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Emeterio Cruz Vásquez, ejemplo de la impunidad con que se tortura en Oaxaca

Publicado por Naked snake el Lunes, 31 agosto 2015
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Sanjuana Martínez/ La Jornada
Oaxaca, México.Me daban toques eléctricos en las partes bajas, me ponían chile en la nariz y me metían la cabeza en un baño con excremento. Yo les decía: mátenme, ya no aguanto, relata Emeterio Merino Cruz, víctima de tortura, quien tras el castigo a que fue sometido ahora usa bastón y habla con mucha dificultad
Antes de perder el conocimiento, Emeterio Merino Cruz Vásquez pensó que iba a morir, recordó a sus hijas, a su esposa y se despidió de esta vida. Estuvo en coma durante días. Despertó en una cama de hospital, sin poder moverse ni hablar.

Aquel 16 de julio de 2007 acompañaba a los integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en una manifestación que fue dispersada a golpes.

Emeterio es plomero y albañil, y daba el servicio a varias escuelas. Su esposa es maestra y sus hijos, junto a toda su familia, han apoyado siempre la causa magisterial.

En medio de la refriega, los policías lo detuvieron y él no opuso resistencia. Se lo llevaron detenido. Pero luego, sin mediar palabra, lo fueron torturando en las calles, frente a todos, como si fuera un castigo ejemplar para amedrentar a los manifestantes. Hay una secuencia fotográfica que exhibe esos momentos de tormento.

appoRecibió golpes en todo el cuerpo y toques eléctricos; fue víctima de ahogamientos y decenas de cachazos con rifles de asalto. Precisamente uno de esos golpes le produjo un grave traumatismo craneoencefálico que lo dejó tendido en el suelo. Después de meses, salió del hospital prácticamente en estado vegetativo.

Ha sobrellevado una larga y dolorosa rehabilitación. Han pasado ocho años y está sentado en el patio de la escuela Benito Juárez disfrutando de una convivencia magisterial, gremio al que sigue unido en una lucha por los derechos de los trabajadores de la educación que, hoy más que nunca, permanece.

Camina con bastón y habla con mucha dificultad. La huella de la tortura marcó su cabeza, cuya región frontal izquierda quedo hundida por el cachazo del rifle de un policía que le cambió la vida:

“Es el cachazo de un arma larga que quedó en mi cráneo. El que me pegó fue Daniel Camarena Flores, director de la Policía Ministerial del gobierno de Ulises Ruiz y actual regidor. Pero en mi detención participaron agentes municipales, estatales y federales.

“Me detuvieron en la curva del hotel Fortín Plaza y luego me llevaron al cerro, en la zona de Los Pinos, donde la policía tiene ‘casas de seguridad’ y centros de tortura. Me tuvieron ahí desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

Me daban toques eléctricos en las partes bajas, me ponían chile en la nariz y me metían la cabeza en un baño con excremento. Yo les decía: mátenme, ya no aguanto.

Los policías le exigían nombre y paradero de los líderes de la APPO, y al no responder, la tortura fue brutal.

Emeterio identifica plenamente a sus torturadores: cinco policías. que nunca fueron procesados; incluso dos de ellos fueron asesinados por la mafia del gobierno para que no hablaran, dice y afirma que el Estado nunca cumplió con su obligación de hacer justicia, pero tampoco de reparar el daño.

Su expediente es analizado por la recién nombrada Comisión de la Verdad, encabezada por el sacerdote Alejandro Solalinde, cuyo objetivo es indagar a fondo los hechos ordenados por el ex gobernador Ulises Ruiz, acusado de cometer graves violaciones a los derechos humanos, que van desde decenas de casos de tortura y un número indeterminado de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, hasta decenas de encarcelamientos injustos durante 2006 y 2007.

A ocho años de la brutal represión del movimiento sociopolítico de 2006 surgido en torno a la APPO, el gobernador Gabino Cué dio entrada a una iniciativa del ex diputado y luchador social Flavio Sosa, para la creación de la Comisón de la Verdad, un organismo autónomo.

Es un reclamo de la sociedad oaxaqueña por la represión brutal, a sangre y fuego, que hubo aquí por parte del Ejército y las distintas policías, con una perfecta sincronía y coordinación. Fue una decisión militar estratégica de Felipe Calderón, quien usó a Oaxaca como su primer experimento de violencia del Estado, y nos encarcelaron presentándonos como grandes criminales. Ahora queremos que se haga justicia y se conozca la verdad histórica, dice Flavio Sosa, sentado al lado de Emeterio Merino Cruz.

