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Sin Derecho a Fianza/ “Coco” Castillo: millonario operador sexenal de Oaxaca

Publicado por shinji_nerv el Domingo, 6 septiembre 2015
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Juan Manuel Alegría

Oaxaca, México.- Al parecer le puede llegar su fiesta a la capillita del hombre fuerte de Gabino Cué y Diódoro Carrasco: Jorge Castillo Díaz, mejor conocido en el mundo de los enjuagues políticos como “El Coco”; porque este miércoles 26, el senador Benjamín Robles Montoya informó que denunció ante la PGR a Jorge Castillo.

 

MÉXICO, D.F., 11ENERO2011.- Gabino Cue Monteagudo, Gobernador del Estado de Oaxaca acudió esta mañana a la representación de estado en Distrito Federal, donde fue recibido por Jorge Catillo Díaz, Representante del Gobierno de Oaxaca en el Distrito Federal y por personal de está dependencia. FOTO: GUILLERMO PEREA/CUARTOSCURO.COM Fototomada de: https://www.flickr.com/photos/gabinocuem/6681509035

MÉXICO, D.F., 11ENERO2011.- Gabino Cue Monteagudo, Gobernador del Estado de Oaxaca acudió esta mañana a la representación de estado en Distrito Federal, donde fue recibido por Jorge Catillo Díaz, Representante del Gobierno de Oaxaca en el Distrito Federal y por personal de está dependencia.
FOTO: GUILLERMO PEREA/CUARTOSCURO.COM
Foto tomada de:
https://www.flickr.com/photos/gabinocuem/6681509035

Quien fuera impulsado al senado por Gabino y su grupo, señaló que ha reunido las pruebas de los actos de corrupción del “Coco” Castillo y aseguró que la fortuna del operador político de Cué se incrementó en dos mil millones de pesos en cinco años, es decir, los que lleva el “gobierno del cambio”.
Pero, ¿quién es este hombre tan poderoso que, sin tener un cargo estatal o federal, ni ser líder de un partido, es capaz de tomar decisiones?

 

 

A mediados del 2013, el nombre de Castillo adquirió notoriedad porque fueron del conocimiento público varias grabaciones telefónicas donde daba instrucciones a varios connotados miembros de partidos de oposición, cuando “El Coco”, era simplemente el representante del gobierno en la ciudad de México, o al menos eso creíamos. Varios columnistas señalaron que el presunto autor de dar a conocer las grabaciones ilegales era Benjamín Robles Montoya, el “Cara Sucia”, senador por el PRD (antes, en Michoacán había hecho ese tipo de trabajos).

 

Desde el año anterior menudeaban las declaraciones en el sentido de que Castillo “se entrometía” en la vida de los partidos de oposición. Nada escuchaba Gabino Cué. Pero con estas evidencias, su declaraciones sobre ellas y el personaje principal no deja dudas de quién manipula la política del estado.
Quien o quienes filtraron las llamadas, conocen el manejo del suspense, ya que fueron graduando los audios hasta contar unos quince. Varios columnistas señalaron que el presunto autor es Benjamín Robles Montoya, actual senador por el PRD (antes fue diputado por Convergencia) y ajeno a Oaxaca, aparentemente es del D.F. (donde hizo amistad con Diódoro Carrasco y Gabino Cué) aunque se le pretendió dar carta de naturalización con un acta de nacimiento de un pueblito de la “zona húmeda” del istmo. Antes de este gobierno estuvo en el de Michoacán, donde recibió lluvias de críticas por malversación de fondos y otros ilícitos. De los que, obviamente aún no se entera el gobernador Gabino Cué.

 

La fuerza de Castillo se pudo apreciar porque el gobernador lo defendió; primero, ante la insistencia de los periodistas, cinco días después del escándalo, se hizo como que le hablaba la Virgen: “Me han reportado de una serie de llamadas—dijo, quitando gravedad al asunto—. “No las conozco completas, aún”, agregó. Ni que fueran como los discursos de Fidel Castro (el más largo duró siete horas y 10 minutos en el Congreso del Partido Comunista en La Habana en 1986). No es posible que no se haya enterado el mismo día…

 

Sin el rubor, que se notaría en su claro cutis, Gabino,  aseguró que Jorge Castillo, ya no era funcionario de su gobierno; además, defendió el derecho de Castillo de “atender llamadas de sus amigos de todos los partidos políticos”. Sí, pero no a nombre de su gobierno. O, ¿no es delito eso?

