Fernando permanece como un caso secreto y de impunidad. A pesar de decenas de arrestos, ningún autor intelectual o facilitador del crimen ha sido condenado. A cinco años de la masacre persiste la ignominia y la impunidad, los 72 migrantes asesinados se multiplican indefinidamente y yacen en silencio en alguna fosa no identificada en el vasto territorio de la impunidad.

Movimiento Migrante Mesoamericano

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