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Urge plasmar en la ley la violencia política de género

Publicado por Naked snake el Miércoles, 18 noviembre 2015
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Por: Anayeli García Martínez/ Cimacnoticias |

Oaxaca.-Funcionarias, académicas y legisladoras consideraron necesaria una normatividad sobre violencia política de género, para que las mujeres compitan en condiciones de igualdad con los varones cuando aspiran a ocupar puestos de decisión.

Al concluir tres días de análisis en el seminario internacional “Violencia política contra las mujeres en América Latina”, que se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estudiosas y promotoras de la participación política femenina llamaron al Congreso de la Unión a tipificar las conductas que violentan a candidatas y funcionarias.

Al hacer un balance sobre las agresiones en la esfera política, las participantes señalaron que las candidatas y mujeres electas a cargos de poder viven actos de presión o exclusión, hostigamiento, amenazas, violencia psicológica y “simbólica”.

Ligia Blanco, directora del Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) en Guatemala, explicó que estos actos también tienen efectos emocionales porque causan fatiga, depresión, pérdida de interés o abandono de la política, que es la consecuencia directa de la recurrente violencia.

De acuerdo con un análisis que realizó la también consultora, la violencia política también tiene consecuencias en la calidad de la democracia, debido a la ausencia de ciudadanas que podrían contribuir al desarrollo y la democratización de las instituciones y la sociedad.

Para las expertas, cualquier mujer puede ser blanco de agresiones en el ámbito político, desde la canciller alemana, Ángela Merkel, la ex secretaria de Estado de Estados Unidos Condoleezza Rice, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, hasta la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, o una diputada o regidora.

Respecto a México, Paula Soto, directora de Participación Social y Política en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), explicó que no hay una legislación al respecto, y por tanto no se reconoce el flagelo a pesar de que en el Senado se han presentado cuatro iniciativas, una de las cuales se aprobó pero quedó “congelada” en la Cámara de Diputados.

Consideró además que las mujeres sufren violencia política desde el momento en que tienen que ser reconocidos sus derechos políticos en una ley.

Como ejemplo de los obstáculos para que las ciudadanas ejerzan cargos, Soto citó la Ley Electoral de Quintana Roo (QR), legislación aprobada por el Congreso del estado apenas este martes 10 de noviembre y la cual evita que las mujeres tengan 50 por ciento de las candidaturas a las presidencias municipales.

De acuerdo con las participantes en el seminario, aunque en México existe la obligación de los partidos de postular a 50 por ciento de mujeres como candidatas a ocupar una senaduría o diputación federal, no habrá “piso parejo” de competencia entre mujeres y hombres hasta que no se reconozca, prevenga y sancione la violencia política.

Pilar Tello, oficial de Programas de IDEA Internacional, institución especializada en procesos democráticos y asistencia electoral, señaló que hay quienes argumentan que los partidos son “instituciones privadas”, por tanto desde el Estado no se les puede obligar a ciertas acciones pese a que actúan en el espacio público y son de interés público.

La experta expuso que debe haber más incidencia en las agrupaciones políticas por ser instituciones que tienen en sus manos las cartas del juego político y democrático, ya que dominan la postulación de las candidaturas, defienden quiénes estarán en las listas electorales y promueven u obstaculizan perfiles de militantes.

A ello agregó que se debe considerar que los partidos tienen “dinámicas masculinas” que mantienen y perpetúan la violencia de género, y de ahí las manifestaciones frecuentes de estereotipos de género, cuestionamiento a las capacidades de las mujeres, y descalificaciones a sus propuestas y opiniones.

Por tanto destacó que se pueden tomar acciones frente a la violencia: a nivel partidario, jornadas de capacitación, espacios de diálogo para reconocer y neutralizar la violencia, alianzas entre mujeres, buscar aliados políticos varones; y a nivel normativo, promover la implementación de normas orientadas a evitar la discriminación y sancionar esta violencia en los estatutos partidistas.

Por su parte, representantes de los partidos políticos reconocieron que, a pesar de que se están tomando acciones, la violencia política de género en su interior es una realidad que aún persiste.

Claudia Castello Rebollar, secretaria de Equidad de Género del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mencionó que en septiembre pasado el congreso nacional del sol azteca aprobó modificaciones a sus estatutos, para que por regla haya también más mujeres en las estructuras organizativas.

Así, el acuerdo en el PRD fue garantizar la paridad “vertical” y “horizontal” en órganos, comisiones y candidaturas, además de que se aprobó que de las cinco circunscripciones electorales en que se divide el país, tres no podrán ser encabezadas por un mismo sexo (mujer u hombre).

Sin embargo al ser cuestionada sobre acciones específicas contra la violencia política, Castello reconoció que hay casos como la ley aprobada en QR o el de Rubén Escamilla, un militante perredista que al buscar una diputación local acosó sexualmente a una mujer para darle una plaza laboral.

En tanto que Diva Gastélum, dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, señaló que no se puede mentir y decir que no existen las agresiones, pero acotó que, por obligación, su partido está tomando acciones como la capacitación para fomentar liderazgos femeninos.

Según dijo la también senadora, sería mejor que la capacitación y reeducación fuera para los varones, pues son ellos quienes violentan a las mujeres, en especial con campañas de difamación, al cuestionarlas sobre sus capacidades y conocimientos.

También al ser interrogada sobre casos específicos, como lo sucedido con el ex líder priista en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de tener una red de prostitución, dijo que no se tolerará ninguna agresión.

Ambas militantes señalaron que es importante una legislación que contemple la violencia política por razones de género, idea a la que se sumó Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República, que incluso presentó un modelo de ley.

El fiscal señaló que los datos actualizados indican que la FEPADE ha recibido 40 denuncias de violencia política de género.

Entre ellas, citó tres casos que ocurrieron en 2015: el asesinato de la precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, la perredista Aidé Nava González; la golpiza a la candidata a la alcaldía de Reforma, Chiapas, la panista Yesenia Alamilla Vicente; y la agresión sexual y física a la consejera electoral Lorena Nava Cervantes en Oaxaca.

Santiago Nieto se pronunció por una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para estipular la violencia política de género.

 

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