 

El gobernador no dijo la fecha en que Castillo dejó de ser el representante de su gobierno en el D. F. El mismo día en que Cué declaraba (15 de abril de 2013) ese día también era borrado el nombre Castillo del organigrama; como si no hubiera existido; sin embargo, los medios habían consignado las notas y las fotos cuando, el 11 de enero del 2012, Gabino daba posesión al “Coco” en la ciudad de México.
Detrás de ello siguió el escándalo un tiempo, se pidieron investigaciones, y luego todo se calmó. Pero el “Coco” no se había ido, tampoco andaba de parranda… siguió operando.
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Hijo del dueño de una empresa renovadora de neumáticos, Jorge Castillo se hizo amigo de Diódoro Carrasco y de José Antonio Estefan Garfias hace más de veinticinco años. En la época de gobernador de Carrasco (1992-1998), Estefan era secretario de Finanzas, y se lleva a su lado al “Coco”; con Pepe Toño como diputado federal, Castillo es director de relaciones públicas del gobierno.

 

Al concluir Diódoro y ser nombrado secretario de Gobernación (1999-2000), nombra a Castillo director general de Recursos Materiales y Servicios Generales, donde, en contubernio con el oficial mayor, Gerardo Cajiga Estrada (hoy exsecretario de Finanzas de Cué), estuvieron implicados en un millonario fraude en la compra de aeronaves, por lo cual estuvieron impedidos varios años para ejercer en la administración pública. Si en el PRI o en el gobierno de Oaxaca Castillo no tuvo oportunidad de beneficiarse con recursos, fue en la secretaría de Gobernación donde probó su capacidad.
El caso ocurrió el 25 de octubre del 2000, Jorge Castillo y el entonces oficial mayor de esa dependencia, Gerardo Cajiga Estrada (él firmaba la entrega del dinero para la compra) celebraron un contrato de compraventa, asistido por Wilfrido Robledo Madrid, comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP) como compradores, y la empresa Aerosaba, S.A., como vendedora.

 

El contrato de esa operación comercial lo firmaron los directores generales de Recursos Materiales, Jorge Castillo Díaz; de Programación y Presupuesto Jaime Arturo Hidalgo López y el menos mencionado, titular de Asuntos Jurídicos, Roberto Pedro Martínez Ortiz, ex director de la Facultad de Derecho de la UABJO, quien también fungió como presidente del Poder Judicial —se criticó en su tiempo que Diódoro Carrasco lo impusiera ahí y después de cuatro años, lo cambiara a la Procuraduría de Justicia.
Jaime Arturo Hidalgo López, después de ser inhabilitado por la Secodam, alguien lo recomendó al Grupo Quart, donde se vinculó con Carlos Ahumada Kurtz, de aquí podría salir la futura relación de Jorge castillo con el argentino con quien llevaría a Gabino Cué para pedirle prestado para la campaña del hoy gobernador. Después Hidalgo López entró a trabajar a la Delegación Tláhuac del D F y también se vio involucrado junto con el director de Finanzas, Jesús Trujillo Ortega, como presuntos responsables por el desvío de recursos en la compra de maquinaria pesada para la demarcación y vuelve a ser inhabilitarlo por la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal el 31 de marzo del 2004 junto con Trujillo Ortega; y el 28 de mayo la PGJDF lo detuvo (a Hidalgo López) y a otros, quienes simularon comprar grandes cantidades de cemento, arena, piedra y grava, a la Comercializadora Austral, de Ahumada Kurtz de quien, se dijo, era socio.

 

En el asunto del avión, por la PFP, también compartieron responsabilidad, Alfredo Trejo, director general de Recursos Financieros; Antonio del Valle Caballero, coordinador de Transportes aéreos; Patricia Vázquez, directora de Tesorería, y Antonio del Río Soto, director de Recursos Materiales y Servicios Generales. Estos ya estaban procesados penalmente desde diciembre de 2000 por autorización y pago de compras ilegales, “pero que no se considera un delito grave” dice el comunicado.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) investigó el caso y descubrió en esa transacción donde participaba el “Coco”, se detectó que la adquisición de un avión Sabreliner NA-265-60, matrícula XA-SKB para cuyo costo el gobierno mexicano desembolsó casi un millón de dólares (920 mil dólares), era indebida.

 

La SFP en su informe indicia que el asunto de la compra fue ilegal porque “se adjudicó en forma directa la compraventa sin existir justificación debidamente fundada y motivada, ni dictamen favorable del Comité de Adquisiciones para exceptuar de licitación pública la adquisición, ni mucho menos contaba con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Resulta claro sospechar que, como se hace comúnmente en Oaxaca, los funcionarios citados, recibieron un porcentaje por comprar directamente sin licitar, y que el precio de la aeronave fue superior al verdadero.

 

De acuerdo a la SFP, “la sanción impuesta obedece a que la irregularidad en que incurrieron los ex servidores públicos se estimó que fue grave, dado que, por el nivel jerárquico que ocupaban, al celebrar el acto jurídico de la compraventa y efectuar el pago, es claro que debían de conocer si se cumplían los requisitos para adjudicar en forma directa el contrato”.

