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Sábado 20 de abril, 2024.
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La difusión de un video en redes sociales donde se observa a elementos militares y de la Policía Federal que asfixian y amenazan a una mujer –hecho ocurrido el 4 de febrero de 2015 en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, estado de Guerrero– demuestra la nula erradicación de la tortura como medida para obtener información, y que en el caso de las mexicanas tiene graves repercusiones físicas y emocionales, además del estigma social que conlleva.
El caso también cobra relevancia por haber ocurrido en una entidad donde los soldados han sido señalados de múltiples abusos, como la tortura sexual en 2002 contra las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández; o la desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla en 1974.
Ambos casos le valieron al Estado mexicano sendas condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
En Guerrero también ocurrió la tortura y detención arbitraria contra los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel en 1999; y más recientemente, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, donde presuntamente participaron militares.
INVESTIGACIÓN AMBIGUA
En un comunicado, Amnistía Internacional-México (AI) acusó que el video difundido pone al descubierto las técnicas de investigación de las fuerzas de seguridad en el país. “La actuación de las fuerzas de seguridad en el video muestra como la tortura se usa para obtener ‛confesiones‛ y testimonios que sirven de prueba para enjuiciar a personas que podrían estar o no implicadas en un delito”, afirmó.
Ya desde mayo de 2015, Juan E. Méndez, relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, concluyó que en México la tortura es “generalizada”.
Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI-México, urgió a poner fin al papel de las fuerzas armadas en el desempeño de funciones policiales que incluyen detenciones, investigaciones e interrogatorios para las que carecen de adiestramiento o de las que no rinden cuentas.
En reacción a la difusión del video, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó hoy en un boletín que el hecho ocurrió el año pasado y que casi nueve meses después, el 10 de diciembre de 2015, se enteró de lo sucedido, por lo que dio vista al Ministerio Público Militar, que integró la averiguación previa correspondiente.
Asimismo, la Sedena señaló que el pasado 4 de enero dio vista a la Procuraduría General de la República (PGR) para que en el ámbito de su competencia determine la responsabilidad “en cuanto a las afectaciones a la civil”.
Agregó que al siguiente día, 5 de enero, la Procuraduría General de Justicia Militar cumplimentó la orden de aprehensión a un capitán y a una soldado de la Policía Militar, como presuntos responsables del delito de “desobediencia”.
Además, el 11 de enero se les dictó auto de formal prisión a ambos, quienes se encuentran en una cárcel militar y están a disposición del Juez Quinto Militar, quien determinará la condena.
En contraste, la PGR –en un escueto comunicado– dijo que el pasado 7 de enero, a través de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, inició una averiguación previa al respecto.
La PGR informó que la investigación es para indagar la probable responsabilidad de elementos del Ejército, así como de un policía federal, quienes presumiblemente habrían participado en actos de tortura.
Sobre el tema, AI-México criticó que la reforma del fuero militar de 2014 no tuviera consecuencias en la forma de proceder de la Sedena ante la posible participación de sus soldados en violaciones a Derechos Humanos (DH), al considerar que al momento de conocer los hechos debió remitir el caso a la PGR.
Para AI también llamó la atención que Sedena investigara a dos soldados por el delito de “desobediencia”, cuando los indicios muestran que se trató de tortura, un delito considerado como una violación a los DH.
Y es que el caso –según reportó la Sedena– está siendo juzgado en un tribunal militar, pese a que en junio de 2014 se publicó la reforma al Código de Justicia Militar impulsada por grupos civiles, y con la que se acotó la jurisdicción castrense en casos de violaciones a las garantías fundamentales, a fin de que se resolvieran en el fuero civil y así evitar la impunidad, como ocurrió en su momento en los casos de las indígenas Inés y Valentina.
TORTURA CONTRA MUJERES
Cabe recordar que ante la impunidad en los casos de tortura en México, en mayo de 2014 activistas lanzaron la campaña “Todas Juntas contra la Tortura Sexual”, que agrupa a mujeres que vivieron hechos similares.
En la campaña participan –entre otras– 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual durante los hechos violentos ocurridos en 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México. Ellas mantienen una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual eventualmente pudiera derivar en una sentencia más de la CoIDH contra el Estado mexicano.
En su comunicado, AI recordó que el Senado está debatiendo un proyecto de ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros malos tratos, la cual podría ser un primer paso para revertir la situación de impunidad.
En el debate de esa ley, diversas organizaciones y mujeres sobrevivientes de tortura sexual por parte de militares o policías, piden que la norma tenga perspectiva de género y considere las diferencias entre víctimas mujeres y varones.
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