Participación Ciudadana en el gobierno del cambio:Promesa y realidades

  Isidoro Yescas Martínez Oaxaca.- Uno de los principales compromisos que Gabino Cué Monteagudo hizo en el 2010 como candidato y luego como gobernador del estado de Oaxaca fue impulsar una Ley de Participación Ciudadana . Y, en efecto, cumplió con su compromiso para que, por vía del Congreso local, se aprobara una Ley que incorporó como mecanismos de participación ciudadana el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato , el cabildo en sesión abierta y la audiencia pública.   Con excepción de las dos últimas figuras jurídicas, para el referéndum, plebiscito y revocación de mandato se establecieron requisitos y procedimientos que deberían turnarse para su revisión y dictamen correspondiente al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.   Hasta antes de la aprobación de la cita ley, el órgano electoral solamente estaba obligado a organizar y calificar las elecciones locales, pero a partir del 2012 también debe darle trámite y respuesta a toda solicitud que reciba de parte de grupos de ciudadanos y ciudadanas o, en su caso, de diputados y del propio jefe del poder ejecutivo para la aplicación de la Ley de Participación Ciudadana.   Pero en cuatro años el IEEPCO no recibió ninguna solicitud, no obstante que durante su campaña electoral Gabino Cué se había comprometido a someter a plebiscito si debía permanecer o no el techado del auditorio Guelaguetza, una obra que en las postrimerías del ulisiato despertó fuertes críticas de la ciudadanía, tanto por su elevado costo como por la arbitrariedad que representó levantar una obra superflua pero que su Secretaria de Turismo, Beatriz Rodríguez, juzgó como trascendente.   Con mil argucias, el nuevo gobierno evitó molestar a los ciudadanos y ciudadanas que habían votado por su candidatura y, sobre todo, más allá de la alternancia, por un cambio profundo en el ejercicio de gobierno, que, en sus propias palabras, debía caracterizarse por su transparencia, honestidad y una nueva forma de hacer política y gobierno.   Optó entonces por concluir una obra que se constituyó en un mal presagio para el Cerro del Fortín y para los oaxaqueños en general, porque cuatro años después en esa misma zona ,en donde desde 1906 Juárez es testigo mudo de los buenos, malos y pésimos gobernadores que ha tenido Oaxaca, el gobierno del cambio insiste en cumplir otro capricho, operado técnica y financieramente desde la misma Secretaría de donde surgió la genial idea de la Velaria. Y, cosas del destino, ahora la citada Secretaría de Turismo también está a cargo de un empresario, también con raíces ibéricas y de cuya honestidad casi todos dudamos, pero no de su audacia para imponer y beneficiarse desde el gobierno del estado con la construcción de un Centro Cultural y de Convenciones en el Cerro del Fortín, patrimonio natural de todos los oaxaqueños.   En la presentación de un documento que muy pronto quedó archivado, el Programa Preliminar del Gobierno del Estado de Oaxaca, se señala: “La transparencia y rendición de cuentas será un distintivo de este gobierno. Ello supone también la participación de la sociedad en la permanente observancia de lo que hace el gobierno; de aquí el compromiso de apoyar toda iniciativa ciudadana tendiente a generar observatorios de la gestión pública y asociaciones de análisis de esta gestión”.   Pero, ahora que ya se puede empezar a hablar en pasado (porque en la primera semana de octubre inicia el proceso electoral, y en junio ya habrá gobernador electo, en nueve meses para ser exactos ), es válido afirmar que lo que en el 2010 se prometió desde la campaña y luego desde la gubernatura fue mera quimera. Ni transparencia, ni rendición de cuentas, ni observatorios ciudadanos. Solamente audiencias públicas que han servido mas como mecanismo de promoción política del jefe del poder ejecutivo que como alternativa de atención y solución de los problemas y necesidades de la ciudadanía.   Y el mejor ejemplo de cómo no se cumplieron las promesas del gobierno del cambio es el CCO, un proyecto cuyo denominador común ha sido y es la opacidad y medias verdades que ha prevalecido en la información divulgada por el gobierno del estado, y el autoritarismo que en este caso específico se ha hecho gala para justificar una determinación que tiene demasiado claroscuros, a tal grado que lo que viene haciendo desde que se iniciaron los trabajos de construcción es bombardear por prensa, radio, televisión, redes sociales, panfletos y espectaculares sobre las presuntas bondades del proyecto y de sus grandes beneficios económicos y de generación de empleos, impulso al turismo, etc.   