A 10 años de “Los Demonios del Edén”, redes de trata siguen impunes

Angélica Jocelyn Soto Espinosa/CIMAC Oaxaca.- Diez años después de publicada “Los Demonios del Edén” –investigación periodística sobre comercio y abuso sexual infantil en Cancún, Quintana Roo–, las redes de pornografía infantil y trata de personas cambiaron su modo de operar al ámbito cibernético, mientras que el sistema judicial mexicano –con más herramientas legales y de indagación–no consigue sentenciar a todas las personas investigadas por este delito. Lo anterior lo sostuvo la periodista y autora del libro, Lydia Cacho, al conmemorar hoy en esta ciudad el décimo aniversario de la publicación de su investigación. En compañía de Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Cacho presentó una nueva edición de “Los demonios del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil”, la cual contiene tres nuevos capítulos con un balance sobre la situación actual de la trata de personas y la pornografía infantil en México. Lydia Cacho, quien presentó por primera vez su libro en mayo de 2005, fue detenida en diciembre de ese mismo año y luego encarcelada por los supuestos delitos de difamación y calumnia, luego de que el empresario Kamel Nacif Borge –presunto involucrado en la red de trata y prostitución infantil– la denunció ante un juzgado en el estado de Puebla. Tras pagar una fianza y salir libre, Cacho logró que en 2014 el empresario Jean Succar Kuri –uno de los principales operadores de la red de corrupción y pornografía infantil que quedó al descubierto en su investigación periodística– fuera condenado a 113 años de prisión en el penal de La Palma, en Almoloya de Juárez, Estado de México, la sentencia más emblemática en América Latina (AL) hasta hoy por este delito. Lydia Cacho y Juan Martín Pérez García observaron que de los más de 23 mil registros de personas desaparecidas en México, 6 mil 707 son de personas menores de edad, y que siete de cada 10 corresponden a niñas y adolescentes mujeres, casi todas “enganchadas” a través de las redes sociales. La periodista detalló que México actualmente es el país de AL en el que más circula pornografía infantil, pues la policía cibernética federal detectó en 2014, 11 mil casos de personas responsables de este delito, de los que sólo 16 fueron detenidos y sólo uno consignado. Cacho explicó que “aún falta mucho por hacer”, pero destacó que hace 10 años –antes de la publicación de su libro– no existían las herramientas que hay actualmente –tales como la policía cibernética–, para investigar y enjuiciar este crimen. No obstante, denunció que los ministerios públicos siguen sin estar lo suficientemente capacitados sobre cómo actuar en casos de trata de personas y pornografía infantil, además de que mantienen una sobrecarga de trabajo que obstaculiza su labor. La también activista criticó que después de 2007 el gobierno mexicano haya retirado los fondos para que los refugios pudieran atender de manera integral a las víctimas de trata de personas, por lo que actualmente algunos de estos centros de apoyo que operan desde la sociedad civil no pueden hacer frente a los riesgos y amenazas a los que están expuestos por su labor. Pérez García criticó que México se haya convertido en un “paraíso” para el crimen organizado internacional, y que el Estado siga sin asumir sus responsabilidades en la ocurrencia de los delitos que Lydia Cacho reveló hace 10 años. También recordó que Succar Kuri es un hombre de poder, que junto con otros políticos y empresarios poderosos, abusó de la vulnerabilidad de las y los menores de edad, cuyas familias siguen en la pobreza. CONDENA SOCIAL Tras una década de hostigamiento y persecución por parte de la red de empresarios y funcionarios que Cacho denunció en su libro, como responsables del abuso contra cientos de niñas y niños en Cancún, la comunicadora consideró que si bien no se ha ganado la batalla sí hubo consecuencias contra sus atacantes. En principio, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó que la red de pornografía infantil de Succar Kuri –de alcances internacionales– se debilitó luego de la denuncia periodística y la condena ejemplar contra el empresario. Igualmente, Kamel Nacif tuvo que cerrar al menos 15 maquiladoras que tenía en México, y la compañía Disney –con la que mantenía contratos exclusivos para elaborar ropa y juguetes para bebés– finiquitó su sociedad gracias al empuje ciudadano en Estados Unidos. En tanto, el ex gobernador de Puebla Mario Marín, quien defendió a Kamel Nacif y –según grabaciones difundidas en su momento– avaló la detención y tortura psicológica contra la periodista, intentó –sin éxito– convertirse en senador. Lydia Cacho recordó que los políticos priistas decidieron no apoyar a Marín en su postulación al Congreso, por los costos políticos que implicaría. Además –de acuerdo con la periodista–, al ex gobernador poblano “lo han sacado de varios lugares”, se le ha impedido hacer negocios de inversión, al tiempo que ya no tiene fuero federal. “Ha quedado como paria social, si no lo tocó la justicia, lo tocó la sociedad”, sentenció Cacho. En el caso de Emilio Gamboa Patrón, senador del PRI, y Miguel Ángel Yunes, diputado federal por el Partido Acción Nacional (ambos presuntamente implicados en la red de pornografía infantil), dijo la periodista que ya hay investigaciones en su contra por delitos de otra índole. Cacho destacó que si bien la justicia social o convencional no castigó a estos hombres, hubo una reacción cívica que los tocó en dos aspectos: el prestigio y el dinero. En voz de la activista, a una década de su publicación, el libro “nos ayudó a entender que el periodismo sí tiene una misión muy importante y sí tiene un impacto en la sociedad por pequeño que esto parezca (…); gracias al buen periodismo, que brincamos los cercos mediáticos que incrementan en este país, no olvidamos los hechos”, resaltó.