Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias
Oaxaca, México.-Luego de que el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos de Puebla (Odesyr) denunciara la falta de interés del gobierno estatal para detener la violencia contra las mujeres y asegurar a las víctimas de feminicidio el acceso a la justicia, el procurador local, Víctor Carrancá Bourget, lejos de mostrar un compromiso para resolver el problema descalificó el trabajo de la organización civil.
El Odesyr emitió un comunicado para denunciar el subregistro de casos de feminicidio en la entidad, así como la falta de investigación, consignación y sanción del delito, al informar que sólo 12.5 por ciento de los asesinatos de mujeres que ocurren en el estado de Puebla son consignados como feminicidio, y de 2013 a la fecha sólo existe una sentencia condenatoria por este crimen.
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FOTO: PATRICIA MORALES /CUARTOSCURO.COM[/caption]
El Observatorio explicó que su seguimiento de los casos de feminicidio sólo es posible con un monitoreo a los medios de comunicación, que a su vez representa “un primer filtro informativo, pues sólo sabemos de aquellos que trascienden mediáticamente”.
Así, la organización tiene el registro de 145 casos de feminicidio en el estado de 2013 a septiembre de 2015. Todos ellos son “crímenes dolosos, donde las víctimas han recibido tratos degradantes, sus cuerpos han sido exhibidos en la vía pública, se sospecha o se tiene certeza de que sus asesinos fueron parejas o ex parejas, hubo violencia extrema, violencia sexual, ellas estuvieron desaparecidas”, condiciones que derivarían en una línea de investigación por feminicidio, sostuvo el Odesyr.
En contraste, la Procuraduría General de Justicia del estado sólo ha iniciado 17 procesos por ese delito en el mismo lapso, mientras que los demás procesos se iniciaron por homicidio, es decir, sólo 12.5 por ciento de los asesinatos dolosos de mujeres son consignados como feminicidio por la autoridad.
De esos 17 casos, el Poder Judicial “al parecer” sólo ha emitido una sentencia, aunque la información sobre la misma “no es confiable”, pues de manera oficial vía transparencia el Poder Judicial respondió dos cosas distintas (“un caso sentenciado” y “ninguno”) a diferentes ciudadanos que consultaron a través de solicitudes de información.
· Ante ello, el Observatorio propuso como medidas para atender el feminicidio que el Congreso estatal, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos local, integre una comisión revisora de todos los casos consignados por el Ministerio Público como homicidios dolosos de mujeres, registrados desde que existe el tipo penal de feminicidio para el estado de Puebla, así como de las sentencias por los mismos casos emitidas por el Poder Judicial.
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· El Odesyr también planteó que se deben homologar las fuentes de información y los indicadores para generar un diagnóstico amplio sobre prevención, detección, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, que sea realizado por grupos civiles, instituciones académicas y agencias de la ONU, y con base en el cual se reformulen las políticas públicas, sus presupuestos y los indicadores cualitativos de las mismas.
Luego de que este lunes 14 de septiembre decenas de personas marcharon por las principales calles de la ciudad de Puebla, capital del estado, para exigir a las autoridades acciones concretas para acceder a la justicia en los casos de feminicidio, el procurador Víctor Carrancá desestimó los datos difundidos por el Observatorio.
Entrevistado por medios locales el martes 15 de septiembre, Carrancá Bourget dijo que la cifra reportada por el Odesyr “está manipulada” y “fuera de la realidad”, y aunque no precisó el número de casos dijo que todos habían sido resueltos y los responsables estaban detenidos.
Apenas el pasado 9 de septiembre, los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso local una iniciativa para adicionar el artículo 338 Quáter al Código Penal poblano, y para reformar la letra K Bis del artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, para elevar las penas “en contra de quien o quienes cometan homicidio en agravio de mujeres que se encuentren en estado de embarazo”.
Con la iniciativa turnada a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género se pretende sancionar el feminicidio hasta con 70 años de prisión.
La iniciativa se presentó tras los asesinatos de Karla López Albert, Iraís Ortega y Paulina Camargo –perpetrado éste último en agosto pasado–, quienes fueron ultimadas por sus parejas cuando presentaban embarazos.
El feminicidio en Puebla –una de las 10 entidades del país más violentas para las mujeres, según un reporte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)– fue tipificado penalmente en noviembre de 2012 y actualmente se castiga con penas de 30 a 50 años de prisión.
(Cimacnoticias 19 enero 2015)