En este megacampaña publicitaria, la única obra sexenal que ha merecido tanto despliegue de inteligencia y de facturas millonarias por concepto de publicidad gubernamental, el gobierno del estado se ha valido también de otros medios éticamente censurables como la descalificación a la trayectoria y persona del maestro Francisco Toledo y la presión y manipulación de hacia algunas organizaciones gremiales y empresariales para que se manifiestan a favor del CCO .   Aunque ahora lo niegue, el boletín que en su oportunidad difundió la oficina de Comunicación Social del gobierno del estado para dar a conocer su apoyo al proyecto por parte de la señora Harriet Turner, presunta embajadora de la UNESCO, es y forma parte de una estrategia gubernamental para justificar y legitimar una obra que desde PRO-OAX, el Frente en Defensa del Cerro del Fortín y otras organizaciones de la sociedad civil se ha criticado con alternativas de reubicación que simple y sencillamente han sido ignoradas. A un mes de que se inicie el proceso electoral para elegir gobernador, renovar el Congreso local y elegir a concejales de 153 ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos, el gobierno del estado le apuesta ahora a la farsa de una consulta ciudadana para que en menos de tres semanas el IEEPCO convalide y legitime lo que la sociedad rechaza.   Cuando en el mes de julio se anunció que se solicitaría tal consulta advertimos que ésta era inviable técnica y jurídicamente por las siguientes razones: primero, porque el solicitante de la consulta era el gobernador; pero en tanto dicha figura no existe ni en la Constitución de Oaxaca ni en la Ley de Participación Ciudadana, lo que aplicaba era la solicitud de un plebiscito. Y el artículo 17 de dicha Ley es muy preciso cuando señala que los únicos sujetos legitimados para solicitar un plebiscito “son o las dos terceras partes del Congreso local, o el 20 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores utilizada en el último proceso electoral”.   Pero advertimos de otro problema: Tanto el plebiscito como el referéndum solamente se pueden llevar a cabo en dos momentos: “preferentemente” durante la jornada electoral inmediata, y siempre y cuando la solicitud hubiese sido aprobada dentro de los siguientes seis meses a la resolución del Instituto en la que certifique el cumplimiento de los requisitos legales y a condición de que el presupuesto de egresos correspondiente establezca una partida para su promoción y realización”. (Artículo 71).   Durante un mes el gobierno del estado guardó silencio sobre esta pretensión, pero el 16 de agosto el gobernador Gabino Cué solicitó formalmente al IEEPCO la realización de la consulta ciudadana, solicitud cuyo contenido, en atención al principio de máxima publicidad que rige al órgano electoral, debiera ser del conocimiento público.   Y el viernes 11, en sesión extraordinaria, con seis votos a favor y uno en contra, el Consejo General del IEEPCO aprobó la solicitud del gobernador, sujeto a la firma de un convenio . Lo que el Consejo General del IEEPCO aprobó es la realización de una consulta ciudadana, figura jurídica que, insisto, no está contemplada ni en la Constitución Política de Oaxaca ni en la Ley de Participación Ciudadana, pero tampoco en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la Ley Federal de Consulta Popular.   En consecuencia, lo que aprobó el órgano electoral es a todas luces ilegal e inconstitucional. Organizará una consulta ciudadana ilegal a la medida de los intereses del gobierno del estado , pero políticamente correcto ,atendiendo a la anacrónica conseja del viejo régimen de que ni al Presidente ni a los gobernadores hay que decirles NO. Una consulta que, a falta de leyes que la validen, se procesará a través de un convenio que firmarán el gobernador Gabino Cué y el presidente del Consejo General del IEEPCO, Gustavo Meixueiro y que, no lo duden, será nota de ocho columnas en todos los medios locales, pagada, por supuesto, por la oficina de Comunicación Social del gobierno del estado. Pero, en aras de la transparencia, será hasta entonces cuando la ciudadanía conozca que se va a preguntar, cómo se redactará la pregunta , el presupuesto que el gobierno del estado autorizará al órgano electoral para la organización de la consulta, la fecha de realización, el universo de electores, etc. y a realizarse únicamente en el municipio de Oaxaca de Juárez.   