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“¿A qué teme el gobierno mexicano?”, increpan madres de los 43

Publicado por Naked snake el Miércoles, 28 octubre 2015
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Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Cimacnoticias | Oaxaca.-Tras los 10 compromisos que el gobierno mexicano aceptó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Ayotzinapa, las madres de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente en Iguala, Guerrero, aseguraron que no estarán satisfechas hasta que se permita que el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) entreviste a los militares del Batallón 27 de Infantería.

Ayer se cumplieron 13 meses desde que estudiantes normalistas de Guerrero fueron agredidos y desaparecidos forzadamente durante un operativo policial el 26 y 27 de septiembre de 2014, en el que estuvieron implicados diversos agentes del Estado y presuntos grupos criminales.

AYOTANIV 2015-10-13 a las 11.19.07Como cada mes, las madres de los normalistas marcharon en esta capital desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez –bajo un cielo plagado de grises–, para protestar porque aún no hay indicios sobre el paradero de sus hijos, pero también porque gracias a la intervención del GIEI –como ellas afirman– se está comprobando que el gobierno mexicano fabricó “mentiras” sobre el caso.

María Elena Guerrero, madre del desaparecido Giovanni Galindes Guerrero, criticó que durante la audiencia el pasado 20 de octubre del Estado mexicano ante la CIDH (como parte del 156 periodo de sesiones que se celebró en Washington) las y los representantes del gobierno –entre ellos el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián– evadieron algunas preguntas vinculadas con los resultados que el GIEI presentó como parte de la investigación que realiza en México por estas desapariciones forzadas.

Durante la audiencia, el gobierno mexicano se comprometió a cumplir 10 acuerdos básicos que exigió el GIEI, entre ellos el de expulsar de la investigación a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO); que el tercer peritaje en el basurero de Cocula se realice conjuntamente con las y los expertos; se planifique una nueva investigación, y se establezca una nueva estrategia de búsqueda de los normalistas.

Al respecto, María Elena Guerrero observó: “Eso de que no dejan entrevistar a los militares… ¿a qué le temen? Si se supone que ya fueron 50 a declarar en la PGR, por qué no declarar con la CIDH. ¿A qué le tiene miedo el gobierno mexicano?”, expresó.

La mujer celebró la disposición del investigador peruano José Torero –que contribuyó en las investigaciones del GIEI para corroborar la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República–, para venir a México a participar en la realización de un tercer peritaje en Cocula.

La mujer insistió en que el Ejército sea investigado por el GIEI y que la búsqueda en vida de los normalistas apunte hacia los militares, toda vez que –recalcó– “sabemos que el narcotráfico opera en fosas, pero nosotros sabemos que participaron los cuatro niveles de gobierno; y si hubo presencia de militares, sabemos que hay cárceles clandestinas. ¿El Ejército a qué le tiene miedo? Que se deje investigar”, detalló.

Hilda Legideño Vargas, madre del desaparecido José Antonio Tizapa, expresó que confía plenamente en el GIEI y respalda sus acciones, pero principalmente se alegró de que se destacara en los compromisos el de buscar a los estudiantes con tecnología de punta.

“Es lo que más me importa, que los busquen vivos (…); la delincuencia organizada no se tienta el corazón, ellos cuando quieren matar en ese momento matan y ahí lo dejan, pero aquí hubo participación del Ejército; nosotros continuamos con la fe y con la esperanza de encontrar a nuestros hijos vivos”, sostuvo.

Y criticó que ya son seis peticiones que le hace el GIEI al gobierno mexicano para que le permita interrogar al 27 Batallón de Infantería sin lograr resultados.

“¿Qué esconde el Ejército? ¿Por qué no quieren que los interroguen o que revisen los cuarteles? No sabemos lo que quieren esconder”, increpó.

Hilda Legideño repudió que el gobierno les haya “cerrado sus puertas” al no informarles antes que a los medios de comunicación sobre algún posible hallazgo, pero se dijo satisfecha de que si hay un motivo por el cual quieran tener una reunión con el Ejecutivo federal se la van a exigir como un derecho, ya que eso fue otro de los compromisos que aceptó el Estado mexicano.

Por su parte, Blanca Luz Nava Vélez, madre del desaparecido Jorge Álvarez Nava, dijo que “ojalá el acuerdo que hicieron los expertos con el gobierno que se cumpla, es lo que queremos como madres, que cumplan lo que dice (el gobierno mexicano)”.

Blanca criticó que en una entrevista que dio a Televisa, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, se haya negado a que entrevisten a quien llamó “sus soldados”, ya que Enrique Peña Nieto –observó– tiene la facultad de pedir que se entreviste a los militares.

Natalia de la Cruz, madre del desaparecido Emiliano Alen de la Cruz, coincidió con las otras madres en que seguirán exigiendo que se entreviste a los soldados del 27 Batallón de Infantería, a fin de contar con más información para dar con el paradero de los estudiantes.

Precisó la necesidad de que se busque a los normalistas con vida en los cuarteles militares, y no en las fosas, como se hizo al principio.
 

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