 

Casi cuatro años después de la “transa” del “Coco” y sus secuaces, el 28 de abril del 2004, algunos diarios informaban que nueve, ahora exfuncionarios, eran sancionados. “A los nueve se les encontró responsabilidad en la compra irregular de un avión de pasajeros, cuyo costo fluctuó en alrededor de 920 mil dólares y que se obtuvo sin que se hubiera realizado una licitación internacional”, decía una nota de La Jornada.

 

La benévola justicia sólo alcanzó para que la SFP, a los abusivos funcionarios, los inhabilitara para desempeñar cargos públicos por cinco años. No hubo ninguna sanción de otro tipo. Cabe señalar que el comunicado de prensa No. 012/2004 de la SFP del 27 de abril de 2004, no se mencionan los nombres de los inhabilitados.

 

“La SFP explicó en su comunicado que en materia administrativa no se encontró daño patrimonial, ya que el avión sí se adquirió, y actualmente forma parte del patrimonio de la PFP, pero la sanción obedece a que los ex servidores públicos, ‘por el nivel jerárquico que ocupaban al celebrar el acto jurídico de la compra-venta y efectuar el pago, es claro que debían de conocer si se cumplían los requisitos para adjudicar en forma directa el contrato’”.

 

roblesdenuncia2Se adquirió el avión, pero hubo ilegalidad, se abusó del cargo, se beneficiaron los compradores y los vendedores. ¿Los fraudulentos funcionarios habrían contado con algún defensor encubierto? Para esa época, quien había llevado a Castillo y a los otros a Gobernación (entre ellos iba Gabino Cué), Diódoro Carrasco, ya era amigo de Juan Camilo Mouriño y dado que, como político del PRI no tenía futuro en Oaxaca ya que Murat lo tenía en el ostracismo y el gobierno federal era panista, meses después, en 2005, Carrasco renunciaría a su militancia priista para incorporarse al PAN y apoyar al entonces candidato a la presidencia, Felipe Calderón Hinojosa.
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En otro caso, con una fecha parecida, 28 de abril, pero de 2002, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) en el boletín No. 182/2002, informaba que había sancionado a 19 servidores públicos, “por adquisiciones irregulares y pagos indebidos en la Policía Federal Preventiva (PFP), durante el año 2000, que derivaron en un daño patrimonial superior a los 5 millones 758 mil 445 pesos con 45 centavos y 349 mil 100 dólares americanos”.

 

La Secodam, determinó sanciones que van “desde la inhabilitación, por un máximo de 10 años, suspensión en salarios y labores por hasta 90 días y la destitución de sus cargos, así como sanciones económicas hasta por 349 mil 100 dólares”.

 

Y explicaba que los malos funcionarios adquirieron irregularmente 12 aeronaves (nueve helicópteros y tres aviones, uno de ellos un Gruman II de superlujo y un Falcon y un Caza por 32 millones de dólares, casi 320 millones de pesos) para la PFP y autorizaron la adjudicación directa de diversos contratos, sin fundamento ni motivación, en lugar de convocar a un proceso de licitación pública. También realizaron pagos improcedentes y omitieron penalizar a las empresas que entregaron con retraso una aeronave”.

 

Dijo que inició la investigación “el 25 de marzo de 2201 (quiso decir 2001) y concluyó con la resolución del 7 de enero de 2002”. Y mencionaba a los servidores sancionados.

 

“Jaime Arturo Hidalgo López, Director General de Programación; Roberto Pedro Martínez Ortiz, Director General de Asuntos Jurídicos y Gerardo Cajiga Estrada, Oficial Mayor suscribieron indebidamente diversos contratos adjudicados de manera directa, sin que ello estuviera debidamente fundado y motivado. También omitieron establecer la entrega de garantías y las penas convencionales por incumplimiento, aplicables al proveedor”.

 

Se destituyó e inhabilitó a Jaime Arturo Hidalgo López y Gerardo Cajiga Estrada por tres años y a Roberto Pedro Martínez Ortiz por dos años, para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal (APF). Luego mencionaba al resto de desfalcadores a los que la Contraloría jamás citó para pedir explicaciones.

