PRI y PVEM evitan que Ley de Transparencia les impida robar a la Nación

Ciudad de México.- Con el voto en contra del PRI y el PVEM para que funcionarios públicos  asi como legisladores de ambasa Cámaras, no hagan  pública su declaración patrimonial y los partidos queden fuera de la rendición de cuentas, este martes fue aprobada  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública por el Congreso federal. [caption id="attachment_55093" align="alignright" width="300"] La coalición Por la Transformación de Oaxaca, registro a sus candidato a diputados locales[/caption] De esta forma los dos partidos más señalados por sus actos de corrupción evitaron que la inciativa ciudadana 3X3  adquiriera un efecto constitucional que evitara que  la calse política siga  enriqueciéndse ílictamente de los recursos públicos. Durante la presentación del documento se aprobó en votación económica un adendum en el artículo cuarto transitorio, luego se avaló en lo general con 383 votos a favor, uno en contra y 32 abstenciones.   Durante la discusión de las reservas se aprobaron varios cambios del documento, que fue aprobado al final por 396 votos a favor, cero en contra y 34 abstenciones y regresado a la cámara de origen.   La nueva ley tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.   Asimismo, de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.   En este sentido, el proyecto de ley establece los mecanismos necesarios, en el ámbito federal, para garantizar de forma efectiva los objetivos de las disposiciones constitucionales y generales.   Favorece el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados, promueve una cultura de transparencia y acceso a la información pública e incentiva la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.   Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Trasparencia y Anticorrupción, Rogerio Castro Vázquez (Morena), recordó que en febrero de 2014 se aprobó la reforma constitucional en la materia, en la que se sentaron las bases mínimas para la transparencia y el acceso a la información.   Este día, con la expedición de la nueva ley, se cierra una etapa para continuar con otras, con el fin de completar este sistema nacional de transparencia.   A nombre de la comisión y de los coordinadores de los grupos de trabajo, el diputado Castro Vázquez presentó un agregado al dictamen para que en el transitorio cuarto se incluya una modificación.   Se plantea que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INA) deberá aprobar en un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor, los correspondientes lineamientos que regularán la forma, términos y plazos en el que los sujetos obligados del ámbito federal deberán cumplirlas.   Posteriormente, los grupos parlamentarios fijaron su posición a través de los diputados José Alfredo Ferreiro Velazco (PES), Luis Alfredo Valles Mendoza (NA), José Clemente Castañeda Hoeflich (MC), Ernestina Godoy Ramos (Morena), Sharon María Teresa Cuenca Ayala (PVEM), Omar Ortega Álvarez (PRD), Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (PAN) y Edgar Romo García (PRI).   Todos ellos expresaron su apoyo al dictamen en lo general, peo los legisladores de MC y Morena adelantaron que presentarán reservas para su discusión en lo particular.   A favor hablaron: Alejandro González Murillo (PES), Francisco Javier Pinto Torres (NA), María Candelaria Ochoa Ávalos (MC), Jorgina Gaxiola Lezama (PVEM), Francisco Xavier Nava Palacios (PRD), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (PAN) y Pedro Luis Noble Monterrubio (PRI)   En contra lo hicieron Manuel Jesús Clouthier Carrillo (independiente) y Mario Ariel Juárez Rodríguez (Morena).   Posteriormente se produjo la votación y el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Zambrano Grijalva, decretó un receso de 15 minutos para ordenar la discusión de las reservas que se presentaron, el cual se prolongó por unas dos horas.   Durante la discusión de las reservas se aprobaron varias modificaciones, como los cambios planeados por separado por los diputados María Candelaria Ochoa Ávalos (MC) y Rafael Hernández Soriano (PRD), respecto a eliminar el segundo párrafo del artículo 23.   Posteriormente, Candelaria Ochoa planteo una precisión para ese artículo y quedó de la siguiente manera: Los trabajadores de confianza del Instituto quedarán sujetos al régimen establecido en la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución.   Se aceptaron los cambios planteados, por separado, de los diputados Germán Ernesto Ralis Cumplido (MC) y Norma Xóchitl Hernández Colín (Morena) respecto a que en los artículos 174, fracción II; y, 202, párrafo primero de la ley, se corrija el concepto “Salario Mínimo” por “Unidad de Medida y Actualización (UMA)”, dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”.   La diputada Mirza Flores Gómez (MC) modificó el artículo Tercero Transitorio, en los siguientes términos: “Los sujetos obligados correspondientes deberán tramitar, expedir o modificar su normatividad interna a más tardar dentro de los primeros 12 meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.   La diputada Blanca Margarita Cuata Domíguez (Morena) propuso, y fue avalado, modificar el artículo 24, con el fin de incluir a la Cámara de Diputados en el informe anual que el Instituto rendirá en la segunda quincena del mes de enero, que en principio sólo consideraba al Senado de la República.   A propuesta del diputado Renato Josafat Molina Arias (Morena) en los artículos 28, 52 y 55 se colocó el término Ciudad de México en lugar de Distrito Federal, para no entorpecer trámites legales en el futuro.   La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (Morena) planteó cambiar el primer párrafo del artículo 91 para que el sujeto obligado deba enviar al Instituto un informe justificado respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días siguientes a la notificación anterior, y no en cinco, como lo establecía el dictamen.   La diputada Maricela Contreras Julián (PRD) propuso adicionar una fracción al artículo 99 para dotar al INAI con la facultad de desclasificar la información ubicada como reservada cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad.   El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) propuso modificaciones a los párrafos segundo y último del artículo 46, sobre las razones que deberán presentar los comisionados para excusarse de conocer asuntos por los impedimentos señalados en este artículo.