Nunca es tarde

La identidad de 105 personas que brindan sus testimonios será clasificada y reservada estrictamente por la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo principal es ofrecer acceso a la justicia y la reparación del daño a las víctimas.

Sosa, que estuvo preso injustamente durante un año y medio, dice confiar plenamente en el trabajo de este órgano autónomo: “Somos muchos los afectados. Hay más de 200 presos políticos, decenas de torturados, dos casos documentados de desaparición forzada –los de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez–, más de 26 muertos, entre ellos el periodista estadunidense Brad Will, y hay una serie de acciones de terror, como la criminalización del movimiento.

Nos construyeron una imagen prácticamente de terroristas, lo que provocó la división de la sociedad oaxaqueña, añade.

“Lo que esperamos –dice– es la verdad histórica, un principio para la reparación del daño. Queremos que se investigue y recaben documentos, información que permita a la sociedad oaxaqueña conocer lo que realmente pasó y saber quiénes participaron de estos crímenes, así como la responsabilidad del Estado mexicano y de los gobernantes”.

Dentro del periodo a investigar se encuentran los operativos de la policía realizados durante la fiesta de la Guelaguetza, utilizada por el gobierno de Ulises Ruiz para lucirse y que tanto en 2006 como 2007 fue boicoteada por la APPO.

El objetivo de las distintas policías era evitar que los inconformes llegaran al auditorio donde se desarrollaba la fiesta popular, y es aquí donde Emeterio Merino Cruz fue detenido y torturado, junto a decenas de manifestantes.

“Emeterio es el símbolo de la represión del Estado mexicano; su caso es emblemático para demostrar la impunidad con la que se tortura en Oaxaca. Fue torturado con toda la saña, hasta dejarlo prácticamente muerto.

Es un hombre que no ha recibido la reparación del daño, primero porque los gobiernos federal y estatal no asumen su responsabilidad, y luego porque es parte de la criminalización de la protesta social.

La impunidad ha sido la constante. Los dos autores intelectuales de esta tortura siguen libres: la procuradora de Justicia Lizbeth Caña Cadeza fue ascendida de puesto y nombrada contralora del estado, para darle fuero, y ahora vive en absoluta impunidad, controlando el Partido Verde y con el negocio de una notaría; de los jefes policiacos, también alguno está en el ayuntamiento de Oaxaca”.

El máximo responsable, según Sosa, es Ulises Ruiz, quien también goza de impunidad.

Ulises Ruiz es uno de los peores jefes criminales del país, actúa como asesino serial, no como gobernante o funcionario. La sange lo excita; dejó una estela de dolor durante su gobierno, no sólo durante 2006 y 2007, sino también hubo asesinatos de otros líderes sociales. Él es delegado del PRI en Quintana Roo y sigue haciendo política en Oaxaca con sus precandidatos, preparando el escenario para seguir gobernando y continuar en la impunidad.

 

Tortura generalizada

El caso Oaxaca es sólo un ejemplo del delito generalizado de la tortura que existe en México, según el último informe presentado por el relator de la Organización de las Naciones Unidas sobre este tipo de delito, Juan Méndez.

El Colectivo contra la Tortura, que sitúa el incremento de este delito en un mil por ciento, destacó el caso de Emeterio Merino Cruz Vásquez en su informe, luego de visitarlo a dos meses de lo sucedido: Lo visitamos en su casa, encontrándolo en estado semicomatoso, con traqueotomía y gastrostomía, y con manifestaciones de daño cerebral severo. La impunidad continúa siendo una constante.

El Centro Miguel Agustín pro Juárez coincide y lamenta que el gobierno mexicano no acepte esta realidad: “Más allá de descalificar el informe del relator de la ONU, el gobierno mexicano debería hacer cambios concretos.

“Llevar a un torturador del Estado ante la justicia es definitivamente difícil. Entre 2005 y 2013 sólo hubo cinco sentencias por ese delito, cuando en ese lapso, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hubo más de 11 mil quejas, que seguramente no son todas.

Es terrible y es un indicador de que sancionar la tortura en México es ilusorio; no existe posibilidad alguna, afirma.

Emeterio Merino Cruz Vásquez, mientras tanto, tiene esperanza en la Comisión de la Verdad, y sonríe cuando piensa en la posibilidad de encontrar lo que tanto ha buscado: Justicia, quiero justicia y una indemnización. Ya he esperado demasiado

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