| | Oaxaca de Juárez |
Miércoles 24 de abril, 2024.
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Oaxaca.-Organismos civiles y de defensores de derechos humanos, denunciaron la campaña permanente de perscusión y hostigamiento a través de descalificaciones en medios de comunicación de dirigentes y pobladores que se han opuesto al despojo de su territorio por parte de la empresa transnacional Eólica del Sur.
En confewrencia de prensa, se dio a conocer el sigueinte comunicado:
Los pueblos binnizá e Ikoots, en resistencia a los proyectos de producción de energía eléctrica que se han instalado y pretenden una mayor ocupación del territorio en el Istmo de Tehuantepec, así como organizaciones de la sociedad civil estatales y nacionales, denunciamos que a partir de la obtención el pasado 11 de diciembre de 2015, de la suspensión definitiva de los permisos administrativos que amparan el proyecto Eólica del Sur en Juchitán, oaxaca se ha exacerbado la campaña de linchamiento mediático, criminalización y persecución.
La suspensión otorgada por el juez Séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, confirma que ha existido violación a los derechos humanos de nuestros pueblos por parte del Estado mexicano y de las empresas transnacionales, al haber realizado una simulación de procesos de Consulta Previa, Libre e Informada, con la que trataron de validar un proyecto eólico más en una región que cuenta ya con 24 mega parques eólicos, que están ocasionando fuertes impactos en la naturaleza, el medio urbano y la fragmentación del tejido social de las comunidades, al provocar enfrentamientos entre los que están a favor y en contra del proyecto.
La población en general, las y los principales voceros y representantes de las organizaciones han sido atacadas/os durante las últimas semanas en la radio y medios de prensa local, calificándolos de “extorsionadores profesionales” 1 y culpándolos del rezago económico en el que se encuentra la región del Istmo.
El parque de Eólica del Sur aspiraba a ser el 15º parque construido en tierras comunales de Juchitán y el número 25 en la región del Istmo, las inversiones y beneficios recibidos en el Istmo por los 24 parques anteriores han sido mínimos y las compromisos realizados por Eólica del Sur, en la simulación de consulta, correspondían a promesas endebles, cuyos beneficios no se reflejaban en la población total, sino que se concentraban en los posesionarios de las tierras y los sindicatos de constructores que ya tenían acuerdos establecidos con la empresa.
Cabe destacar que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDHM) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) documentamos que el 38% de las defensoras agresidas en 2014 fueron quienes defienden el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales y que el 46% de las defensoras agredidas viven en zonas rurales lo que impide u obstaculiza el acceso a los sistemas de justicia.
Por otra parte, denunciamos las acciones de presión política que han buscado debilitar la labor del Juez Séptimo y que atentan contra la independencia judicial. No descartamos que producto de dichas presiones y por los grandes intereses económicos de la empresa y el Gobierno, es que el Juez titular Isaías Corona Coronado haya salido de solicitar “licencia” y que en su lugar el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) designara a un nuevo Juzgador de nombre Carlos Alberto Osogobio Barón2, sin que se nos haya brindado mayor razón.
A pesar de estas difíciles circunstancias, las comunidades y organizaciones seguirán difundiendo ampliamente los efectos de la suspensión definitiva contra el proyecto de Eólica del Sur, así como las violaciones sistemáticas a derechos humanos que se han producido por la incorrecta y masiva implementación de parques eólicos en Juchitán.
“Las comunidades no nos oponemos al progreso y al desarrollo, pero exigimos se haga con el debido respeto a nuestra autodeterminación, nuestras formas de vida y al estado de derecho; y que el gobierno garantice que se hará un verdadero ejercicio del derecho a la Consulta y consentimiento, previo, libre e informado, con buena fe y culturalmente adecuada, como lo establece el mandato internacional al que está obligado el Estado mexicano”.
Los pueblos binnizá e ikoots continuaremos firmes en la denuncia del cualquier megaproyecto de desarrollo en territorio indígena que no respete nuestra autodeterminación y los derechos humanos de las comunidades afectadas.
En este contexto, junto a las organizaciones civiles que nos acompañan hacemos un llamado urgente y necesario a las autoridades del Estado mexicano, en sus distintos niveles, para que:
Garantía para que las y los defenpuedan desempeñar su labor en condiciones de seguridad, libertad e igualdad.
Cesen los actos de persecución y criminalización de los defensores ambientales y de derechos humanos, particularmente en la región del Istmo.
Aplique medidas efectivas para garantizar nuestra integridad, seguridad y libre ejercicio como defensores/as de derechos humanso.
Investigue y sancione a quienes incurran en actos de intimidación y/o violencia contra nuestros pueblos.
Vele porque se asegure un acceso efectivo a la justicia y se preserve la independencia judicial durante todo el proceso.
2 Oficio DEADS/188/2016, publicado por el CJF: http://sise.cjf.gob.mx/SiseInternet/Actuaria/VerAcuerdo.aspx?listaAcOrd=65&listaCatOrg=282&listaNeun=17817771&listaAsuId=1&listaExped=454/2015&listaFAuto=15/02/2016&listaFPublicacion=16/02/2016
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