El acuerdo del IEEPCO, además de ilegal e inconstitucional, viola tres de los seis principios de todo órgano electoral como lo son la certeza, la legalidad y la imparcialidad.   La certeza significa que todas las acciones de los órganos electorales deben estar dotados de veracidad, certidumbre y apego a los hechos. La legalidad que en el desempeño de sus funciones los consejeros electorales deben observar escrupulosamente el mandato constitucional que las delimita y las disposiciones legales que las reglamenta. Y el de imparcialidad que establece que primero está el interés de la sociedad y los valores democráticos y luego los intereses personales o preferencia política.   Aunque no formaría parte del acuerdo del Consejo General, para justificar esta vuelta de tuerca a las leyes estatal y federal, el resultado de la dichosa consulta , se ha dicho , no tendrá carácter vinculatorio para el gobierno del estado.   Otra trampa, pues en el contexto de una profusa e intensa publicidad gubernamental a favor del CCO, lo mas probable es que gane el SI , aun cuando en el script de la ilegal consulta se ordene la suspensión de toda publicidad y propaganda gubernamental sobre el tema .   Con el SI confirmado , el gobierno incrementaría no solamente su propaganda mediática para darse la razón y ponderar sus logros, sino para descalificar, como lo ha venido haciendo, a los sectores y voces de la sociedad civil que ya han votado por el NO.   Si en un caso remoto la consulta le resultara adversa, lo único que haría es silenciarse y silenciar sus voceros oficiales y oficiosos .Y continuar con la construcción del CCO hasta concluirlo.   Llama la atención que para organizar esta consulta el órgano electoral solo recurra a las comisiones de consejeros y no a los procedimientos que en el caso de plebiscito y las demás figuras constitucionales están claramente establecidas en la Ley de Participación Ciudadana y en la Ley Federal de Consulta Popular.   Esta última señala la ruta: presentación de la solicitud con todos los requisitos de ley ya cubiertos, aprobación por parte del INE de la consulta popular, publicación en la Gaceta Parlamentaria, envio a la Suprema Corte para que resuelva sobre su constitucionalidad en 20 días naturales, amplia difusión de la convocatoria y organización de la consulta. Si en la Constitución Política de Oaxaca y tampoco en la Ley de Participación Ciudadana se contempla la figura de la “consulta ciudadana”, ¿ porqué no se aplicó en forma supletoria la Ley Federal de Consulta Popular?   Porque simple y sencillamente se incumplirían con los requisitos legales ahí establecidos y la Suprema Corte tal vez lo hubiese declarado inconstitucional, pues se está sometiendo a consulta un proyecto cuando ya el daño está hecho e insólitamente cuando la primera etapa de la construcción de la obra avanza a pasos agigantados.   En conclusión: de principio a fin el proceso que se ha seguido para la realización de una obra pública que pudo tener un mejor destino y ganarse el reconocimiento ciudadano si se hubiese generado un procedimiento transparente y abierto a la sociedad, hoy es objeto de críticas y rechazos, y no por oposición al proyecto, sino porque el lugar seleccionado para levantar el CCO , ya se ha demostrado, es el menos indicado.   Y porque todo parece indicar que mas allá del impacto económico y laboral que acarrearía para algunos sectores productivos, lo que verdaderamente está en juego en este proyecto, como posiblemente otros mas que sospechosamente se están impulsando cuando ya está a punto de fenecer el gobierno de Cué, son los intereses económicos del Secretario de Turismo, José Zorrilla, y de otros políticos-empresarios o empresarios-políticos, parte de, o cercanos a la nomenklatura del gobierno del cambio, sin que los colores partidistas resulten factor de discordia en una causa común que son los negocios privados al amparo del poder público.   A final de cuentas, y parafraseando el slogan oficial de este sexenio: Oaxaca es de todos, pero el gobierno de unos cuantos. Septiembre 14 del 2015. ¡Es Director del Institito EstatalElectoral y de Participación Ciudadana Texto de la conferencia ofrecida en el IAGO.