Nerea García Llorente/ Feminicidio.net España, Madrid - El Tribunal Mayor de Riesgos de Guatemala dicta una resolución histórica en la que condena a dos militares a prisión por delitos de desaparición forzada, deberes contra la humanidad y asesinatos. La resolución  reconoce que mujeres de la etnia Q´eqchi fueron asesinadas, violadas y torturadas para pulverizar el tejido comunitario, en la base militar de Sepur Zarco, entre 1982 y 1983. Es el primer juicio por esclavitud sexual, durante el conflicto armado, en el país centroamericano, y también la primera vez que se juzgan estos delitos sexuales en el territorio en que se cometieron y no en tribunales internacionales. La violencia sexual es un arma de guerra usada también durante los 36 años del conflicto armado interno que tuvo lugar en Guatemala. La violencia sexual constituyó una práctica generalizada, masiva y sistemática que realizaban los hombres, tanto los agentes del Estado como del bloque contrainsurgente. Fue utilizada como un instrumento de guerra y herramienta para generar terror, vulnerando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Los datos son opacos. La Comisión de Esclarecimiento Histórico ha reconocido que “las cifras de violación sexual, muestran un subregistro en relación a otras violaciones de derechos humanos”, si bien está claro que estuvo dirigida en un 99% contra mujeres, siendo indígenas la gran mayoría de ellas (80%). No se han esclarecido los casos. Según los informes de memoria histórica, se estima que 30.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual, de los que se han registrado 1.465 hechos de violación sexual y documentado 285 casos. En 1996, el Acuerdo de Paz Firme y Duradera puso fin a la guerra, pero no a la violencia estructural derivada de la pobreza, las desigualdades, el racismo y el patriarcado. La impunidad y la violencia contra las mujeres, especialmente las indigenas, siguen siendo dos características del Estado guatemalteco.   ROMPER EL SILENCIO Y BUSCAR JUSTICIA EN COMUNIDAD: EL TRIBUNAL DE CONCIENCIA La violencia sexual y otras atrocidades se dieron en todo el territorio nacional, también en torno al destacamento de Sepur Zarco. Las mujeres q’eqchi’ de esta comunidad caribeña han decidido romper el silencio y buscar justicia. Y lo han hecho en comunidad, apoyándose unas mujeres a otras en un ejemplo de sororidad y valentía descomunales. Necesitaban ser escuchadas, que se reconociera su historia, y buscan insaciablemente reparación y garantías de no repetición. Para ello se organizaron y participaron en el Tribunal de Conciencia Contra la Violencia Sexual hacia las Mujeres durante el conflicto armado, creado en marzo de 2010, donde varias víctimas relataron los abusos sufridos. Este tribunal es un medio alternativo de justicia, que pretende la justicia simbólica y social como medio para dignificar y romper el silencio. Su objetivo fundamental es denunciar y concientizar al Estado y a la sociedad de la situación de violencia sexual y otras discriminaciones sufridas por las mujeres. Con este organismo se ha reflexionado, fortalecido e incidido en la necesidad de potenciar mecanismos de denuncia, implementación y prevención de las violaciones a los derechos humanos contra las mujeres. El Tribunal de Conciencia es una acción mediática, con capacidad de incidir políticamente y es un espacio para recoger testimonios y emitir recomendaciones. En sus consideraciones hacen responsable al Estado, por participación directa, por omisión y por prolongación de la impunidad de estas violaciones del derecho internacional humanitario.  En este Tribunal de Conciencia se han abordado distintos casos en distintas comunidades, y puede que otras mujeres, como las de Rabinal, continúen la lucha ante la administración de justicia formal y encuentren en esta resolución un arma potente de acompañamiento. Todo el proceso se ha realizado cuidando a las mujeres de la comunidad y tejiendo plataformas de apoyo. Una de las uniones mas potentes fue la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad, que en septiembre de 2011 presentó una querella penal por el caso de Sepur Zarco ante la Fiscalía de Izabal. La alianza estaba formada por la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), Mujeres Transformando el Mundo y el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial.   CONDENAS HISTÓRICAS POR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Acompañadas por su comunidad y el equipo psicosocial, en 2012 15 mujeres y cuatro hombres que sobrevivieron prestaron declaración judicial, lo que permitió detener a dos militares en el 2014 y comenzar el proceso de investigación judicial. Estas declaraciones se han repetido en los 20 días que ha durado el juicio durante 2016. Las mujeres han relatado como hacían turno cada tres días para cocinar y lavar uniformes militares, siendo violadas en repetidas ocasiones, de forma individual y colectiva. Algunas fueron inyectadas y obligadas a tomar medicinas para evitar embarazos de los soldados. Los testimonios exponen con dolor el horror vivido. Para el teniente coronel retirado Esteelmen Francisco Reyes Girón  la Fiscalia pedía una condena de 1290 años (360 años de prisión por esclavitud sexual; por esclavitud doméstica, otros 360; por violencia sexual, 360; por delitos humillantes y degradantes, 60, y 150 por el asesinato en agravio de una mujer y dos niñas). Ha sido condenado por los delitos de deberes contra la humanidad en su forma de violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica en contra de 11 mujeres y por el asesinato de tres mujeres, así como tratos crueles contra dos mujeres a una pena de 120 años de prisión. El excomisionado (colaborador civil) del Ejército Heriberto Valdéz Asij ha sido juzgado por desaparición forzada de seis hombres y delito de deberes contra la humanidad, en su forma de violencia sexual contra una mujer. Se le impone una pena de 240 años de prisión, de los 340 inicialmente solicitados por la Fiscalía. Una las juezas ponentes de esta sentencia, Yassmin Barrios, juzgó a Ríos Montt con anterioridad y considera que los condenados  hicieron con sus actos "un daño irreparable" a "toda una población". Las declaraciones de apoyo a este proceso han venido de múltiples sectores de la sociedad guatemalteca e internacional, entre ellas las premios Nobel de la Paz Rigoberta Menchú (1992) y Jody Williams(1997). La coordinadora del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, Valérie Julliand, ha manifestado que "la valentía admirable de las mujeres de Sepur Zarco quedará por siempre en la historia de Guatemala", de lo que se hace eco la prensa latina.  

Desde las Voces de las Mujeres: el camino hacia la justicia (UNAMG Guatemala)