 

Lo curioso es que aquí no apareció el nombre del “Coco” Castillo, ya que, como se puede ver en el anterior comunicado, fungía como director general de Recursos Materiales y Servicios Generales, es decir, no pudieron hacerlo a un lado en la transacción de las doce aeronaves. El caso es que su nombre no se asoma. También hay otra duda, a Gerardo Cajiga lo inhabilitan por tres años en 2002, dos años después, lo inhabilitan por cinco años, es decir, ¿fueron ocho años? Finalmente Diódoro Carrasco estuvo muy bien informado de esto, no obstante, recomendó a sus amigos para que formaran parte del gabinete de Gabino Cué. Hay que aclarar que algo ayudaba a los tramposos, porque el asunto quedó fuera de toda denuncia penal y se perdió la posibilidad de llevar a juicio a los verdaderos responsables del mal uso de recursos públicos. El contralor de ese tiempo, Francisco Barrio, dijo que la auditoría “fue apresurada y llena de irregularidades”.
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“¡A mí “El Coco” Castillo Díaz no me dio 80 millones de pesos, me dio 300!”; afirmó, provocador o cínico, el diputado federal perredista Hugo Jarquín cuando los reporteros le cuestionaron si Castillo patrocinaba su campaña como candidato a la presidencia de la ciudad de Oaxaca. (Diario Noticias. 14/08/2013)
Eso decía en una conferencia para la prensa en un restaurante del zócalo capitalino; poco tiempo antes se había dado el escándalo de las llamadas telefónicas a varios dirigentes de la oposición. Con cinismo, quien de ser varillero y dirigente de “chachacuales” pasara a la Cámara gracias al “Señor de las ligas”, René Bejarano, señaló:

“Aquí lo importante es que “El Coco” Castillo no agarró dinero del erario público y ellos sí, eso es lo importante pues”; expresó, como para dejar limpia la imagen de su benefactor. Por supuesto, ignoró olímpicamente la pregunta de un reportero:

 

—¿Entonces de dónde sacó el dinero?

 

Mucha gente se hace la misma pregunta. Porque supimos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por sus adeudos al fisco, le ordenó a tres bancos embargar sendas cuentas a Castillo Díaz por “hasta” 64 millones 375 mil pesos. Las instituciones bancarias son BBVA Bancomer, Scotiabank Inverlat y en HSBC México (La Jornada. 19/02/2015).
Otra pregunta, ¿cuánto dinero ha depositado en esas tres cuentas el “Coco”?
Si sólo debe lo correspondiente al 16 por ciento del IVA, entonces…
Y, ¿Tendrá otras cuentas en otras partes? Pero lo importante es saber de qué negocios obtiene tantos millones Jorge Castillo. O ¿quién se los da, y para qué?

 

Según el periodista Raúl Rodríguez Cortés, en su columna “Gran Angular” del 18 de febrero, estos asuntos sobre los misteriosos millones de Castillo Díaz, tienen que ver con “la investigación que realiza el SAT contra Sergio Castro López acusado por la PGR de ‘lavado’ de dinero y colusión con ex gobernadores como Ulises Ruiz (Oaxaca) y Mario Marín (‘El Precioso’ de Puebla)”. Agrega que, entre los operadores de Castro, estaba “El Coco”.

 

“Castro López con su empresa Inteligencia en Dirección de Negocios (IDN) y Castillo Díaz, desde la sombra, como ministro sin cartera del gobernador Cué, manejaban desde la Secretaría de Administración, encabezada por Alberto Vargas Varela y desde el Instituto Estatal de Educación Pública, los famosos ‘outsourcing’ autorizados por la reforma laboral, mediante los cuales se contrata y paga a cada vez un mayor número de trabajadores del sector público oaxaqueño”. Eso escribió Rodríguez Cortés
En esa historia negra del “Coco”, se han apuntado denuncias que no fructifican. En Enero de 2013 la entonces diputada local del PAN, Martha Patricia Campos Orozco denunció que existían fraudes en varios programas federales y estatales, como en el de las Cocinas Comunitarias.
Campos Orozco dijo que en 201, el gobierno estatal gastó más de 74 millones de pesos en la instalación de esas cocinas y más 600 millones de pesos se fueron a la empresa de Hugo Sherer, pareja de Nora Pareyón Galván, coordinadora de Vinculación Social y Atención Ciudadana. Acusó también que Jorge Castillo (en ese momento, representante del gobierno de Oaxaca en el D. F.) “fue la vía para contratar a la empresa de Sherer”.

 

También al “Coco” se le adjudica que su antiguo amigo, el priista José Antonio Estefan, fuera impuesto como candidato del PRD y que ganara la elección a diputado federal en el distrito de Tehuantepec, con miras a lanzarlo como próximo candidato a gobernador. Por algo en el 2013, cuando se filtraron las grabaciones, Castillo daba instrucciones a Carol Altamirano, dirigente perredista estatal. De eso los acusaron los hermanos Serrano.
Ahora, con el asunto en manos de la PGR, se podrá vislumbrar cómo anda la corrupción por ese rumbo.

Para colmo, el “Coco” Castillo, ya hizo desacreditó también al periodismo, utilizandólo como fachada  para lavar su imagen ya que actualmente, la revista Forbes se vuleve cómplice de este protagonista de las más cínica corrupción al publicar sus “arículos” haciendose pasar por “Consultor en materia política y empresarial, impulsor de la agroindustria en Oaxaca y entusiasta del desarrollo social sustentable en México”.

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